El país sigue hundido en la violencia, las reformas estructurales impuestas por el gobierno federal y el Pacto por México no han resuelto los problemas acumulados, por el contrario, los han acentuado y han polarizado al país. La corrupción y la impunidad siguen desatadas, mientras irrumpen debates que concentran la atención nacional.

 

El tema de esta semana fue sin duda el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que amparó a cuatro personas para poder cultivar y consumir mariguana para su propio entretenimiento. Tema que, sin duda, acelera el debate sobre la legalización del cannabis en nuestro país, como ya ocurre en varios estados de nuestro vecino del norte.

 

Y si bien es cierto que este tema divide a la sociedad en dos grupos, uno que apoya la legalización generalizada de la mariguana y otro que, de manera fehaciente, rechaza dicha posibilidad, lo cierto es que en ambas partes se debe analizar y debatir sobre aspectos de legalidad, ética, impuestos, problemas sociales, daños o beneficios a la salud y un amplio margen de temas que conlleva la aprobación de dicho estupefaciente.

 

Pero, sin restar importancia al precedente que ha sentado esta histórica decisión de la SCJN, no podemos perder de vista que la integración del máximo tribunal es de vital importancia si esperamos que, como mandata la Constitución, la misma sea revestida de independencia del Ejecutivo que, como se ha demostrado en este sexenio, ha cometido excesos en corrupción revestida de impunidad.

 

Durante este mes concluye el periodo de 20 años de la ministra Olga Sánchez Cordero y del ministro Juan Silva Meza, mismos que conforme al artículo 95 de la Constitución, deben ser ocupados a propuesta del Ejecutivo, preferentemente por quienes “hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

 

Esto supondría que para la elección de los dos nuevos integrantes de la SCJN, Enrique Peña deberá priorizar la experiencia por sobre las amistades o los lazos de incondicionalidad, de lo contrario, el Estado de derecho que en México ya ha sido severamente mermado se verá aún más comprometido, ante un Estado que a nivel nacional e internacional se ha visto severamente cuestionado por sus fallas.

 

Sin embargo, como ocurriera como la Secretaría de la Función Pública, existe un gran riesgo de que las propuestas del Ejecutivo se alejen de lo mandatado por la Constitución, lo que significaría la perpetuación de la impunidad peñista no sólo por los tres años que restan de su gobierno, sino por muchos años más, poniendo en riesgo la justicia en nuestro país.

 

En México “prevalece y continúa una fuerte injerencia del Ejecutivo en el mecanismo de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que afecta la efectiva separación de poderes en el frágil sistema democrático mexicano” conforme a lo declarado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados durante su visita oficial en octubre de 2010.

 

Ante estos preocupantes resultados, y la actual situación democrática de nuestro país, expertas y expertos en la materia, organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos han solicitado que la doctora Mónica Pinto, supervise la próxima elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de México.

 

La SCJN con su actual composición han tomado algunas decisiones vanguardistas cuando se trata de libertades personales como la comentada de la mariguana (aunque fue una Sala y no el Pleno), pero ha sido sumamente conservadora para defender los intereses económicos corruptos del régimen.

 

Recordemos, por ejemplo, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de negar las consultas populares sobre la reforma energética, lo que confirmó la influencia sobre los ministros de los grandes intereses económicos que han estado detrás del despojo del petróleo, los hidrocarburos y la electricidad.

 

El máximo tribunal del país en lugar de interpretar en sentido amplio nuestra Constitución y con un criterio garantista y progresista a favor de los derechos humanos y el derecho del pueblo a participar en las decisiones trascendentes, optó por justificar el atraco como un mero asunto de ingresos, como coartada para negarle a la ciudadanía su derecho a decidir.

 

Ante la preocupante realidad que enfrentamos, en donde las violaciones a derechos humanos son constantes, en donde las autoridades no cumplen con su labor de investigar y los índices de impunidad aumentan, al igual que los índices de delitos no denunciados por la desconfianza por las mismas autoridades, la autonomía del sistema judicial que garantice imparcialidad y prontitud en sus resoluciones es vital para superar la crisis que enfrentamos.

 

La discusión sobre la posible legalización de la mariguana es de suma importancia por los posibles efectos que repercutirán en diversos ámbitos de nuestro país, pero esa decisión y otras más que favorezcan las libertades y derechos de todas y todos los mexicanos no podrán tener lugar si la Suprema Corte de Justicia de la Nación somete su libertad a la voluntad de un presidente, regresándonos a los años del peor autoritarismo.

 

Hay asuntos de extrema gravedad que ameritan decisiones y virajes. El debate sobre la legalización de la mariguana es parte del desarrollo democrático y de la urgencia por encontrar soluciones a la sangría de la lucha contra las drogas con otras alternativas. Sin embargo, y por importante que este sea no debe apagar otras discusiones nacionales, como la propia integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 



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