Un dato que pasó relativamente desapercibido fue la caída de 2.5% en términos reales de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta. Se trata de un resultado sorprendente a un año de haberse realizado una reforma fiscal que supuestamente se diseñó para hacer pagar más a los acaudalados.
En realidad, la reforma generó mayores ingresos públicos (aunque de solamente 0.8% en términos reales, cuando la economía creció 2%, es decir la reforma fiscal no recauda) pero debido a que se homologó el IVA en frontera, lo que redujo la evasión (la recaudación por IVA creció en casi 20%) y a los impuestos especiales (con un aumentos de casi 60%) para comida chatarra y refrescos.
Además, el año anterior, por primera vez en décadas, en lugar de subsidiar, se gravaron las gasolinas. Es decir, la reforma generó ingresos por impuestos indirectos, ligados al consumo y que por lo tanto se cobran igual a todos los contribuyentes. Al mismo tiempo, se redujo la carga fiscal sobre los tributos que tiene que ver con la renta y la riqueza, los que ayudan a redistribuir el ingreso. Como tampoco se reformó el gasto, para hacerlo más progresivo, pues su efecto sobre la desigualdad podría incluso ser adverso. La reforma tampoco sirvió para que el gasto público tuviera estabilidad. El recorte recientemente anunciado tendrá efectos adversos en empleo, en crecimiento, en programas sociales y en la capacidad de exploración de Pemex, es decir el gasto no servirá ni para generar crecimiento, ni para reducir la inequidad.
La causa de que no se incrementará la recaudación del ISR es un error técnico: El haber eliminado el Impuesto Empresarial a Tasa Única, conocido como IETU. Dicho impuesto obligaba a un pago mínimo, ligado a los flujos de efectivo, de las empresas y de las personas físicas. Los topes que se establecieron en la reforma fiscal para reducir las deducciones tuvieron que haber complementado con dicho tributo, que además ya había sido declarado como constitucional por la Corte. Se decía que el IETU obligaba a los contribuyentes a realizar una doble contabilidad, cuando en realidad solamente hacía necesario un doble cálculo de impuestos.
Lo que probablemente sucedió es que la mayoría de las personas físicas efectivamente tuvieron menores devoluciones de impuestos, por el tope a las deducciones, pero empresas y contribuyentes de altos ingresos, que pueden hacer planeación fiscal, fueron capaces de deducir más que antes, ya que se eliminaron los mínimos de pago que establecía el IETU.
Por otro lado, tampoco tuvieron efectos importantes en la recaudación las medidas que reducían, aunque no eliminaron, la consolidación fiscal, es decir, la compensación de pérdidas contra ganancias de un corporativo.
Es muy probable que la reforma fiscal haya sido un factor para reducir el ritmo de crecimiento del país el año anterior, ya que en general se señala al débil mercado interno como la causa del estancamiento. Incluso la economía estadounidense y por lo tanto, las exportaciones mostraron mayor dinamismo. La reducción del consumo, generada por el IVA y los IEPS, no fue compensada por una mayor inversión pública, en proyectos que impulsen el crecimiento. El gasto creció 8.4%, pero el gasto corriente creció 9.9% y 5.7% en términos reales, mientras que el de capital creció solamente 2.5% nominal, es decir cayó 1.5% descontando la inflación.
La reforma fiscal no fue acompañada, como ahora lo ofrece el gobierno federal, por una reforma al gasto público que lo hiciera más eficiente y baso en los resultados de cada programa de gasto. Lo poco que se recaudó de manera adicional no se gastó mejor, por eso no tuvo impacto en crecimiento y seguramente tampoco en la mejor distribución del ingreso.
Por otro lado, la deuda pública neta creció en casi 17%, es decir nos endeudamos, pero no financiamos proyectos de inversión que detonaran la economía y que sirvieran a las próximas generaciones. La reforma fiscal no hizo a las finanzas públicas nacionales menos dependientes del petróleo, tampoco contempló impuestos que gravan a los más ricos, como una sobretasa a los dividendos no reinvertidos o a las grandes herencias.
Sigue pendiente una estrategia nacional para cobrar con eficiencia el impuesto predial (México es uno de los países del mundo que menos recauda por ese concepto) e incorporar a las entidades federativas a las tareas de recaudación. Como resultado el panorama de corto y mediano plazo de las finanzas públicas, las nacionales y las de los estados, no es alentador.
Ahora con el problema de que nuestra relación deuda/PIB ya no permite grandes margen para tomar deuda adicional. Pronto tendremos nuevos debates tributarios. Los conservadores insistirán en homologar el IVA a 16%, no reconocerán que la carga tributaria de los últimos años fue precisamente pagada por todos, no por los más ricos, por medio de mayores impuestos al consumo.
Será necesario volver a poner sobre la mesa la necesidad de que sean los grandes contribuyentes lo que incrementen su contribución a la sociedad, ya que siguen gozando de enormes facilidades fiscales. Se requiere también replantear el gasto, no para reducir su monto, pero sí su naturaleza y destino. Urge una reforma fiscal integral y que ahora sí sirva.