Los resultados de la jornada electoral del siete de junio arrojaron varias sorpresas; para empezar, alternancias inesperadas en varias partes del país, algunos resultados totalmente opuestos a las encuestas, y por supuesto la elección de varios candidatos independientes. El voto nulo no fue tan grande y amplio como se esperaba, y la participación ciudadana se mantuvo en general en parámetros aceptables para una elección intermedia.
Probablemente el aspecto más sorpresivo e inesperado en la elección pasada, fue el alto número de funcionarios de casilla en todo el país que no acudieron ese día a desempeñar su labor, y que pusieron en aprietos a sus demás compañeros, a la autoridad electoral, y en algunos casos hasta llegaron afectar la votación recibida en la casilla. Tan sólo en el Distrito Federal, la falta de compromiso cívico afectó a un total de 47.23% de casillas, según cifras oficiales.
Este fenómeno tiene una mayor relevancia, si consideramos que la columna vertebral de cada elección somos los ciudadanos, quienes nos encargamos de recibir la votación, contar los votos y llenar toda la papelería electoral que sea necesaria. Todo ello en la lógica de llevar a cabo un auténtico ejercicio ciudadano, transparente, accesible y confiable.
Actualmente las mesas directivas se integran con un presidente, un secretario y dos escrutadores, además de tres suplentes generales. Para el caso de las elecciones concurrentes (federal y local) se instala una mesa para ambos tipos de elección, y para ello se incorporan un secretario y escrutador adicionales. Al final del día, tenemos una mesa con seis ciudadanos que deberán ser capacitados para poder recibir la votación, contar votos, y hacer frente a situaciones recurrentes que se presentan el día de la jornada electoral.
Desafortunadamente las decisiones de unos, nos puede afectar o impactar considerablemente a todos. Ello ya que una de las causales de nulidad de casilla más recurrentes es aquella que tiene que ver con la indebida integración de sus funcionarios el día de la elección. Es decir, que las personas cuyos nombres fueron insaculados, que aceptaron desempeñarse como tales, y que les fue dada una capacitación para poder desempeñar sus labores el día de la elección, no se presentaron el siete de junio en la casilla.
Para esos casos, la Ley contempla diversos mecanismos de sustitución, a fin de que los propios funcionarios que sí acudieron a la casilla pueden designar a otras personas para desempeñar los cargos, empezando con los funcionarios suplentes, e incluyendo a los propios electores que estuvieran formados para emitir su voto ese día en la casilla
En todo caso, las sustituciones no son sencillas, ya que no todas las personas están dispuestas a asumir una responsabilidad de ese tipo de un momento a otro, y por lo tanto las casillas no siempre se integran con funcionarios electorales que cumplen con todos los requisitos previstos por la Ley, lo que puede ocasionar que la votación recibida en esa casilla pueda ser anulada.
Debido a esa y otras dificultades, un número importante de casillas abrieron más tarde de lo previsto, y ello generó reclamos y enojo de quienes tuvieron que esperar para emitir su voto.
En las próximas semanas, los tribunales electorales resolverán cientos de impugnaciones vinculadas con las nulidades de las casillas y de la propia elección. Ello traerá como consecuencia la anulación de diversas casillas, y probablemente hasta de algunas elecciones en el país.
El caso de la anulación de casillas vinculada con la indebida integración de funcionarios merece una atención especial. Ello porque no se trata de ciudadanos que en ejercicio de su derecho determinaron no acudir a votar o bien anular su voto, lo cual resulta perfectamente legal y razonable.
No, se trata de personas que voluntariamente asumieron un compromiso, recibieron la capacitación correspondiente, pagada con recursos públicos, y que ese día simplemente decidieron no presentarse a la casilla; lo cual pudo tener como consecuencia que todos los votos de esa casilla fueran anulados. Es decir, estamos ante un caso en el que la irresponsabilidad de una o varias personas, afectó el derecho de cientos o miles de ciudadanos. Tal y como me decía una persona que fungió como presidenta de casilla el día de la elección; “no podemos construir un país y una democracia de primera, con ciudadanos de tercera”.