Los derechos políticos se ubican dentro de la primera generación de Derechos Humanos, a diferencia de los derechos civiles, los políticos se caracterizan porque su titular no son todas las personas, sino que para tener su goce y ejercicio, se deben cumplir requisitos y tener una característica adicional, es decir, se debe ser ciudadano, lo cual implica contar con la nacionalidad mexicana y tener cumplidos 18 años y un modo honesto de vivir.

Atendiendo a la naturaleza de los Derechos políticos, como Derechos Humanos, los únicos titulares de derechos políticos reconocidos son los ciudadanos.

Sin embargo, los niños y niñas, que de conformidad con el ”Índice de los Derechos de la Niñez” corresponden a la etapa de vida de los 6 hasta los 11 años[1], son personas que si bien no cumplen los requisitos para ser titulares de derechos políticos, si son actores importantes en el contexto político y en la forma en que el gobierno estructura sus planes y programas.

Lo anterior en virtud de que los niños y niñas son un grupo de población que también tiene necesidades y exigencias que repercuten en su entorno y en su propio desarrollo, además, se debe considerar que el sistema jurídico mexicano protege el “interés superior del menor” que “deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones (…) adoptadas por las autoridades administrativas (…) al igual que todas las medidas de aplicación”[2].

En ese sentido, para que las necesidades de la niñez sean del conocimiento del gobierno, se han instituido paulatinamente espacios y mecanismos a partir de los cuales puedan tener participación política; ejemplos de ello son: el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, cuya décima edición se celebró este 2017 y el programa de niños talento que coordina el DIF de la Ciudad de México. También en la Ciudad contamos con la Comisión de Participación Infantil del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que ha sido impulsado por el Secretario Ejecutivo de dicho Sistema, el Lic. Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco con la participación de diversos servidores públicos, como el Secretario de Desarrollo Social, Dr. José Ramón Amieva Gálvez.

Cabe señalar que la importancia de los programas público como el descrito con anterioridad, radica en que estos son parte de las actividades emprendidas por el gobierno para brindar la educación cívica que ayude a formar una ciudadanía participativa, informada y consciente.

Flor de loto: Nuestra sociedad tiene el rostro y la mirada de nuestros niños.


[2] Tesis Aislada: 2a. CXLI/2016 (10a.). Décima época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo I. Pág. 792








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