Joaquín (El Chapo) Guzmán Loera, se nos va. La Cancillería mexicana concedió la extradición del capo a la justicia de Estados Unidos para ser procesado ante dos cortes de distrito en aquél país. En California podrá ser juzgado por asociación delictuosa para distribuir cocaína. En Texas lo espera un juicio por delincuencia organizada, posesión de armas, lavado de dinero y homicidio. Nada fácil.
Por supuesto, hoy en día un proceso de extradición hacia el vecino del norte ya no tiene el mismo sentido que tuvo en la década de los ochenta. Por ejemplo, en Colombia, Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, sabía que la extradición significaba la pena de muerte; de esta manera organizó secuestros, asesinatos selectivos y en masa para presionar a su gobierno y evitar la justicia estadunidense.
Aquí en México, ni el marco legal ni la política permitirían la pena de muerte y el señor Guzmán lo sabe. De ahí que, a partir del anuncio de la Cancillería, su equipo de abogados ha trazado dos estrategias de trabajo: 1) la ruta de impugnaciones, apelaciones y amparos que eventualmente retrasen el proceso de extradición; 2) la negociación con las autoridades estadounidenses que reduzca su condena, le permitan conservar parte de sus activos y le aseguren una vejez, sino venerable, al menos sí en familia.
De hecho, Héctor Luis Palma Salazar -conocido como El Güero Palma-, uno de los socios de El Chapo saldrá libre en las próximas semanas de una prisión federal estadounidense, gracias a la negociación que entabló con el gobierno de aquél país.
Pero, más allá de las minucias legales y el resultado de todo este proceso, vale la pena preguntarse ¿qué significado tiene la extradición del capo? ¿Qué nos dice acerca de las instituciones del Estado mexicano y de sus autoridades?
Primero, es una prueba indiscutiblede la incapacidad de las instituciones de procuración de justicia y de los órganos de inteligencia para procesar el caso. Me explico; un criminal que desde hace dos décadas sostiene un imperio de tráfico de drogas ilegales y cuya fortuna personal asciende a más de mil millones de dólares, no puede actuar solo, no al menos sin la complicidad de autoridades policiales y de gobierno. En este sentido, la justicia mexicana ha sido incapaz de construir un caso ejemplar que desarticule las redes de complicidad que protegen al capo. El ministerio público no ha logrado si quiera investigar la ruta del dinero del cártel, develar las empresas en que lava el dinero, mostrar las estrategias de financiamiento de campañas políticas. Vamos ni siquiera ha logrado construir una explicación satisfactoria sobre su fuga. No se pudo y seguramente no se quiso.
Segundo. La extradición del señor Guzmán Loera es la solución ideal para quitar presión al sistema carcelario mexicano, ante su incapacidad de ofrecer un penal que lo mantuviese preso. El reciente traslado del capo desde el penal del Altiplano hacia el penal de Máxima Seguridad número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua causó alarma y sorpresa en los medios de comunicación. Y acaso múltiples alarmas fueron la causa de su traslado. A pesar de que la PGR se apresuró a justificar la decisión como una acción rutinaria, apegada a estrictos protocolos, lo cierto es que en la prensa nacional se han publicado versiones que apuntan a distintas fallas de seguridad: desde un apagón focalizado y momentáneo en un área alejada de la celda de El Chapo, hasta mensajes escritos por el propio Guzmán Loera que reflejaban una situación de angustia existencial e inestabilidad emocional. Independientemente de los motivos de este movimiento, lo cierto es que el Sr. Guzmán ha escapado dos veces de dos prisiones mexicanas de máxima seguridad. Su extradición es oportuna, pero también simboliza la debilidad de nuestro sistema carcelario.
Tercero, la extradición del capo tiene también un significado histórico. La leyenda de El Chapo comenzó en 1993 al involucrársele en el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, una de las muertes vinculadas al narcotráfico más trascendentes de la historia moderna de México (y, por cierto, que marcó el inicio de la debacle del salinismo). Sin embargo, a pesar de su arresto poco después de aquél episodio, la figura del capo sobrevivió a la crisis del viejo régimen priista, resucitó y se fortaleció durante la transición democrática y adquirió rasgos épicos durante la restauración priista. Es decir, en veinte años el Estado mexicano fue incapaz de neutralizar el poder criminal del Sr. Guzmán Loera. Más aún, durante este período, lo que presenciamos fue, más bien, el fortalecimiento del círculo criminal del Chapo, así como de los múltiples cárteles que a su sombra o en franca disputa han proliferado. Esto, además, en el marco de la guerra contra las drogas que inició en 2006.
Cuarto, la extradición del capo simboliza un fracaso social. En efecto, a lo largo de estos años, ni el Estado ni la sociedad mexicana lograron proveer suficientes marcos aspiracionales alternativos a la figura idealizada de El Chapo, en particular, pero sobre todo del “narcotraficante”, esa personaje con dinero y poder. Hoy en día, los pequeños ejércitos de niños y jóvenes que forman parte de las organizaciones criminales ven en El Chapo, y en muchos otros criminales, un modelo de vida que da sentido a sus existencias. Una gran capa de la generación actual ha crecido dentro de la cultura del narco. Los corridos, las camionetas, las armas son parte de los valores y las normas que articulan la vida cotidiana en regiones enteras de Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero. Para algunos, el narcotráfico se ha convertido en una opción de vida legítima, y deseable para otros tantos. La narcocultura ha permitido formar la enorme base comunitaria y urbana que sostiene al imperio criminal del capo, y de muchos más, que lo protegía de las incursiones militares y que protestaba en las calles ante su captura.
Extraditar a El Chapo no es señal de un Estado eficaz que cumple tratados internacionales y se apega a los procedimientos. Por el contrario, es señal de debilidad y de un enorme fracaso en revertir y solucionar los problemas públicos que han permitido que figuras como el señor Guzmán se conviertan en ídolos y símbolos legítimos.