Lo peor que le puede pasar a un sistema de procuración y administración de justicia es que funcione solamente conforme a los dictados de lo que los medios de comunicación consideran relevante. Si eso llega a suceder se produce el fenómeno de la “mediatización de la justicia”, en la que resulta más importante lo que aparezca en un noticiero en horario estelar o lo que se publique en las ocho columnas de un periódico, que lo que se difunda en el Diario Oficial de la Federación.
En México hemos vivido desde hace tiempo un fenómeno de extrema e irracional mediatización de la justicia, en el que parece que las autoridades piensan que los juicios se ganan ante el tribunal de la opinión “publicada” y no en los juzgados y tribunales de verdad.
Abundan los casos en que se han hecho montajes mediáticos (Florence Cassez obtuvo su libertad gracias a eso, entre otras cuestiones), se han presentado a personas inocentes detenidas ante los medios de comunicación, se han filtrado informaciones muy delicadas de averiguaciones previas en curso (poniendo en riesgo la vida o la integridad física de víctimas y testigos) y se han emitido boletines de prensa sobre casos judiciales completamente falsos, sin que luego la autoridad emita rectificación alguna o pida disculpas por sus clamorosos errores, etcétera.
El último episodio de esta larga historia de metidas de pata tiene que ver, como ya lo imagina el lector, con el caso de El Chapo y Kate del Castillo. No me voy a referir a la dudosa ética periodística de quien difunde conversaciones en las que no le consta que quienes intervengan sean las personas que la prensa dice que son, ni voy a poner en tela de duda el rigor de los periodistas que contribuyen a difundir contenidos de comunicaciones que se obtuvieron con mucha probabilidad mediante la comisión de un delito (puesto que así lo señala el Código Penal Federal respecto a quienes intervengan comunicaciones privadas sin previa autorización judicial). Todo eso es algo sobre lo que la prensa mexicana debe sacar sus propias cuentas.
Lo que me interesa destacar desde el prisma jurídico es la enorme metida de pata que implica el hecho de que las autoridades persigan a los delincuentes violando la ley. En efecto, ninguna autoridad puede intervenir comunicaciones privadas sin previa autorización judicial; ninguna autoridad puede filtrar documentos o materiales probatorios que consten en una carpeta de investigación abierta; ninguna autoridad puede violentar la presunción de inocencia, que la Suprema Corte ha señalado que tiene un alcance más allá del proceso y comprende también a la percepción que la sociedad tenga de una persona.
Pero lo peor de todo es que los afanes de la autoridad suelen tener escasos resultados ante los tribunales. Muchos de los casos más sonados desde el punto de vista mediático han terminado en sentencias absolutorias, debido a la ineptitud de las autoridades para presentar pruebas que se sostengan jurídicamente ante los tribunales.
La sociedad mexicana (y también sus periodistas, aunque quizá eso sea mucho pedir) debería ser un poco más escéptica frente a todo tipo de filtraciones y litigios mediáticos. Los juicios de verdad no son los que se ventilan ante los medios de comunicación (siempre con discursos interesados, dependiendo de quién esté filtrando la información), sino los que llevan a cabo los jueces y tribunales mexicanos. Solamente una sentencia puede determinar que una persona es culpable de haber cometido un delito.
Ningún periodista, por pura ética, debería intentar suplantar a los tribunales. Un presentador de noticias o un columnista de prensa no es nadie para sentenciar a una persona, para hacer añicos su reputación o para determinar su “presunta” (piensan que al decir eso ya están vacunados) responsabilidad penal.
Ojalá que el nuevo sistema penal mexicano arroje más luz a los juicios que se llevan a cabo en México, pero preserve el debido sigilo que debe acompañar a las investigaciones que se hagan en materia penal. Qué diferente ha sido por ejemplo la detención y encarcelamiento provisional (de manera cautelar) de Humberto Moreira en España que la detención de El Chapo y el escándalo de Kate del Castillo en nuestro país.
En ese contraste se muestra, por si hiciera falta una prueba más, lo mucho que nos hace falta mejorar en el tema de la relación entre justicia penal y medios de comunicación. Estamos en la prehistoria todavía.