Aurelio Nuño, secretario de Educación y virtualmente un recién llegado a la política, ha mandado la señal de que él sí sabe cómo resolver el desafío de una disidencia magisterial que durante casi cuatro décadas ha acorralado a los gobiernos federal y estatales. Con ello se echó a la espalda una parte del capital político de la administración Peña Nieto, a unas horas de que la tercera parte del país acuda a una nueva cita con las urnas, el próximo domingo.

 

El resultado de tal apuesta de Nuño se reflejará no sólo en su viabilidad para competir por algún cargo de elección en el 2018, sino en la estabilidad del sector y de varias regiones del país, incluida la capital de la República.

 

Uno de los lados más débiles de la estrategia oficial parece ser el diseño del discurso del señor Nuño y, aunque menos, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Ambos echan mano todos los días de frases como “ninguna negociación”, “mano firme” o “plena aplicación de la ley”, que parecen extraídas de un catálogo de los años 60’s y 70’s.

 

Los problemas de una democracia moderna sólo se pueden resolver con más democracia. Un hombre de Estado no puede decir jamás que no negociará. El discurso de cero negociación sólo es concebible entre los violentos. Parece una absurda ironía  que los llamados a la negociación vengan ahora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

 

Por otra parte, a nadie escapa que hablar en México del imperio de la ley por parte de la autoridad suena un poco a humor negro. En todo caso, la reflexión inevitable es que seguramente habría objetivos más urgidos de experimentar la fuerza de la ley, como el crimen organizado o la corrupción gubernamental.

 

Otro flanco frágil del gobierno federal en esta dinámica son los gobiernos locales inscritos en la crisis magisterial, como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, incluso el de la ciudad de México, cuyos titulares exhiben debilidades tales que no se muestran urgidos de medir fuerzas ante un contrincante que los ha rebasado en ocasiones anteriores.

 

Nuño anunció el despido de algo más de 3,000 profesores que faltaron a dar clases más de tres días seguidos, dentro de un nuevo ciclo de protestas de la CNTE,  una facción que por años ha resistido no sólo ceses laborales, sino cárcel, golpes e incluso asesinatos. 

 

Hacia o desde la CNTE –o sus predecesores- han desfilado por décadas líderes magisteriales radicales, activistas políticos e incluso miembros de diversas guerrillas, desde los tiempos de los maestros rurales Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas en los 70’s –desde ahí viene el foco de alerta de la Normal de Ayotzinapa-, hasta expresiones mucho más recientes, como el EPR en Oaxaca y Guerrero.

 

Algunos de los “presos políticos” cuya liberación reclama la CNTE están en prisión por haber presuntamente participado en secuestros para allegar de fondos a organizaciones guerrilleras en Oaxaca, una entidad en la que no es difícil distinguir la presencia de maestros en cualquier tipo de movilización social, cualquiera que sea su origen y bandera.

 

La disidencia magisterial surgida hace 36 años, ha practicado una estrategia implacable consistente en movilizar, arrancar concesiones a la autoridad y seguir movilizada, con una cohesión interna basada en un régimen vertical de control sobre decenas de miles profesores con diversas motivaciones, desde luego económicas, pero también ideológicas.

 

Se antoja difícil por no decir ingenuo, calcular que la CNTE se doblegará y sus integrantes se irán a casa ante una decisión administrativa dictada en la ciudad de México para separar de su empleo a una parte minúscula de la membresía de la  agrupación.

 

El secretario Nuño no ha podido explicar cómo cobrarán vigencia esos despidos: si son fulminantes, quién y cómo sustituirá a los maestros suspendidos, especialmente cuando se avizora el fin de cursos en las escuelas. Los planteles de muchos de esos mentores se hallan en zonas aisladas, rurales e indígenas, donde es imposible suponer un relevo automático.

 

En uno de los epicentros del movimiento, Oaxaca, el certero golpe impuesto a la CNTE al expulsarla del control del sistema educativo estatal, lo que incluía acceso indiscriminado a sus recursos, pareció anticipar un desmantelamiento paulatino de este movimiento, que sin embargo está exhibiendo capacidad de reorganización, como quedó evidenciado con las movilizaciones en la capital del país durante la semana pasada.

 

El ánimo social frente a este nuevo ciclo de tensión entre el gobierno y la CNTE ha sido ambiguo, pues va desde el aval al gobierno desde un sector de la academia,  el empresariado y la mayoría de los medios tradicionales, hasta un talante crítico de algunos analistas y las redes sociales, donde los mentores movilizados despiertan simpatías por el sólo hecho de serlo, pero también porque se oponen a un gobierno cuya imagen pública sigue dando traspiés.

 

Es complejo anticipar cómo evolucionará el humor ciudadano si las protestas de los profesores se extienden en el tiempo, incluso se escalan, o si se reproducen los choques con efectivos policiales locales o federales, como ya ocurrió en el pasado reciente.

 

Debemos suponer que como en muchos otros temas, la proximidad de las elecciones impondrá un lapso de espera a las partes en este conflicto. Pero que una vez cerradas las casillas, contados los votos y definidos los ganadores, el problema del magisterio disidente, con amagos e incongruencias de ambas partes, seguirá entre nosotros.

 

rockroberto@gmail.com

@OpinionLSR



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