Ha transcurrido poco más de mes y medio de que iniciaron las negociaciones entre el Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para buscar soluciones al conflicto magisterial que ha afectado a importantes sectores principalmente en Oaxaca y Chiapas y en realidad es poco lo que ha cambiado.
Al termino de cada reunión en la Secretaría de Gobernación se anuncia la celebración de nuevas reuniones, mesas de trabajo o foros de consulta pero las manifestaciones y bloqueos continúan lo que, además de la desesperación de la ciudadanía, ha provocado una fuerte reacción por parte de organismos empresariales -y no es para menos si consideramos que las afectaciones han sido del orden de los 4 mil 500 millones de pesos- quienes en un primer momento amenazaron con la suspensión en el pago de impuestos y este lunes optaron por realizar un paro de actividades en la capital de Oaxaca exigiendo que se restablezca el libre tránsito, se reactive la economía y se garantice la paz social.
Ni siquiera la disposición del gobierno federal para revisar el modelo educativo ha logrado flexibilizar la posición de la CNTE, quien advierte que la única solución posible al conflicto es la cancelación de la Reforma Educativa y, al parecer, se están dando pasos en ese sentido pues de otra forma no se explica la liberación de líderes del movimiento que fueron acusados por delitos graves, el pago a maestros faltistas o la permanencia de aquellos que excedieron el número de inasistencias.
Las señales son preocupantes y aunque los representantes del gobierno insisten en que no se dará marcha atrás a la Reforma Educativa y sólo se trata de cuidar su adecuada implementación, todo indica que han sucumbido ante las presiones de la Coordinadora que poco a poco va obteniendo mayores concesiones y recuperando privilegios para sus dirigentes -que precisamente se pretendían erradicar con la Reforma-, lo cual sienta un precedente muy grave al debilitar nuestro de por si precario estado de derecho.
Sin embargo, debemos ser muy cautos para no caer en las simplificaciones, en la descalificación a priori de quien sostiene una posición distinta y en la polarización que únicamente beneficia a los radicales así como a los que han hecho del conflicto un modus vivendi.
Queda claro que la utilización de la fuerza no es el camino para recuperar la tranquilidad y para lograr que avance la Reforma Educativa como quedó demostrado en Nochixtlán, pero tampoco se puede permitir que el gobierno siga cediendo ante las amenazas y la violencia o que su estrategia para evitar que escale el conflicto -pero que no soluciona nada- sea abrir la cartera.
Si realmente queremos apostarle a un proceso de diálogo constructivo, debemos partir por transparentar dicho proceso e impedir las negociaciones en lo oscurito, garantizar los derechos de todos (libre tránsito, libre comercio, manifestación), rechazar los actos de violencia, apertura para escuchar las distintas visiones y reconocer aquellos aspectos de la reforma que pueden ser mejorados así como las vías para hacerlo, pero distinguiendo entre las que pueden constituir legítimas demandas de los maestros y los intereses de sus dirigentes. Lo que está en juego es el futuro de México, y se requiere de un gran sentido de responsabilidad y altura de miras de todos los actores empezando por el gobierno.
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