El presidente Peña anunció nuevas reformas constitucionales: Los municipios dejarán de tener policías y se establecerán mecanismos directos de intervención federal en caso de infiltración por la delincuencia organizada, se precisarán las competencias en materia penal, se establecerá un sistema nacional anticorrupción, entre las principales. En común, las propuestas tienen un sentido remedial, éste reside en la intervención federal, descartando la intervención de los estados. Medidas radicales para un federalismo fallido. Al enfermo grave se le echa el hospital encima.
Sin duda hay que tomar medidas y, en efecto, pareciera que los gobiernos locales son un lastre más que una solución. Sin embargo, debe pensarse, si las medidas, tomadas en un contexto de emergencia y de efectismo, conducirán al país a un mejor destino, o bien, la terapia intensiva tendrá efectos no deseados.
La decisión de constitucionalizar algo siempre supone un largo alcance en sus efectos y en el tiempo. Los cambios constitucionales están hechos para permanecer. La técnica constitucional usualmente no posibilita normas acotadas en el tiempo y sujetas a revisión (salvo los casos de suspensión de garantías y de salubridad), de manera que lo extraordinario tenderá a convertirse en ordinario. Al final del camino lo que tendremos será una centralización de poderes, lo que aparentemente es la solución. Así, pareciera ser que la supresión de las policías municipales, por su captura por el crimen, será una medida permanente, lo mismo para las multas de tránsito que para la seguridad pública.
Con el desplazamiento de facultades de los municipios y a los gobiernos estatales y de los municipios a la Federación en los casos de desaparición de los poderes de aquellos, se coloca en la estrategia de la seguridad el enfrentamiento de algunos de los efectos, pero no necesariamente sus causas.
Lo mismo puede ocurrir respecto al sistema nacional anticorrupción: Sin abundar en alguna propuesta específica pareciera referirse a la presentada por el PAN. Sin bien esta última plantea aspectos relevantes para enfrenta la corrupción, también presenta limitaciones. En particular carece de mecanismos correctivos de las causas y los condicionamientos que propician la corrupción. No se trata solamente de sancionar a los corruptos, sino de atacar y corregir lo que lo propicia.
Atender a los efectos y no a las causas, tiene una enorme probabilidad en trasladar el problema. Los gobiernos estatales y federales no son tampoco garantía de condiciones de seguridad humana y de algo más ambicioso, Estado de Derecho. Lo acontecido en estos últimos días muestra signos preocupantes de manipulación de los aparatos de seguridad, procuración y de justicia para intimidar la protesta social. El autoritarismo no es Estado de Derecho, es su negación.
Las detenciones del 20 de noviembre, las agresiones de las policías a los manifestantes, las resoluciones de los jueces del Distrito Federal, la detención de Sandino Bucio, tienden a armar un rompecabezas no de seguridad sino de arbitrariedad. El discurso de sumisión institucional del Presidente del Tribunal Superior de Justicia propicia pensar en una justicia capitalina de consigna. Los gobiernos estatal y federal no son inmunes a la infiltración de la delincuencia organizada o a cometer violaciones, y muy graves, a los derechos humanos.
La causa de los problemas es más profunda y en eso las diez propuestas son epidérmicas. Mauricio Merino lo fraseó como un problema de ética pública y acierta. El problema tiene raíces más hondas sobre los acuerdos básicos. Sobre las visiones y las acciones frente a lo público, o sea, lo constitucional. La depredación de lo público como el acuerdo fundante entre la clase política, subsiste. Las propuestas mantienen el status quo. La democracia como sistema que garantice vivir bien está en crisis, pero las reglas electorales gozan de cabal salud. Los privilegios se mantienen, las responsabilidades siguen ausentes.
Sin compromisos creíbles, las promesas convertidas en texto constitucional son publicidad engañosa. Las instituciones más que papeles u organizaciones públicas son comportamientos confiables, son acciones que en la reciprocidad abonan a ese intangible que es creer y, consecuentemente, confiar. Por ejemplo, no se puede creer ni confiar en el Jefe de Gobierno cuando un día da su anuencia a la agresión a los manifestantes y, al día siguiente, presenta una iniciativa sobre desaparición forzada de personas.
En la raíz de los problemas está la revisión, profunda, del sistema electoral. Las reglas de financiamiento, las formas de selección de los candidatos, las responsabilidades de los partidos sobre los resultados de sus gobiernos, las reglas de permanencia y renovación de sus dirigencias.
Ante el pasmo y limitación de los partidos, al margen de ellos se está desarrollando una pedagogía cotidiana de reivindicación de lo público y de una inteligencia, todavía dispersa, de reflexión y propuestas. Hay en eso un cuestionamiento radical de los resultados del actual sistema político pero también una separación de las formas tradicionales de hacer política. La interlocución política no es ya solamente entre los partidos, está esa fantasmal pero presente, sociedad civil movilizada. Se percibe en los estadios de futbol, en los teatros, en la FIL, en los corredores de Paseo de la Reforma. Es incierto si esa forma de expresión se estructurará –ojalá-, o se diluya; pero la potencia que ha adquirido reclama no solamente aquello de lo que tiene derecho: seguridad, paz, justicia; sino su inclusión como actor y destinatario de los compromisos. Demanda compromisos creíbles.