Lo resalto por el hecho tan conocido de que el 30 de abril se termina el periodo ordinario de sesiones y todo parece indicar que nuestros “representantes populares” (las comillas, son bien merecidas en este caso) no van a cumplir con varios de los plazos que ellos mismos se fijaron para tener aprobadas las leyes que son indispensables a fin de que comiencen a caminar varias de las reformas estructurales aprobadas hace escasos meses.
Ya el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, les ha tenido que llamar la atención sobre lo peligroso que sería no contar con la legislación necesaria para operar la compleja reforma electoral. Tiene mucha razón, ya que el artículo transitorio segundo del decreto de reforma constitucional publicado el 10 de febrero de 2014 en materia de reforma político-electoral claramente señala que antes del 30 de abril deberán estar expedidas las leyes de partidos políticos, la ley general encargada de regular los procedimientos electorales y la ley general en materia de delitos electorales. Aparte, hace falta también la legislación que regule la previsión del artículo 134 constitucional en materia de publicidad gubernamental (mandato constitucional que hasta el día de hoy ha sido violado hasta la saciedad, ante la falta de sanciones para los funcionarios públicos que se promocionen con recursos públicos, como lo pueden ilustrar muy bien varios gobernadores).
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones tenía que haber sido regulada a nivel legislativo desde diciembre del año pasado y apenas se están dando los primeros pasos de su trámite legislativo.
Las leyes que desarrollen la central reforma en materia de derechos humanos (reforma publicada el 10 de junio de 2011) llevan varios años de retraso, igual que la regulación del derecho de réplica previsto en el artículo 6 de nuestra Carta Magna.
Las iniciativas en materia energética, tan indispensables para detonar la inversión en un sector clave de la economía mexicana, ni siquiera se han presentado.
Tampoco se ha aprobado la legislación sobre medidas alternativas al proceso en materia penal y la legislación general en materia penitenciaria, que son los dos complementos esenciales para que funcione bien el flamante Código Nacional de Procedimientos Penales (en el primer tema el Presidente Peña Nieto presentó una iniciativa con elementos muy interesantes y bien estructurados; en el asunto de los reclusorios no hay ni siquiera una iniciativa presentada).
Y la lista podría seguir hasta hacerse muy larga.
Los legisladores estarán fuera de periodo ordinario de sesiones desde el 30 de abril hasta el 1 de septiembre. Mientras tanto, el país tendrá que seguir esperando, como si el tiempo no tuviera un valor evidente en el desarrollo nacional. Como si pudiéramos darnos el lujo de parar las reformas que necesitamos durante cuatro larguísimos meses, mientras los países con los que competimos día a día no dejan de avanzar.
¿Quién responde por esa lentitud inaceptable, por esa falta de compromiso constitucional, por esa flojera legislativa? Respuesta: nadie. Los legisladores seguirán cobrando el 100% de su salario mientras están fuera de periodo ordinario y los mexicanos tendremos que seguir esperando a que se decidan de una vez por todos a cumplir con lo que señala la Constitución.
A menos que…. el Presidente Peña Nieto decidiera interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una o varias controversias constitucionales, aplicando a nivel federal la misma receta que están padeciendo las cuatro entidades federativas que no regularon a tiempo la reforma constitucional en materia educativa. Parece poco probable, pero sería una estupenda forma de repartir de forma pareja la responsabilidad por las omisiones legislativas que tanto afectan al Estado mexicano. La vía legal existe, falta la voluntad política para activarla.
@MiguelCarbonell