No es novedad que el narcotráfico se ha infiltrado, hasta el tuétano, en gobiernos municipales, gubernaturas y en diversos estamentos de la administración. Los pagos a jefes policiales, mandos militares, alcaldes y funcionarios antidrogas fue una constante en el pasado y hoy hay evidencias de que algunos presidentes municipales están coludidos con el crimen organizado.
Los presuntos nexos de 12 presidentes municipales de Guerrero y uno del Estado de México llevó al Comité Ejecutivo Nacional del PRD a pedir que estos se presenten ante la PGR tras las investigaciones de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que dejaron entrever que las corporaciones policiales de esas alcaldías tienen nexos con el crimen organizado.
Monte Alejandro Rubido, jefe de la CNS destapó la cloaca al revelar que los agentes de los 13 municipios “tienen relación con la banda delincuencial Guerreros Unidos”, acusada de haber desaparecido 43 estudiantes de la escuela Normal rural de Ayotzinapa.
La presión nacional e internacional por esta desaparición y ejecuciones extrajudiciales ha llevado al aparato estatal a movilizarse y ponerle el “parche” a la situación antes de que les estalle un escándalo en organismos humanitarios que tienen en la mira a México, avecinándose eventuales recomendaciones para que no visiten el territorio mexicano.
La Policía Federal y el Ejército asumirán –según Milenio- las tareas de seguridad pública de los municipios de Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pungarabato, Pilcaya, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala, en Guerrero, así como en Ixtapan de la Sal, Estado de México.
El PRD emitió "un resolutivo exhortando a alcaldes de Guerrero y Edomex" a que se presenten ante la Procuraduría General de la República para deslindarse de las acusaciones de que son objeto sus administraciones.
Los policías de los 13 municipios fueron trasladados a Tlaxcala a la sexta región militar en tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, revisa la licencia de las armas y la PGR realiza el peritaje para determinar si el armamento guarda relación con el crimen organizado, precisó Milenio.
Esto es apenas la punta del hilo de la madeja. Desde siempre se ha sospechado y sostenido que el crimen organizado paga millonarias sumas de dinero a las corporaciones policiales para que les den el “pitazo” (aviso) de operativos en marcha para jugarles la vuelta. Muchos comandantes de la Judicial Federal o de Zonas Militares erigieron grandes residencias y compraron ranchos y diversas propiedades con el boom del narcotráfico. Hoy hay mayor fiscalización y el margen de maniobra es menor, lo cual no significa que no fluya el dinero de la narcoactividad hacia estos malos funcionarios.
A petición del Estado mexicano se solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conceder medidas cautelares a las familias de los estudiantes desaparecidos. Ello con el fin de evitar represalias de parte del crimen organizado o malos elementos policiales que estarían involucrados en estos hechos ilícitos.
Por lo pronto ya se detuvo al director de Seguridad Pública de Ixtapan de la Sal, Efraín Pedroza Flores en el marco de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República. Se sospecha que tiene nexos con el crimen organizado. El tema trae demasiada cola y ya 101 policías fueron desarmados por las autoridades federales y son sujetos a investigaciones.
La imagen de México está por los suelos y el gobierno deberá rearticular su estrategia tanto en el manejo de su imagen como en la lucha contra el narcotráfico. Es pertinente una “purga” en diversos estamentos del gobierno y de las corporaciones policiales para determinar quienes forman parte de la delincuencia organizada.
En paralelo deberá investigarse el origen de los fondos que se utilizan en las campañas electorales para evitar la infiltración del narcortráfico que, a la postre, cobran esos cupos con flexibilidad en la seguridad. Los grandes retenes militares y policiales, instalados a lo largo y ancho del país no han logrado contener el alud de la droga que es movilizado por los grupos delincuenciales.
Desde siempre existió el narcotráfico y hubo acuerdos soterrados entre gobiernos estatales, alcaldes, comandantes policiales, pero desde el 2006 cambió el escenario y el acoso oficial desató una guerra sin cuartel entre los mafiosos que resisten a dejar uno de los negocios más rentables del mundo: el narcotráfico.
Hoy toca vigilar el accionar de las corporaciones policiales para que el país no se vaya al caos.