En cuanto uno empieza a conversar con Ernesto Canales Santos, presidente del patronato de Renace IAP, se comprende de inmediato que su trabajo de veinte años para el cambio del sistema de justicia de nuestro país no es un asunto que él se tome a la ligera, sino una convicción que lo persigue desde joven, fortalecida por un certeza profunda que sabe trasmitir y contagiar al que escucha.
Su plática es fluida y demuestra un profundo conocimiento del estado de la justicia mexicana, se notan entre sus palabras los veinte años de brega y convencimiento invertidos en una lucha que al principio parecía casi imposible de presentar a un sistema de justicia anquilosado, que en lugar de presumir la inocencia de las personas “nos dejaba a todos los mexicanos como culpables potenciales, debido al diseño del sistema de justicia”.
Al cuestionarle sobre el inicio de las dos décadas de trabajo en Renace IAP, él inicia citando una lección de un profesor de sus años universitarios, la cual sirvió para demostrarle el nivel de corrupción dentro de justicia penal: “En México, para ganar un asunto penal, debes tener la razón y una bolsa enorme de dinero”.
Esa frase englobó el desconcierto que marcó mucha de la carrera como abogado corporativo de Canales hace más de dos décadas, ya que pudo comprobar la profunda contradicción que imperaba en México al momento de lidiar por una parte con leyes de nivel internacional en aspectos bursátiles y empresariales, mientras que los asuntos penales de sus clientes corporativos debían ser resueltos con dinero y usando los huecos que la ley presentaba.
Y fue esta certeza de que se debía cambiar el sistema, algo que muchos calificarían de cuasi quijotesca, que se inició una organización cuyo objetivo era la defensa de los reos que sufrían cárcel de forma injusta y que carecían de la mencionada bolsa de dinero para su defensa. “Al darnos cuenta de que la dicotomía del sistema no le permitía funcionar decidimos hacer algo, generar impacto, y nos limitamos inicialmente a ayudar a los presos de bajos recursos que sufrían una injusticia de parte del mismo sistema. Buscamos ayudar al último eslabón de la cadena”, afirma al recordar los inicios de su activismo.
Sin embargo el mismo contexto obligó un cambio de ruta pues cuatro años después de esfuerzo en pro de los presos y tras analizar más de trescientos expedientes, Canales y su equipo se dieron cuenta de una verdad innegable del sistema penal. “Las injusticias las causaba la misma ley, pues tenía hoyos negros por donde se colaba sin problema la corrupción y la injusticia”, espeta al recordar esos tiempos.
Y si antes se podía hablar de una labor parecida a enfrentar molinos de viento, su nuevo objetivo parecía algo realmente imposible de lograr: crear conciencia en la sociedad civil nacional para provocar un cambio estructural del sistema de justicia mexicano y al mismo tiempo impulsar dicho cambio por medio de reformas a un anquilosado y casi centenario sistema de impartición de justicia altamente discrecional.
Desde entonces hasta hoy han pasado más de quince años y los resultados desmienten todo el escepticismo que en un principio se pudo haber presentado ante este proyecto.
Tras la aprobación de la ley reglamentaria, ocho años después de la reforma al sistema de impartición de justicia, Renace ha visto resultados que a más de uno hubiera señalado como imposibles. “No se trató de la acción de un grupo de iluminados o resentidos con el sistema, sino de crear la información dura y precisa con instituciones educativas de alto nivel que sirviera como sustento para transformar la justicia mexicana, que se había convertido en un proceso deshumanizado en el cual el 80% de los procesados nunca veían al juez que los sentenciaba”.
Y como si fuera poco la alternancia democrática estrenada en el 2000 supuso un reto mayor para su lucha. “La acción del ministerio público -antes del ascenso del PAN a la presidencia- se enmarcaba en un sistema unipartidista. En este esquema el MP controlaba el expediente y decidía qué pruebas eran válidas, dirigiendo el proceso sin cometer ninguna irregularidad o caer en la ilegalidad” explica.
“Al perderse el control central muchos agentes del MP se dieron cuenta de la valiosa mercancía que tenían, el sistema estaba diseñado para que el gobierno enjuiciara y encarcelara a cualquier persona de forma legal y se presentaron abusos obvios al dejar libre tanto poder de decisión”.
Pero los importantes cambios que se presentaron en los últimos años con la implementación de la reforma del sistema de justicia (jueces de proceso que vigilan la primera etapa de la investigación, juicios orales, presunción inicial de la inocencia, salidas alternas a la cárcel ante ciertas infracciones) no son el fin del camino para Canales Santos y Renace, quienes observan el futuro con cierto grado de realismo optimista.
“Renace tiene ahora como objetivo la reinserción social de los reos, sin dejar de estar presente en el día a día de los procesos de acusados y víctimas de injusticias procesales para defender sus derechos” explica, “la impartición de justicia en nuestro país no es una cuestión de buenos contra malos o de blanco y negro, a la mayoría de los jueces y ministerios públicos les incentiva que se muestren los resultados que obtienen, pues así, ellos sienten aún más trascendente su trabajo y decisiones. Ellos deben ser los principales aliados en esta etapa”
La plática llega a su fin, pero para Canales, este camino aún está muy al comienzo de la ruta y es esencial la acción de la sociedad civil. “La función penal es tan compleja e importante que requiere de la participación de la sociedad civil, no se puede dejar en manos de autoridades que cambian de un día para otro o que sólo pueden observar una parte de todo el proceso y que tampoco son responsables del proceso como un todo. Solo la sociedad civil puede y debe establecer los estándares permanentes y vigilar el proceso en conjunto”, cierra su exposición con la seguridad de un veterano de mil batallas que sabe que va venciendo pero no debe aflojar la presión ni el empuje de su lucha.