Para combatir la corrupción una buena ley es condición necesaria. Pero se requiere además, que haya buenas investigaciones, que los expedientes se integren bien, que haya sanciones, que haya y que se corrijan las fallas. La Iniciativa de Ley3de3 apunta a tener una mejor ley de responsabilidades que sea la base para las otras condiciones que permitan pasar de la idea de “responsabilidad” como castigo, a la responsabilidad como virtud.
Es decir, a tener un gobierno responsable en el que no solamente sean sino se “crean” responsables ante la sociedad y pongan los intereses de ésta por encima de los propios. El combate a la corrupción, en perspectiva, no es más que un paso para construir gobierno y sociedad responsables. Hay, en la iniciativa, una apuesta para que el principio de legalidad sea un punto de apoyo para crear una ética pública.
Aquí algunos de los aspectos a destacar:
1.- No se trata solamente de una ley de responsabilidades de los servidores públicos, abarca también a los particulares. La corrupción siempre tiene de un lado a alguien que ejerce un poder o una posición de influencia y, del otro, a quien requiere algo de ese poder o de esa influencia (un beneficio o evitar un daño –que es una forma de beneficio): un contrato, un trato desigual más favorable, evitar una resolución adversa, etc. Si solamente fuese una ley dirigida a los servidores públicos dejaría fuera a la otra parte. Pero no se queda ahí, además aclara lo que ahora sigue en duda ¿los integrantes del equipo de transición son servidores públicos? La respuesta es afirmativa.
La corrupción no se da a partir del primer día que un funcionario entra en funciones. Se origina antes: cuando acepta un apoyo oculto en la campaña, adquiere un compromiso, promete una obra o un contrato. La iniciativa abarca también a los candidatos, los partidos, a quienes hayan sido electos aunque no hayan entrado en funciones. ¿Por qué deben ser responsables?
En la corrupción hay daño y también riesgo. Un acto corrupto daña; no solamente puede consistir en dañar el presupuesto público o el patrimonio público, sino que también se pone en riesgo a la función pública. Cuando se promete un contrato a cambio de un apoyo se daña un deber de cuidado de lo público, se vulnera la confianza de los votantes, se busca eludir los procedimientos de licitación o de concurso. Cuando esto sucede, la corrupción es un pago diferido.
2.- Si la corrupción se da en redes, la investigación y el procedimiento para sancionar deben ser adecuados para detectarlos y sancionarlos. El fraccionamiento y la insuficiencia en la investigación deben evitarse. Para esto, la iniciativa considera que los actos de corrupción son graves; la gravedad no depende de los montos involucrados en los daños o los beneficios, sino de que tales prácticas, en su conjunto afectan estructuralmente a la sociedad. Hay un daño antijurídico relevante.
Para detectar redes, la autoridad que investigue debe tener los medios para hacerlo. La iniciativa prevé la posibilidad de realizar investigaciones de inteligencia financiera, facultades para superar los secretos bancario y fiscal, por ejemplo; la posibilidad de realizar visitas domiciliarias y de embargar cuando haya riesgo. Asimismo, se propone que en el procedimiento, se resuelvan conjuntamente expedientes que pueden tener relación entre sí; o bien si cuando hay comportamientos en red hubiese posibles faltas no graves relacionadas con conductas corruptas, aquellas se acumularán a éstas.
Las anteriores entre otra, son algunas de las propuestas de la iniciativa. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es una entre diversas leyes que tendrán que proponerse o modificarse para completar el entramado para enfrentar a la corrupción.
Tiene también el propósito de comprometer sociedad invitándola a apoyarla para que se discutida en el Congreso como Iniciativa Ciudadana.
Aquí como hacerlo: ley3de3.mx