El artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social señala los nueve indicadores sobre los cuales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) mide la pobreza en dos grandes rubros. El primero, el ingreso; y el segundo, una serie de carencias sociales en materia de rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a servicios básicos en la vivienda y, por último pero no menos importante, el grado de cohesión social.
A propósito del reciente informe de la CONEVAL de medición de la pobreza en el 2014 en México, no hay buenas noticias cuando de 2012 a 2014 el número de personas en pobreza es de 55.4 millones de mexicanos, con una diferencia de 2 millones entre 2012 y 2014.
Tanto el ingreso, como las carencias sociales señaladas, son objetivos nacionales previstos en la Carta magna, vistos desde el punto de vista de la seguridad nacional mexicana.
Por lo que se refiere al ingreso, este quizá puede ser considerado el principal responsable de la pobreza en la que no estamos bien. Por ejemplo, un informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que en 2012, el salario mínimo en México era de 101.3 dólares al mes, por arriba de República Dominicana con 97.2 dólares mensuales y por debajo de Bolivia con 153.6 Chile con 132.3 o Nicaragua con 191.2 dólares, respectivamente.
Respecto al segundo grupo, -el de las carencias sociales con 8 indicadores-, no toma por sorpresa el rezago educativo, cuando la reforma educativa de este sexenio no ha sido materializada del todo, en parte por la responsabilidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus métodos de presión sobre el gobierno de Oaxaca y del Federal, para acceder a sus peticiones que no se les examine a los docentes para subir de nivel.
Sobre los servicios de salud, seguridad social, alimentación, vivienda y cohesión social, es el indicador para afirmar que no son las políticas indicadas las que se implementan en estos rubros, cuando el 58.5% no tiene seguridad social, 23.4% sin acceso a la alimentación, 18.2% sin servicios de salud, 21.2% sin servicios básicos de vivienda. Aquí, interviene la responsabilidad de los dobernadores de las entidades federativas, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que los mayores desvíos de recursos se encuentran en los rubros presupuestales de salud, educación y seguridad.
Pero no sólo estos dos grandes rubros a los que la Ley se refiere son los de pobreza en el país y que serían considerados en los derechos de segunda generación. Para ampliar la evaluación y cambiar su denominación de evaluación de política social y llamarles políticas públicas, es menester incorporar a los instrumentos de medición, los derechos de tercera generación, que comprometerían los derechos de la autodeterminación, la identidad nacional y cultural, la paz, la justicia internacional, el uso a la informática, la información, el medio ambiente, la vida digna, entre otros.
Como ejemplos de esta necesidad, es que México ocupa el tercer lugar en ciberdelitos, sólo superado por China y Sudáfrica, y ha sido reprobado en derechos humanos o por organismos internacionales y cuestionado en métodos y procedimientos de acceso a la información, como el abuso para calificar como asunto de seguridad nacional algunos temas y así evitar su divulgación.
Si la ciudadanía pudiera ejercer a plenitud el derecho a la información y la clase política se comprometa con la aplicación del Estado de derecho, podría avanzarse mucho en el combate a la corrupción y a la impunidad, como principales factores de la existencia de una burocracia no profesional, politizada y sometida a márgenes de corrupción que generan escándalos como El Chapo, Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, Ostula, Casa Blanca, Grupo HIGA, OHL, Ronda Uno, los departamentos de José Murat, la corrupción de los Moreira, cuya clase política le apuesta al olvido y la impunidad.
Le comparto una impunidad en la historia. En un comunicado del 15 de marzo de 1813, el Inquisidor Fiscal, -Dr. Flores-, señala respecto a la muerte de Miguel Hidalgo y que el jueves se conmemoró el 204 aniversario de su fusilamiento, “que, a pesar de que pide perdón al Tribunal de las injurias que le hizo y de que intentó satisfacer a los cargos que se le hicieron, juzga el Fiscal que no resultan méritos bastantes para absolver su memoria y fama, ni tampoco para condenarlo”, el expediente fue archivado por la inquisición, por tanto, aun cuando se desiste de la causa formada en contra de Hidalgo, nótese que ni se le perdona, ni se le condena y por tanto, sigue vigente la excomunión hasta nuestros días, en virtud de que no hay un documento más reciente que lo haga nulo.
Sobre Miguel Hidalgo y Costilla, se sabe que era aficionado a las obras de teatro de Moliere y Racine, a los escritos de Voltaire, Diderot y Rousseau, leía y escribía italiano y latín y hablaba otomí, náhuatl y tarasco; tenía el sobrenombre de “El Zorro” por su astucia para contestar en las tertulias que se organizaban en casa de La Corregidora; se deleitaba con una taza de chocolate y un buen puro; vaya, tenía una vida propia con virtudes y defectos, aciertos y errores, actividades y pasatiempos, como cualquier otra persona lo tenemos.
Hidalgo tuvo 3 mujeres con las que procreó 5 hijos en total y cuenta aún con descendencia. Josefa Quintana, de quien se expresa como una mujer de "dulce mover de ojos" y con quien procrea 2 hijos; Manuela Ramos Pichardo, con quien tuvo 2 hijos: Agustina y Lino Mariano, a quien decía “No creas eso, Manuelita” en alusión a la existencia del infierno.
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