Por falta de rigor, se han atribuido a la reforma política de la ciudad de México virtudes que no tiene. La capital no tendrá mayores ingresos. En el texto constitucional federal no se estableció el derecho a un fondo de capitalidad, mientras que la ciudad ya recibe el resto de los fondos federales (excepto los destinados a la educación, que no administra) y forma parte del sistema de coordinación fiscal. Tampoco tendrá autonomía para decidir sobre su endeudamiento.

 

Se decía que era para no perder el respaldo nacional de sus empréstitos, pero la nueva ley de deuda para las entidades federativas lo permitiría. Las delegaciones no tendrán mayores atribuciones ni fiscales, ni de ningún otro tipo, en virtud de la reforma, de hecho se establece la unidad de la hacienda pública capitalina. Se dice que se fortalecerá a las delegaciones en la constitución que se elaborará en la ciudad, es posible, pero dentro de los límites que ya se establecen en la constitución nacional. De hecho buena parte de dichos cambios se podrían hacer con el marco legal actual.

 

Existen aspectos positivos, por supuesto, los cabildos en las alcaldías (que no serán municipios) y la posibilidad de legislar en el ámbito local en temas como procuración de justicia y responsabilidad de servidores públicos. Con todo, la reforma sería aceptable si no mandatara a un constituyente en el que el 40% no será electo por los capitalinos. Eso, además de ser un serio retroceso de las instituciones democráticas, prácticamente evita que la nueva constitución refleje el pensamiento progresista de la mayoría de los habitantes de ciudad de México.

 

Seis constituyentes serán designados por el presidente de la República y otros seis por el Jefe de Gobierno. Ambos mandatarios no tendrán que seguir criterio alguno. Los designados no tienen que ser capitalinos, tampoco se debe asegurar el balance de género. Francamente es necesario remitirse a la constitución chilena posterior a Pinochet para encontrar una violación al derecho a la representación de esta naturaleza.

 

Las leyes las escribirán quienes no fueron electos e incluso personas que no necesariamente son ciudadanos de la unidad política donde regirá la constitución. Catorce constituyentes más serán senadores de la República y otros catorce diputados federales. No existen catorce senadores que provengan de la ciudad de México, además de que en ambas cámaras los legisladores que fuimos electos en la capital formamos parte de fracciones mayoritarias. Si el criterio para elegir a los constituyentes en la Cámara de diputados es el peso relativo de cada partido, prácticamente ninguno de los que ganamos un distrito en la capital vamos a participar, ya que la enorme mayoría somos de MORENA o del PRD. Es decir, los legisladores federales que participarán en el constituyente, ni conocerán los problemas de la ciudad, ni comparten las posiciones ideológicas de los capitalinos.

 

Si tomamos como referencia los resultados de las elecciones de 2015 y asumimos que los constituyentes designados por Peña Nieto serán priístas y los de Mancera perredistas (lo que no es obvio ya que se asegura que acordó nominar al líder de la fracción panista en la ALDF) 31 miembros de 100 del constituyente serán del PRI-PVEM y 16 del PAN. Lo anterior le otorga poder de veto al priísmo y prácticamente una mayoría de votos a los partidos de derecha o conservadores, si consideramos al PES y a Nueva Alianza.

 

El PRD que ganó el 21.5% de los votos en la elección anterior tendrá 24 constituyentes y Morena que tuvo el 25% de los sufragios, contará con solo 16 constituyentes. Es decir, la constitución será votada por una mayoría distinta a los partidos por los que votan los ciudadanos de la capital, por lo que parece poco probable que el resultado sea una legislación progresista.

 

PAN y PRI han sido enemigos confesos de los grandes logros progresistas de la ciudad. Acusaron al programa de pensión para adultos mayores de ser una política populista e irresponsable, que inevitablemente llevaría a la quiebra financiera de la capital. Se opusieron al programa de interrupción legal del embarazo, que ha permitido que cientos de miles de mujeres decidan sobre su cuerpo de manera segura. Son los partidos que no acompañaron el matrimonio igualitario, que garantiza la igualdad de los derechos civiles de las personas.

 

El constituyente designado puede ser el instrumento para imponer en la ciudad una idea de lo público distinta a las que tenemos los capitalinos, o al menos detener los avances. Es por eso que era justificado ceder el tema del constituyente designando debido a que representa un avance. Se trataba de concluir el proceso de autonomía de la ciudad y el resultado es mantener la tutela del presidente y del PRI con respecto a los derechos políticos de los capitalinos.

 



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