En las últimas semanas del año pasado, en plena crisis de la administración Peña Nieto por la tragedia de Ayotzinapa, los gobernadores priístas determinaron aprovechar una reunión oficial para comer en privado con el presidente de la República y extenderle una propuesta de apoyo que en realidad disfrazaba un juego de pulsos entre Los Pinos y los poderes estatales. A juzgar por lo ocurrido, ganaron estos últimos.

 

La reunión, que fue presentada como un acto de solidaridad hacia el presidente Peña Nieto, con los códigos formales de la disciplina priísta, derivó pronto en una sucesión de frases entrecortadas, en discursos sin rumbo, hasta que quedó claro que los mandatarios estatales habían sostenido una comunicación previa entre ellos y pactado acuerdos. Pero en ese momento nadie tenía el aplomo para exponerlo de cara al mandatario federal, su jefe político.

 

Testigos presenciales dijeron a este espacio que los gobernadores de Veracruz,  Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, expusieron entonces un diagnóstico político para el PRI con vistas a las elecciones de este 2015, y la necesidad de contar con candidatos ganadores. Pero que frente una mirada presidencial de creciente impaciencia, César Duarte, de Chihuahua, tomó la palabra. Lo que dijo enseguida fue tomado por muchos de los presentes como la semilla de una rebelión dentro del PRI. Algunos gobernadores buscaron posteriormente tomar distancia de lo dicho por Duarte, en discretos coloquios con integrantes del primer círculo de Peña Nieto. Pero todo ya estaba consumado.

 

Lo que César Duarte pidió fue que el PRI nacional y el propio presidente Peña Nieto sacaran las manos del proceso de selección de candidatos a diputados federales e incluso de los aspirantes a gobernadores, en aquellas entidades actualmente gobernadas por el Institucional. Esas determinaciones, estableció, debían quedar bajo control de los mandatarios estatales, los que a cambio garantizarían triunfos suficientes para ratificar e incluso ampliar el peso político del PRI en gubernaturas y en San Lázaro. En los hechos, seguir operando como cuando la Presidencia de la República estuvo en manos del PAN. Un periodo en el cual los gobernadores priístas cobraron más poder que nunca, hasta ser considerados virreyes en sus regiones.

 

A partir de esa reunión, celebrada en noviembre, lo ocurrido en materia electoral se ha acercado a la exigencia de los gobernadores priístas y alejado radicalmente de los tiempos en los que no se movía una hoja en el árbol institucional del país si antes no lo autorizaba el ocupante de la casa presidencial.

 

Los gobernadores priístas han dictado al PRI y a la administración Peña Nieto los nombres de sus candidatos a diputados federales, locales, los principales alcaldes y aun del aspirante a la gubernatura respectiva. Así ha ocurrido incluso en San Luis Potosí, donde el tricolor Fernando Toranzo tiene muy bajos niveles de aceptación ciudadana y las encuestas anticipan una derrota del partido en el gobierno. Aun así, Toranzo se decantó en favor de uno de sus colaboradores, Juan Manuel Carrera López, quien se desempeñaba como secretario de Educación.

 

En aquellos estados en donde el PRI no gobierna ahora, la definición de candidaturas fue entregada igualmente al juego de los grupos priístas con poder regional.

 

La jerarquía del PRI, con el presidente Peña Nieto a la cabeza, ha dado interpretaciones pragmáticas sobre este proceso, explicando que lo prioritario es contar con una bancada en Diputados en número suficiente para proteger y ampliar las reformas impulsadas por Los Pinos. Y está dejando en claro que toma nota de los excesos en los que los gobernadores priístas están incurriendo, y la voluntad de reaccionar en correspondencia.

 

Tras aquella encerrona en donde César Duarte soltó el desafío de los gobernadores, el mandatario de Chihuahua está en el centro de revelaciones sobre negocios personales cuyo detalle y profundidad ha exhibido con rigor el aguerrido senador panista por aquella entidad Javier Corral.

 

José Calzada, gobernador de Querétaro, juzgó pertinente que para sacar adelante a su candidato a la gubernatura, Roberto Loyola, debía antes no sólo desplazar sino aplastar, incluso en su vida privada, al otro contendiente, Tonathiú Salinas, quien se desempeñaba como presidente estatal del PRI. Rudeza innecesaria, se dijo en Los Pinos, donde se recuerda que Salinas fue representante de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en aquel estado.

 

El más reciente episodio de esta historia se vivió en torno al proceso de sucesión en Colima, entidad gobernada por el priísta Mario Anguiano, que durante meses impulsó como candidato a sucederlo al alcalde de la capital, Federico Rangel. Por motivos ajenos a la lógica abordada en esta entrega, Los Pinos decidió caminar en otro sentido, y el candidato es Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones, quien durante más de dos años tuvo  su cargo el espinoso sector de las telecomunicaciones. La decisión fue informada al gobernador Aguiano por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, en una conversación descrita como “muy rasposa”  por fuentes cercanas a los hechos.

 

Este proceso no se agota aún, ni por mucho. El camino de las candidaturas determinadas por los gobernadores y otros grupos de poder está dejando demasiados cadáveres políticos en el camino. Habrá que regresar al tema para dar cuenta de ello.

 

 

robertorock@lasillarota.com

 

 

 



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