Donald Trump, contra todos los pronósticos, salió victorioso de la contienda electoral en Estado Unidos, y con ello, las acciones prometidas contra los inmigrantes se han convertido más que en una amenaza creíble. Esto se debe a que justamente se trata del triunfo de quizás, uno de los peores actores políticos para fortalecer el discurso de respeto y tolerancia hacia los derechos humanos, particularmente de las minorías. A partir de este hecho, diversos medios de comunicación se han acercado al Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) para contar con un pronóstico y recomendaciones respecto a los retos que México podría enfrentar ante una deportación masiva de inmigrantes. Las dudas que los medios han puesto sobre la mesa, giran en torno a qué tanto podría aumentar la incidencia delictiva en ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez, en la medida que aumenten los deportados.
El que uno de los principales cuestionamientos sea qué tan negativos serán los efectos de las deportaciones de migrantes para la seguridad en México, sin lugar a dudas, me parece muy preocupante por diversos motivos. El primero de ellos, es porque se parte de que tendrá un impacto negativo y que, por ende, lo único que hace falta dimensionar es la magnitud del problema; el segundo de ellos, es la concepción de ineficacia de las autoridades mexicanas para anticiparse y prevenir dichos efectos. Desde esta perspectiva, pareciera que se le está dando la razón al presidente electo de Estados Unidos: los migrantes son delincuentes en potencia.
Desde el ONC lo decimos con toda claridad, si queremos mostrar responsabilidad como país y empatía como sociedad, es fundamental que dejemos atrás la criminalización de los migrantes. Es necesario recordar cada una de las circunstancias que impulsan a las personas a abandonar sus tierras y costumbres.
En este sentido, hay que tener presente que muchos de ellos lo hacen para progresar; porque en sus lugares de origen no hay oportunidades suficientes o bien, se carece de acceso a servicios públicos de calidad que permitan anhelar mejores condiciones de vida. Además hay otras personas que dejan atrás sus hogares, para huir de la violencia y la falta de seguridad que pone en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Simplemente basta traer a nuestra memoria aquellos casos de comunidades enteras que se han desplazado para estar a salvo aunque ello implique comenzar desde cero.
De igual manera, sabemos que no es posible cerrar los ojos a otro tipo de migraciones que tienen como objetivo la comisión de conductas delictivas como, por ejemplo, el trasiego de drogas o el tráfico y la trata de personas, para obtener ganancias económicas.
No obstante, no hay que perder de vista que detrás de cualquier circunstancia que incentive la migración, está la incapacidad del Estado, ya sea para generar ciudadanía y cultura de la legalidad o para atender las necesidades primarias de sus ciudadanos. Por lo tanto, ¿resulta válido y aceptable la criminalización de los migrantes bajo cualquier circunstancia? La respuesta es sencilla, sin embargo, pareciera que se nos ha olvidado como sociedad.
La idea de que las deportaciones de migrantes generarán violencia, puede llevarnos irremediablemente a la criminalización de personas que por uno u otro motivo han sido víctimas de un sistema que no funciona. Por otro lado, desde la perspectiva analítica, tampoco existe evidencia suficiente que permita aseverar que, en la medida que aumenten los flujos migrantes, se registrará un alza de la incidencia delictiva. Sin esa evidencia, las preocupaciones de las autoridades deben estar en cómo generar mercados competitivos que requieran de personas bien remuneradas para trabajar en los diversos sectores productivos; que existan programas que fortalezcan la construcción de ciudadanía y la cultura de la legalidad;que haya acceso a la educación y la salud pública de calidad; que se promuevan programas de microcréditos que incentiven la creación de pequeñas empresas formales; que se establezcan proyectos de vivienda popular que eviten la invasión de terrenos y los asentamientos irregulares, que terminan siendo zonas de caldo de cultivo para delinquir; y que todo esto se de en estricto apego a la ley y a los derechos humanos.
Hay que reconocerlo, tanto Tijuana como Ciudad Juárez sí son ciudades donde potencialmente hay riesgos de captación de personas en situación de vulnerabilidad por parte de grupos criminales, por eso debemos anticiparnos y actuar desde hoy, recordando que el problema no es el migrante que dejó este país por su falta de oportunidades, el problema es que tenemos una autoridad incapaz de poner orden en su territorio, poco hábil para cumplir con los objetivos de las políticas públicas, y muy capaz para desviar recursos para el enriquecimiento de unos cuantos en detrimento de la mayoría.
No puedo más que ver con tristeza cómo los EEUU optaron por la peor de las opciones: un hombre con discursos discriminatorios, violentos, misóginos, xenófobos y que cree que a la violencia se le responde con más violencia. Un candidato que parece no haber aprendido nada de la historia y que ha reducido a nuestros connacionales a un pueblo de delincuentes.
Sin embargo, lo que me preocupa no es la toma de decisiones de otro pueblo soberano, sino la falta de acciones y programas en el nuestro, la falta de estrategias y políticas que muestren que la migración es una oportunidad que debemos aprovechar, jóvenes con ganas de progresar, población que puede ser un activo económico, ciudadanos que respetan y luchan por el imperio de la ley.
En los últimos 4 años hemos escuchado mil veces hablar de colaboración y coordinación entre autoridades. Ha llegado la hora de verlo en acciones, ha llegado la hora de poder medir esos esfuerzos con indicadores comprobables que muestren cómo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial trabajan por el fortalecimiento del Estado de Derecho y la reducción de corrupción e impunidad. Es pues, hora de ver cómo federación, entidades y municipios fortalecen los servicios del Estado, generan un sistema de igualdad de oportunidades y disminución de la marginación y desigualdad, a la vez que reducen el poder de los grupos criminales y la incidencia delictiva. Ha llegado la hora de recuperar a México para los mexicanos y hacerlo un faro de esperanza para quien en su país no la encuentra.
Si esto no sucede, me temo que sí podrá haber captación de más personas por el crimen. Aún en este contexto será importante que no criminalicemos a los migrantes ya que quien los empuja hacia esa vida son los gobiernos en manos de personas a quienes no les interesa ni México ni los mexicanos.