Una vez transcurrida la jornada electoral, proliferan los análisis que tratan de explicar los sorpresivos resultados del pasado 5 de junio y aunque se plantean diferentes hipótesis, la mayoría coinciden en que, con su voto, los ciudadanos están sancionando el ejercicio del poder público, lo que no es algo muy común en nuestro país y representa en sí una buena noticia.
En lo que no se ponen de acuerdo es en las causas o factores que motivaron el sentido del voto en estas elecciones. La iglesia católica y los grupos conservadores han aprovechado para afirmar que la ciudadanía se pronunció en contra de la iniciativa que envió al Congreso el Presidente Peña Nieto apenas dos semanas antes de la jornada electoral, por la cual se permite contraer matrimonio a personas del mismo sexo así como reconocer el cambio de identidad de género a nivel federal.
Sin embargo, no existen elementos objetivos para sostener esta afirmación y, si acaso podemos presumir que por sus características particulares, quizá tuvo alguna incidencia en Aguascalientes que ganó el PAN por estrecho margen.
Por su parte, Acción Nacional ha interpretado los resultados como la recuperación de confianza de la ciudadanía pero no queda claro que realmente la gente haya votado por este partido por ser la mejor opción, más bien pareciera que se benefició del voto de castigo hacia los gobiernos en turno, la mayoría de los cuales estaban en poder del PRI (Veracruz, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Aguascalientes).
También habría que tomar en cuenta que en tres de ellos obtuvieron la victoria en alianza con el PRD, y que perdieron en Oaxaca y Sinaloa. Otro dato relevante es que en 2010, el PAN obtuvo 4.9 millones de votos en los mismos estados, en tanto que en este año tuvo 4.1 millones lo que significa que perdió cerca de 800 mil votos.
Seguramente fueron muchos los factores que incidieron en los resultados electorales, pero en lo que no hay duda es que el tema de la corrupción jugó un papel protagónico y la ciudadanía mandó un mensaje muy claro de hartazgo con independencia del origen partidista de los “servidores públicos”. Ahora habrá que ver si los partidos lo entendieron, pues parece que cuando menos el PRI-PVEM no lo han hecho y siguen defendiendo los privilegios -y excesos- de la clase política.
Como ejemplo, basta con constatar hace apenas un par de días durante la discusión en el periodo extraordinario de la legislación anticorrupción, su rechazo a darle máxima publicidad a las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés para que la gente pudiera conocer lo que tienen y si ello corresponde a la realidad.
De igual forma, habrá que estar atentos a que los nuevos gobernadores, presidentes municipales y diputados asuman una posición firme para combatir la corrupción, la impunidad y la opacidad en sus gestiones y cumplir así con las demandas de quienes los eligieron. De lo contrario, tengan por seguro que se los cobrarán en las urnas.