Si bien las medidas tomadas frente al huracán Patricia fueron adecuadas pues nunca sobran los esfuerzos para prevenir tragedias, no sucede lo mismo con el discurso y otro tipo de acciones gubernamentales. Un ejemplo es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas, que se aplicará a partir del primero de enero del próximo año y que será de cuatro pesos en promedio por litro.
Al enfrentar la realidad, el Ejecutivo tuvo que proponer medidas para resolver el tema de los ingresos petroleros y no encontró otra alternativa que aplicar un impuesto fijo (el IEPS), en pesos, en lugar de un porcentaje del precio total del litro de gasolina al consumidor, para garantizar una recaudación básica. [En la zona metropolitana del valle de México circulan alrededor de cinco millones de automóviles que consumen, por lo bajo, dos litros diarios, por lo que cada auto pagará ocho pesos de impuesto; es decir, una recaudación de 40 millones al día: catorce mil seiscientos millones de pesos al año, sólo en esta zona]
El precio por litro para cada tipo de gasolina será limitado pues no podrá subir o bajar más de 3%, que es el cálculo de inflación, según la explicación de los diputados. ¿Será? Si el dólar sigue subiendo (lleva un alza de más de 20% este año) y seguimos importando gasolina, estaremos comprando más caro; si le agregamos los cuatro pesos de impuesto ¿dónde está el negocio para las empresas que participarán? Un verdadero galimatías que no ayuda en nada a la transparencia. [Y ahora anunciaron que importaremos “crudo ligero” para fabricar la gasolina acá. ¿Y las refinerías que se iban a hacer?]
Los discursos
¡Ya basta de culpar al gobierno federal por Ayotzinapa!, dijo el secretario de Gobernación en una entrevista radiofónica. Parecería absurdo culpar al gobierno federal de todas y cada una de las cosas que suceden en el país, si en verdad respondiera a las demandas de la sociedad, no de un grupo o un partido; sin embargo, por falta de políticas reales de seguridad nacional, por omisiones en sus compromisos con los gobiernos estatales -y municipales- el gobierno federal es responsable de lo sucedido en Iguala.
El Ejército fue omiso, por falta de información o por decisión, en atender y proteger a los jóvenes en una acción que desbordaba lo municipal. El Ejecutivo federal fue irresponsable en su prisa por determinar la suerte de los desaparecidos: No hay verdad histórica posible cuando la historia todavía no termina, cuando hay evidencias que quedaron fuera de la anunciada verdad oficial. No sé si la responsabilidad es de la PGR, del CISEN, del Ejército, pero esos tres organismos dependen del gobierno federal.
En fin, no se trata de “culpar” al Ejecutivo, sino de dejar claro que es responsable y eso no lo puede rebatir, pues no es un asunto de fe, de creencia, sino de hechos, de realidades. Eso mismo hay que señalar frente al discurso del jefe del Ejecutivo por el tema del huracán: No es teniendo “fe en sí mismo” como la gente saldrá adelante; no es teniendo fe y, para los creyentes, “con rezos y oraciones”, como el país saldrá adelante: Es con políticas públicas, con acciones reales en beneficio de la sociedad, no con voluntades y creencias personales.
Las acciones
Y si de acciones hablamos, la polémica sobre el llamado apagón analógico está a la orden del día. Se discute si puede lograrse para el 31 de diciembre o no y si la búsqueda por aplazarlo es una estrategia de Televisa para impedir la participación de otra cadena y también para acabar con los competidores digitales que están más que apuntados para esta nueva forma de transmisión o si es porque de los nueve millones setecientos mil televisores que se deberían de entregar (según las listas de Sedesol), faltan todavía tres millones, lo que significa alrededor de cincuenta mil televisores diarios. Se trata de pantallas de 24 pulgadas que, a un costo promedio de dos mil quinientos pesos representa un presupuesto total de veintitrés mil quinientos millones de pesos ¿Es necesario ese programa? ¿No podría haberse resuelto con los decodificadores que cuestan infinitamente menos? ¿Transparencia?
De pilón…
¿Con qué criterios se determina que los televisores son artículos de primera necesidad? El presupuesto 2015 para el CONACULTA ascendió a 7,300 millones de pesos y una parte le corresponde a las 7,389 bibliotecas públicas del país. ¿Cuánto se asignó para compra de libros para esas bibliotecas? Si los datos son ciertos, hablamos de ciento cincuenta millones de pesos aproximadamente: Un promedio de 20,300 pesos al año, o lo que es lo mismo, 1,691 pesos mensuales para cada una y ahí está la Biblioteca Vasconcelos igual que la más pequeña del programa. Hagan cuentas. ¿Suficiente? ¿Quién define las prioridades de la sociedad? ¿Entretenimiento o cultura? ¿La cultura es de primera necesidad? ¿Qué diría Manuel Gómez Morin del flamante presidente de la comisión de cultura de los diputados? (Véase Reforma, cultura, p. 15, 14 de octubre de 2015.) Moriría de inmediato, no lo dudo.
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(Obviedades es un ejercicio de reflexión que comparto con mucho gusto no para que estén de acuerdo sino para hacer conciencia de las contradicciones de un régimen… que puede ser cualquier régimen, no importa el partido, por supuesto)