La corrupción alrededor de México y el mundo, se ha convertido en una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, que han socavado el Estado de Derecho y la confianza pública. Este cáncer en nuestro país tiene en agonía a las instituciones del Estado mexicano y se manifiesta a través del soborno, fraude, apropiación indebida y otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero, lamentablemente, no se limita a estas corrosivas prácticas.

 

La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.

 

Es lastimoso que el 88% de los mexicanos piensen que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, a esto, se suma la percepción de la mitad de la población que considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años[1]. En el Estado de Guerrero, por ejemplo, el 90% de sus habitantes perciben una concurrencia de prácticas corruptas en la administración pública de la entidad, apreciación superior al promedio nacional, que es de 88.3 por ciento[2].

 

La impunidad y corrupción que vienen desde los servidores públicos influencian el conjunto más amplio de la sociedad. Si personalidades públicas demuestran conductas corruptas, muchas personas comunes acaban practicando la corrupción influenciadas por ese mal ejemplo, y haciendo suyo el negativo dicho popular “el que no tranza, no avanza”.

 

Es necesario combatir la corrupción mediante acciones de prevención y castigo. Este combate debe contemplar medidas que frenen estas prácticas no solamente en el ámbito político o del medio empresarial, sino también para el día a día de los ciudadanos, conminándoles a actuar de manera correcta inclusive en situaciones que parezcan menos relevantes.

 

La corrupción es un fenómeno social que envuelve desde actos casi invisibles, como el pago de "mordida" a un policía de tránsito, hasta crímenes de gran impacto en la vida de miles de personas, como, por ejemplo, el desvío de recursos públicos fundamentales para el desarrollo adecuado de las diversas áreas gubernamentales del Estado.

 

El Banco Mundial estima que en países donde los índices de corrupción son más altos, entre el 25 y el 30 por ciento del Producto Interno Bruto es desperdiciado en consecuencia de este problema. Por su parte, el Semáforo Económico Nacional de 2014, mencionó que el nivel de corrupción representó 15% de la inversión pública de 2014, por lo que la inversión productiva el año pasado pudo haber sido mayor en 84 mil millones de pesos en ausencia de corrupción. Como en cualquier otra práctica nociva, si la corrupción puede ocurrir en cualquier lugar, no se puede negar que algunos países han sido más eficaces en su control que otros.

 

Reconociendo la necesidad de frenar estas prácticas nocivas para el Estado de Derecho, la Asamblea General de la ONU aprobó, el veintinueve de septiembre de dos mil tres, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

 

Este es el primer instrumento jurídico anticorrupción con normas vinculantes a los países signatarios que ofrece un camino para la creación de una respuesta global a un problema también global. El Estado mexicano, como parte de la Convención el veintisiete de mayo de dos mil quince instauró dentro de su marco normativo la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Que si bien esta reforma en mi opinión quedo corta, -tan es así que la voté en contra cuando fui diputado federal porque al presidente de la República se le sigue protegiendo manteniendo intocado el artículo 108 constitucional en la relativo a: "El Presidente de la Repu´blica, durante el tiempo de su encargo, so´lo podra´ ser acusado por traicio´n a la Patria y delitos graves del orden comu´n"-, lo cierto es que contiene avances en los demás niveles de gobierno.

 

Estas modificaciones permearon en el ánimo de la sociedad a grado tal que hoy se discute en el Senado de la Republica la iniciativa ciudadana elaborada por los expertos Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana),  Jesús Cantú (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey), María Amparo Casar (CIDE y Mexicanos contra la Corrupción), Marco Fernández (Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, México Evalúa), Sergio Huacuja (Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México), Sergio López Ayllón (CIDE), José Octavio López Presa (Causa en Común), Mauricio Merino (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas), Lourdes Morales (CIDE y Red por la Rendición de Cuentas), Alfonso Oñate (Academia Mexicana de Protección de Datos Personales), Juan E. Pardinas (IMCO), Rodrigo Roque (Abogado penalista), Pedro Salazar (IIJ-UNAM), Mercurio Cadena, Ricardo Corona, Fernanda Diez, Pedro Gerson, Eileen Matus, Paula Vázquez, Ana María Zorrilla y Enrique Cárdenas (CEEY).

 

Esta iniciativa ciudadana, mayormente conocida como Ley 3de3, propone imponer la obligación a toda persona que maneje, ejecute o reciba recursos públicos de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública. Busca canalizar la indignación social en un esfuerzo constructivo para forjar buenos gobiernos, honestos e íntegros y reducir así los riesgos y costos de la corrupción.

 

Estos postulados de la iniciativa ciudadana, al representar un reclamo añejo de la sociedad, propuse en mi calidad de diputado local al Congreso de Guerrero que fueran retomados para incorporarse al marco normativo del Estado de Guerrero con la expedición de una Ley Anticorrupción que presentamos y que sería complementaria a la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero y a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56 en materia de corrupción, para que, de manera conjunta, erradiquen de tajo la corrupción y se castigue a los corruptos.

 

Desafortunadamente esta Ley 3 de 3 a nivel federal ha tropezado en el Senado de la República con las resistencias al cambio y la protección a la opacidad de legisladores del PRI y del Verde que quieren simular en el tema anticorrupción, con una reforma que no incluya la total transparencia postulada originalmente por la Ley 3 de 3, es decir, buscan normas que sean anticorrupción sólo de nombre.

 

Por esa razón la ciudadanía debe seguir presionando en el tema y las organizaciones de la sociedad civil, al mismo tiempo que quienes tenemos esa convicción. En el Congreso local de Guerrero seguiremos insistiendo, esperamos que haya la apertura para entrarle a legislar en el tema, al margen de las resistencias prevalecientes en los grupos parlamentarias PRI - Verde en el Congreso de la Unión que obstruyen y frenan esta propuesta ciudadana.

 

Es lamentable que ante la grave situación que vive nuestro país, el Senado de la República haya cerrado su período ordinario de sesiones, sin acuerdo en torno la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas en torno al mando único policíaco y la despenalización de la mariguana con fines terapéuticos.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

[1] De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de 2013.

[2] De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2015



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