La desigualdad extrema es, por fortuna, un tema que se discute en la opinión pública nacional. Lo es a raíz del documento que elaboró para Oxfam un grupo de economistas encabezados por Gerardo Esquivel. El principal punto del estudio es que cuando se utilizan datos fiscales, en lugar de encuestas sobre el ingreso de las personas, la desigualad que se registra en mucho mayor. Especialmente cuando se compara al 1% de la población con el resto. Normalmente lo que se analiza es la distribución del ingreso por deciles, pero no se había profundizado en las diferencias internas del 10% más rico.

 

Ese es de hecho el gran aporte de Thomas Piketty a la discusión de economía política y el estudio de Esquivel se sitúa precisamente en la línea de investigación propuesta por el francés. En México el 1% de la población concreta alrededor del 21% del ingreso. Esta desigualdad es mayor que en prácticamente todos los países del mundo.  Además, parecería haber evidencia de que la concentración del ingreso creció, ya en menos de una década la riqueza de los cuatro mexicanos más adinerados (Slim, Larrea, Bailleres y Salinas Pliego) pasó de representar el 2% del PIB al 9 por ciento. Las razones de este fenómeno son, por supuesto, multifactoriales.

 

La desigualad tiene su origen en la discriminación étnica (la pobreza es cuatro veces más alta entre la población indígena), género (la brecha salarial entre mujeres y hombres es de alrededor de 25%), las deficiencias de las políticas sociales y la mala calidad y cobertura de servicios de salud y educación,  la violencia que afecta más a las comunidades marginadas, la captura del gasto por parte de sectores de altos ingresos, la corrupción, las deficiencias del sistema judicial, el hecho de que no exista salario mínimo y que los sindicatos no sean representativos de los trabajadores, entre otros. Sin embargo, considero importante analizar dos aspectos que en buena medida explican las grandes fortunas en México, el fracaso del estado nacional como regulador económico y como recolector de impuestos sobre la renta.

 

Las grandes fortunas nacionales se hicieron en sectores que requieren una alta regulación del Estado, telefonía, minería, televisión, banca. Otras se dieren en sectores como el comercio al menudeo y la producción de alimentos y bebidas por medio del control casi monopólico de los mercados. Las grandes ganancias que resultan de imponer altos precios a los consumidores mexicanos,  con un tipo de cambio normalmente sobre valuado, les ha permitido también invertir con gran éxito en otros países. Estas compañías, por otro lado, no desarrollaron tecnología que le permitiera al país ser más competitivo. En ambos casos, la autoridad no fue capaz de establecer condiciones de competencia, ni de maximizar los ingresos públicos por el usufructo de bienes de la nación. Tampoco pudo desarrollar políticas para que empresas medianas y pequeñas pudieran participar en los mercados que mayores ganancias generan en el país.

 

De hecho, se generó un círculo vicioso, como el mercado de servicios financieros o el de telecomunicaciones está concentrado, entonces las empresas de menor tamaño enfrentan servicios caros que les impiden crecer. Me temo que las famosas reformas estructurales harán poco para revertir dicha situación. El pastel se repartirá de manera distinta, pero eso no incluye a emprendedores que perfectamente podrían participar si se cambiaran las reglas. Por ejemplo, en otros países los canales de televisión tienen que contratar una parte de su programación con productores independientes o han desarrollado mecanismos para que empresas medianas se conviertan en proveedoras de servicios financieros.  Además, las grandes empresas mexicanas no enfrentan sindicatos representativos de los trabajadores, tampoco reglas que protejan a los accionistas minoritarios.

 

La otra gran falla del Estado mexicano es la tributaria. Como señala el estudio de Esquivel, mientras que un país de la OCDE colecta alrededor de 32% de sus impuestos al gravar el consumo, en México el porcentaje supera el 50 por ciento. La reforma fiscal reciente, que se vendió como progresiva, en realidad resultó en una caída de la recaudación del impuesto sobre la renta un año después. El sistema fiscal mexicano sigue siendo poroso en beneficio de las grandes empresas, especialmente después de que se eliminó el impuesto de control conocido como el IETU, que se debió de haber mantenido para las empresas de mayor tamaño. En México, a diferencia de otros países, como Estados Unidos por ejemplo, no gravamos con una sobre tasa a los dividendos retirados por los accionistas y no reinvertidos en las empresas.

 

Tampoco existe un impuesto a las grandes herencias, común en los países desarrollados, o a los grandes patrimonios, que también son una fuente de recaudación para la mayoría de los países de Europa. En Francia, por ejemplo, la recaudación al gravamen a los grandes patrimonios supera los 50,000 millones de pesos mexicanos. La tasas del impuesto sobre la renta en México que gravan los niéveles más altos de ingreso se encuentran muy por debajo de la de los países de la OCDE e incluso de América Latina. Esto es, México no perdería competitividad si incrementar las tasas marginales más altas del Impuesto Sobre la Renta, ya que están muy por debajo de las de nuestros socios comerciales.

 

A todo esto se suma que la recaudación del impuesto predial, que grava la propiedad, sea diez veces más baja en México que países como Argentina o Brasil. En suma, el sistema tributario mexicano es especialmente benevolente con el 1% de la población más rica del país, por lo que en lugar de contribuir a reducir la desigualad ayuda a que se incremente.

 

Un estado que no puede gravar a los más ricos y no puede regular la actividad económica en la que se generan rentas entra normales simplemente no puede contribuir a reducir la desigualdad. De hecho la desigualdad en el caso Mexicano no se reduce, de acuerdo con los indicadores, cuando se mide después de que el gobierno cobra impuestos y los gasta. Si da verdad la desigualdad extrema nos preocupa, entonces urge una agenda de políticas de igualdad, distinta a la actual de reformas que buscan liberalizar los mercados, desarrolladas por un Estado capaz de moderar el poder de mercado y gravar al 1% de la población de mayores ingresos.

 

Como precisamente en México este sector concentra una mayor proporción del ingreso que en otras naciones, pues su poder de influencia en las decisiones públicas también es muy alto. La reflexión que en México encabeza Gerardo Esquivel y Thomas Piketty en el mundo no obliga a reflexionar sobre los riesgos que implica que el ingreso se sigan concentrando, ya que lo que se ha propuesto en los últimos años como las recetas para generar prosperidad solamente han servido para que los más ricos obtengan mayores ganancias. Por el contrario, existe evidencia de que los altos niveles de desigualdad le han contado a México un crecimiento acumulado de 10% del producto en una década. No cabe duda de que reducir la desigualdad es el reto que como nación enfrentamos.

 

@vidallerenas



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