Este primero de julio entra en vigor la tan esperada norma de emergencia relativa a la verificación vehicular en seis entidades político administrativas del centro del país. Sin duda trae cosas buenas, como la modernización de los procedimientos de verificación y varios candados para evitar que los verificentros sigan trampeando el sistema, al menos de la manera en la que acostumbraban hacerlo. Lo malo es que la reverberancia de los medios y las redes sociales ha generado expectativas tan grandes para la norma, que resulta inevitable que cualesquiera que sean sus resultados éstos causarán la decepción del respetable. A pesar de que ya se ha dicho que la sola aplicación de la norma no es suficiente para reducir de manera significativa la emisión de contaminantes, la expectativa del público la sigue ubicando erróneamente como la medida más importante.
En cuanto a los procedimientos, la novedad es la incorporación de un sistema que lee la computadora que deben de traer todos los vehículos posteriores al año 2006, el llamado sistema de diagnóstico a bordo (OBD por sus siglas en inglés). Se asume que la computadora del vehículo monitorea continuamente todos los sistemas de control de emisiones y que cuando alguno ha fallado la prueba de verificación podrá detectarlo, emitiendo un aviso que impedirá que el vehículo apruebe. Los sistemas computarizados de verificación y almacenamiento de datos serán controlados por las autoridades y no podrán ser manipulados por los verificentros. Según las estimaciones oficiales este nuevo procedimiento será usado en más del 50% de los automóviles que circulan en la megalópolis y el resto seguirá pasando por las pruebas tradicionales, aunque con más candados para evitar que se haga trampa.
La norma se aplica a todo tipo de vehículos, incluidos los de transporte público federal que han sido tradicionalmente tolerados y protegidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el transporte público de pasajeros, sector que también ha sido históricamente protegido y utilizado políticamente por varios gobiernos, en especial y de forma particularmente ostentosa en el Estado de México. Es por ello que la aplicación de la nueva norma presenta un inmenso reto que no será fácil de resolver, pues entre otras cosas habrá que ir venciendo toda suerte de dificultades tácitas y explícitas que las mismas autoridades federales y estatales irán poniendo a su implementación.
Pero hay algo más, como lo hemos expresado en otras ocasiones la eficacia del programa de restricción de la circulación vehicular es el resultado de una pinza formada por dos programas: el de verificación y el Hoy No Circula. Eso implica que aún en el hipotético e improbable caso de que la norma emergente se llegara a aplicar de manera impecable, las fallas de diseño en el Hoy No Circula seguirían reduciendo la eficacia de dicha mancuerna en términos de reducción de emisiones. En otras palabras, es altamente probable que si empezara a haber ganancias en reducción de emisiones derivadas de una aplicación eficiente de la norma emergente, esas ganancias seguirían siendo anuladas por otros efectos, como el incremento en el número de kilómetros recorridos que todo tipo de vehículos tendría que hacer para compensar los días que no se les permite circular.
El problema sí tiene solución, pero implica transformar el Hoy No Circula en un programa radicalmente distinto que aproveche la convergencia de las nuevas tecnologías de información y de telecomunicaciones. Por el momento la asignación de hologramas 00, 0, 1 y 2 seguirá siendo competencia estatal y por tanto los criterios no serán los mismos entre las entidades que forman la megalópolis.
Insistimos una vez más en que el problema de la contaminación atmosférica no va a mejorar mientras no se apliquen medidas de cambio estructural y se avance en la instrumentación de otras planteadas desde hace varios años, en el Proaire 2011-2020, pero que siguen en el limbo. Entre estas últimas están, por ejemplo, la publicación urgente de varias normas oficiales mexicanas que reduzcan los límites de emisiones para todo tipo de vehículos nuevos y en circulación, la sustitución masiva y sistemática de vehículos viejos de transporte público, y para la industria, la publicación de normas injustificadamente inexistentes y cambios inmediatos y de fondo en la estimación, inspección y vigilancia de las emisiones industriales.
Entre las medidas de cambio estructural, el gran pendiente sigue siendo la reestructuración de la plataforma de orígenes y destinos de las actividades que se realizan cotidianamente en la megalópolis. Los vicios perniciosos que sigue arrastrando la planeación urbana y la miopía crónica que ha caracterizado desde siempre a la política industrial en nuestro país, se han unido para propiciar un desarrollo caótico de nuestras ciudades. La estructura policéntrica de la megalópolis es altamente ineficiente porque ha evolucionado a saltos de rana, respondiendo a las necesidades inmediatas de actores económicos y a los caprichos de los gobernadores, sin que siga un plan de desarrollo regional porque éste simplemente no existe.
La ubicación casi aleatoria de grandes nodos de actividad industrial, comercial y otros servicios como los educativos y los hospitalarios, ha provocado que las necesidades de desplazamiento tanto de la población como de todo tipo de bienes generen una maraña descomunal de viajes largos en vehículos de combustión interna. El resultado lo volvemos a decir cuantas veces sea necesario: las ineficiencias ecosistémicas del caso se manifiestan como una larga serie de gigantescos costos económicos, ambientales y sociales.
Entre todos los costos ocasionados por esta situación, están por supuesto los derivados de los altos volúmenes de emisiones atmosféricas contaminantes. La contaminación es como un cáncer sutil y etéreo que merma sistemáticamente la salud de la población. Hacemos como que no lo vemos, salvo cuando el doble Hoy No Circula nos saca de nuestra zona de confort y descargamos nuestra cólera en las redes sociales. Pero la contaminación sigue allí, ha permanecido prácticamente igual durante los últimos 10 años (en lo que a ozono, partículas y quizá muchos otros contaminantes se refiere) y seguirá causando inexorablemente los mismos daños, mientras no nos decidamos a encontrar la salida de este complejo y persistente laberinto.