La profesionalización en las diferentes áreas gubernamentales y de la Administración Pública, surge en nuestro país y en el mundo entero, a raíz de la constante demanda ciudadana por la modernización administrativa en la esfera de la nueva gestión pública, a través de la rendición de cuentas, la ética en el servicio público y la transparencia.
No basta sólo con el conocimiento y la capacidad de los ciudadanos para realizar las diferentes actividades o funciones encomendadas, sino que se requiere una constante actualización en su aprendizaje, con el propósito de impulsar su desarrollo y mejorar el desempeño de sus funciones.
Actualmente, nuestra normativa en materia electoral ha experimentado una serie de reformas que obliga a todos los ciudadanos inmersos en el ámbito electoral a la especialización y actualización en el tema. Es necesario que los tomadores de decisiones y representantes de partidos políticos, lean, estudien y conozcan los constantes cambios que se dan en nuestras leyes, específicamente aquellas que norman y regulan los procesos electorales en el Distrito Federal.
Lo anterior con el objetivo de entender y ejercer de manera más eficiente y transparente, una de las ramas del Derecho que cada día se vuelve más compleja y en constante transformación como es el Derecho Electoral Mexicano, que regula la organización, administración y realización de las elecciones en el país y en la ciudad de México.
En los procesos electorales contar con medios de prueba suficientes en las quejas que se presentan en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos permite a nosotros como impartidores de justicia, resolver de forma colegiada aquellas impugnaciones, que se presenten en materia electoral; libres de cualquier influencia externa, con objetividad y con estricto apego a la normativa electoral que nos rige.
La prueba es el medio para llegar a la verdad. Por ello, la omisión total de pruebas y la omisión imparcial de las mismas son los elementos centrales de la acción del actor, conforme al Derecho Electoral.
La carga de la prueba consiste en la exigencia de demostrar la existencia de los hechos en que fundan su pretensión. Es la condición que debe ser satisfecha para que tales hechos sean considerados como ciertos por el juez y, en virtud de ello, sirvan de fundamento a dicha pretensión.
Así, la carga de la prueba determina quién tiene interés en acreditar la existencia de un hecho en el proceso, en razón de ser precisamente a quien perjudica o sufre la consecuencia desfavorable de la falta de la prueba.
Por ello, y de acuerdo a lo señalado en el artículo 25 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando la negativa implica la afirmación expresa de un hecho.
La profesionalización implica mejorar en el desempeño de nuestras labores como magistrados, mantenernos actualizados, estudiar y aplicar la Ley, sin distinción de raza, credo, color ni ideologías. Con la profesionalización buscamos la excelencia en la impartición de justicia.
Flor de loto: El peor atentado contra la libertad, es cuando uno mismo renuncia a su propia capacidad de tomar decisiones.