Desde niño en México he escuchado denigrar a la policía. Mi papá, mamá, adultos que me rodeaban, sin problema alguno, se referían a los policías como ratas, ineptos, ignorantes y corruptos.
En el México de los años 70 me tocó varias veces estar presente en las discusiones donde mi papá, lograba escabullirse de una multa o, si tenía prisa, dar a los oficiales “pa' sus chescos”.
Mi papá se dedicaba al comercio y a finales de los 80 dejó la capital precisamente porque estaba cansado de que asaltaran su negocio incluso lo secuestraron "mientras estos ratas (los policías) no saben hacer su trabajo o de plano están de acuerdo con los delincuentes", dijo.
El problema de inseguridad fue creciendo hasta convertirse en lo que hemos visto en los últimos 15 años: Un problema nacional que ha puesto en jaque a gobiernos e imagen del país.
Los diagnósticos apuntan a una serie de problemas que generan estas condiciones: Subdesarrollo, desigualdad, falta de trabajos honestos bien remunerados, bajo nivel educativo y difícil acceso a la educación, debilidad institucional, corrupción y específicamente corrupción de la policía, entre otras causas más.
Por absurdo que parezca repetimos los diagnósticos como mantra pero el problema de la inseguridad en muchas entidades lejos de bajar, ha crecido; y al mismo tiempo también lo ha hecho la certeza de que algunos integrantes de la policía secuestran, extorsionan, matan o están coludidos con la delincuencia.
Mientras, en cada campaña electoral escuchamos más o menos las mismas frases "o corrupción o impunidad", "limpieza de las corporaciones policiales". Y precisamente para esa limpieza de la policía, hemos emprendido una gran campaña para incentivar el uso de los controles de confianza en nuestras corporaciones y someter a casi todos los integrantes a controles patrimoniales, exámenes toxicológicos y al polígrafo. Algunos estados incluso afirman haber aplicado el 100% de los controles, pero ¿tenemos a corporaciones policiacas más limpias? Aparentemente no.
Esto se debe a que seguimos pensando en resolver el problema con el uno a uno, como si el problema fuera sólo del individuo, sin considerar que un excelente elemento, honesto y comprometido, puesto en un ambiente corrupto tiene de dos: O se corrompe o es expulsado del grupo (incluso privándolo de la vida).
Imposible e injusto pensar que deberíamos despedir a todos y volver a empezar de cero; improbable creer que porque alguien haya pasado un control de confianza es intachable, ¿entonces?
Entonces debemos implementar aquellos cambios institucionales necesarios para prevenir o disuadir cualquier acto de corrupción e incentivar las buenas conductas.
Empecemos por pensar que un control de confianza no sustituye una buena selección y entrenamiento; veamos el caso de la Fuerza Civil de Nuevo León, más de 100 mil candidatos para contratar a menos de 5,000 integrantes. Con estos números es más probable que yo realmente elija a los mejores, a los más comprometidos y con vocación.
Esto se contrapone en muchas ocasiones, a lo que sucede en la realidad: Contrato al que puedo, no al que quiero.
Y ¿por qué la selección me lleva a tener los candidatos que puedo y no los que quiero? ¡Fácil! Porque si ofrezco sueldos bajos, ninguna prestación, horarios de trabajo de 24 horas (imposibles de cumplir en estado óptimo para cualquier persona), un trabajo de alta peligrosidad, condiciones laborales indignas e insuficientes para cumplir la labor, una pobre capacitación, violación a derechos laborales, desprestigio de gremio; sólo un porcentaje estará dispuesto a trabajar conmigo y otros lo harán simplemente porque no tienen otra opción.
Hasta que ser policía no sea un trabajo (que se realice por vocación), honorable, digno y una opción para el progreso personal y profesional que permita el sustento familiar, difícilmente tendremos la policía que queremos.
Lo anterior sólo son condiciones necesarias, pero no suficientes, es importante que esas características se sumen a los cambios institucionales que debemos implementar: sistemas de control interno autónomos e independientes en decisiones y presupuestos; fortalecer los sistemas de denuncia interna y externa; protocolos administrativos y de actuación claros y que se implementen consistentemente; cadenas de mando que rindan cuentas sobre uso de recursos y decisiones tomadas; transparencia y rendición de cuentas institucional en designación de recursos; puestos e información de incidencia delictiva; capacitación adecuada, pertinente y sustantiva a las funciones que cada uno de los integrantes de la corporación desempeña; implementación de supervisión externa por parte de ciudadanos honorables; un Ombudsman policial que proteja los derechos humanos de los policías; la reinstalación de los policías que se demuestra que no tienen motivo de suspensión; seguimiento a los policías que son dados de baja para que no se vayan hacia el lado de los delincuentes.
Muchos de estos cambios son viejos conocidos, están previstos en la ley, pero como en muchos casos sucede, quedan casi como mera invitación a quien los quiera implementar.
Y a pesar de que ya conocemos los cambios, hoy se discute una reforma policial que, como ninguna, puede modificar el control territorial y el uso legítimo de la fuerza por parte de nuestros gobernantes. En un ambiente de políticos inmaduros, por llamarlos de alguna manera, se piensa en llevar el control local policial de los municipios a los estados, con la esperanza de que los gobernadores no usen la policía para apoyar a los amigos y desproteger a los enemigos.
Se discute una reforma importante que se sustenta en la debilidad y corruptibilidad de las policías municipales, así como en la dificultad de la federación para fortalecer a estos aproximadamente 1,800 cuerpos policiacos[1], respecto a fortalecer 32 policías estatales; una reforma que puede tener bondades, así como debilidades; una reforma que nos afecta a todos y que debe ser discutida a detalle porque el riesgo que salga mal es grande. No sería la primera vez que se implementa un gran cambio institucional para el que no hay ni los recursos humanos y materiales, ni el marco institucional.
Algunas de las organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos y autoridades policiales, nos hemos reunido en una “Red por la Seguridad: Policías + Ciudadanos” con el fin de estudiar el proceso y solicitar al Poder Legislativo que, antes de aprobar fast-track algo, abra una consulta informada para llegar con la mejor propuesta posible que garantice mínimos indispensables para un fortalecimiento de la institución policial, sea esta a través de un Mando Único Estatal o no.
Tengo gran estima y cariño por la institución policial, porque la conozco y he tenido el honor de trabajar con ella fortaleciéndola en Cultura de la Legalidad. Me molestan las generalizaciones y el desprestigio del que cubrimos a ésta.
Me tardé 10 años para que gente cercana a mí entendiera por qué cada que damos una mordida somos corresponsables del problema y que antes de hablar mal de un policía debemos preguntarnos nosotros qué estamos haciendo.
México nos necesita a todos y por eso debemos proteger a los policías buenos y denunciar a los malos, impulsando e incentivando la Cultura de la Legalidad. Sólo así podremos generar ese cambio que requiere el país.
[1] No todos los municipios del país cuentan con policía.