Quisiera hablar sobre lo que considero ha sido una actitud acomodaticia de algunos sectores que se autodenominan “progresistas” en el mundo académico, social y político, a la hora de analizar y sentar posición sobre las coyunturas políticas de los países de nuestra región. En esta oportunidad, me enfoco en la postura que han asumido estos grupos en relación con la situación actual de Venezuela y México y el progresivo deterioro de sus democracias.
En el caso venezolano, al menos desde diciembre de 2010 el carácter democrático del gobierno se ha venido cuestionando sistemáticamente. En aquella oportunidad, la Asamblea Nacional (AN) optó por aprobar aceleradamente una agenda legislativa sin la debida discusión y respeto a los tiempos establecidos, además de otorgarle una ley habilitante al entonces presidente Hugo Chávez para legislar por decreto, en una clara actuación que buscó mermar las propias funciones del recién elegido parlamento donde las fuerzas opositoras contarían con un número importante de diputados y el chavismo perdería la mayoría calificada al inicio del nuevo periodo legislativo en enero de 2011 (2/3 del total de los escaños). En aquel momento, no hubo señalamientos contundentes por parte de sectores “progresistas” ante un procedimiento que buscó desconocer la voluntad popular que había elegido a los representantes de la nueva AN.
Posteriormente, a partir de las manifestaciones realizadas en febrero de 2014 para pedir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, que dejaron un saldo de 43 muertos, cientos de heridos y más de 3,500 personas que pasaron por la cárcel, hubo numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos (detenciones arbitrarias, tratos inhumanos, etc.) que fueron documentadas debidamente por organizaciones locales y Amnistía Internacional. También se señaló con preocupación la aprobación de la resolución 008610 que permitía a las fuerzas del orden público utilizar armas de fuego para aplacar las protestas, contraviniendo lo establecido por el artículo 68 de la Constitución. Al día de hoy, como señaló Amnistía Internacional en su informe 2015/2016 sobre la situación de los derechos humanos en el país, ninguno de los responsables de dichas violaciones ha comparecido ante la justicia. Muchos de los comunicados del “progresismo” internacional que se emitieron en aquel momento llegaron incluso a defender la actuación del gobierno venezolano en el marco de las protestas.
Mientras tanto, a los pocos meses se produjo en México la desaparición forzada de los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala. Las investigaciones apuntaron a que los cuerpos policiales de la entidad federal fueron responsables directos del hecho. En aquella oportunidad, la mayoría de estos grupos “progresistas”, y la intelectualidad en general, emitieron sendos comunicados, todos ellos justificados y necesarios, para condenar ante la opinión pública la violación de los derechos humanos y la represión del Estado mexicano.
De igual forma, ante la grave situación que se vive en México en los últimos meses, los señalamientos de estos grupos han sido enérgicos para denunciar la escalada represiva y sectaria del gobierno para imponer la nueva reforma educativa. Estos señalamientos son legítimos, deben ser considerados y discutidos, porque como ha demostrado no sólo la CNTE, sino otros grupos de la sociedad mexicana, pareciera que dicha reforma no resuelve el problema estructural de fondo del sistema educativo mexicano.
Pero al volver al caso venezolano, llama la atención el silencio de algunos sectores dentro del llamado “progresismo” internacional ante lo que ha venido ocurriendo en el país luego de los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015. Como es sabido, en esas elecciones las fuerzas políticas de la oposición obtuvieron una amplia victoria que se tradujo en 112 diputados del total de 167, conquistando la mayoría calificada en la AN para el nuevo periodo legislativo. Poco antes de que el cuerpo legislativo saliente concluyera su periodo, convocó sesiones extraordinarias fuera del periodo legislativo para designar apresuradamente nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en franca violación de sus propios reglamentos y procedimientos.
Desde que entró en funciones el nuevo TSJ, todas sus sentencias han sido en contra de las decisiones de la AN, dejando fuera de lugar la declaración de la AN sobre la crisis humanitaria del sector salud, o la inconstitucionalidad de las leyes promulgadas en estos 6 meses de actividad, incluyendo aquellas que buscaban garantizar derechos constitucionales como la de los bonos alimenticios para jubilados y pensionados, la ley de propiedad de las viviendas sociales, etc. Sobre estas actuaciones que atentan contra la autonomía de los poderes públicos y la decisión democrática de una ciudadanía que se expresó clara y contundentemente en las elecciones de diciembre pasado, la mayoría de estos “progresistas” no han denunciado los ataques contra la voluntad y soberanía popular, es más, tampoco han condenado las trabas impuestas por el Consejo Nacional Electoral, así como las modificaciones que sobre la marcha han introducido en sus propios reglamentos, para que la población se exprese libremente sobre la posibilidad de convocar a un referendo revocatorio para decidir si el presidente Maduro continúa o no en el poder.
Con un escenario como el descrito hasta este punto cabe preguntarse cuál es la lógica de actuación de la mayoría de los grupos “progresistas” a nivel internacional al momento de denunciar violaciones a los derechos humanos, irrespetos a la voluntad popular, desconocimiento de los procedimientos democráticos y la constitucionalidad de un país. ¿Por qué alzan la voz para denunciar estas cosas en unos países y en otros no? ¿Por qué hacen un llamado al diálogo entre el gobierno mexicano y la CNTE para discutir la reforma educativa pero no promueven el diálogo entre el gobierno venezolano y los grupos políticos opositores para salir de la crisis actual? Por estas y otras razones, que por limitaciones de espacio no puedo señalar en esta oportunidad, cuestiono la coherencia con la que muchas de estas fuerzas “progresistas” se posicionan en torno a las crisis que atraviesan los países de la región. La democracia y los derechos de la población se defienden en cualquier lugar y en todo momento, así como denunciar las violaciones de los derechos humanos y las actuaciones represivas de cualquier Estado sin importar el tinte ideológico que sus gobiernos profesen. Yo pensaba que estas cosas se daban por sentadas entre los grupos “progresistas” a nivel mundial, pero por lo expuesto en estas líneas en relación con los casos venezolano y mexicano, pareciese que no, la hipocresía está a la orden del día y todavía queda mucho por recorrer.
*Héctor Hurtado Grooscors
Doctor de Investigación en Ciencias Sociales (Flacso-México), Licenciado en Sociología (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela) y Maestro en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, Venezuela). Se especializa en investigaciones sobre discurso e identidades políticas, populismos, ciudadanía, sociedad civil y democracia.