Hace unos días, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció un nuevo modelo educativo de largo aliento que buscaría la creación de jóvenes no sólo bien capacitados profesionalmente sino con espíritu crítico y creativo. Para que este nuevo modelo cuaje y revierta los malos resultados de la educación pública en el país es necesario que se den dos condiciones: primero, que los políticos encargados de implementar el modelo se comprometan con la reforma hasta el punto de asumir de forma personal los riesgos de que la misma no alcance los objetivos perseguidos; y segundo, que los maestros y profesionales de la educación asuman los postulados de la reforma y no boicoteen su ejecución. Ambas condiciones están relacionadas.
Imaginemos un país en el que sus líderes y altos funcionarios estuvieran tan comprometidos con el uso del sistema educativo como palanca para reducir las desigualdades existentes que decidieran llevar a sus hijos a colegios públicos e impusieran una mayor carga fiscal a aquellos padres que recurrieran a los colegios privados. En ese país, los incentivos económicos y el comportamiento ejemplar de los políticos animarían a las clases medias a usar el sistema público educativo, y la presión de la clase media a su vez animaría a los profesionales de la educación a esforzarse por mejorar su rendimiento. Ese es el camino virtuoso: políticos comprometidos con la defensa de la educación pública, una clase media dispuesta a exigir resultados educativos a la altura de los impuestos gastados, y unos maestros con vocación por la excelencia educativa pero conscientes de la formidable herramienta que puede ser la educación pública en la lucha contra la desigualdad.
Ojalá ese fuera el camino de Nuño. Por desgracia, el nuevo modelo educativo tiene tanta credibilidad como la declaración de inocencia del futuro diputado priísta en San Lázaro, Antonio Tarín. Si nuestros altos funcionarios lanzan panegíricos sobre las bondades del nuevo modelo educativo… para después llevar a sus vástagos a escuelas privadas, entonces la clase media mexicana buscará hacer lo mismo, lo que debilita aún más al sistema público educativo, convertido en mecanismo de último recurso para las familias más necesitadas. En ese contexto, no resulta complicado para los maestros más radicales apoderarse de sus planteles y en nombre de la defensa de lo público mantener una estructura de intereses corporativos que contribuye a la reproducción de las desigualdades existentes. Así, gobernantes y maestros se refuerzan en sus posiciones: los unos no creen en lo público y los otros se aprovechan de lo público para mantener privilegios feudales (como la herencia de plazas).
Los ejemplos abundan, pero basta con tres. Recordarán a Ricardo Anaya, el presidente del PAN, cuando presionado por sus muchos viajes al país vecino, reconoció que su familia reside temporalmente allí, para que sus hijos puedan asistir a un colegio privado gringo. El argumento de Anaya fue que “quiere dar una mejor educación a sus hijos”, así como que sus hijos tengan las mismas posibilidades que sus padres le dieron a él. Rara vez encontrará el lector una defensa tan prístina del papel del sistema educativo en la reproducción de la la desigualdad. Pero los casos también son comunes en el priísmo. Sin ir más lejos, el mismo secretario de Educación, al ser preguntado si no es paradójico que los altos funcionarios del gobierno federal que tanto empeño ponen en ejecutar la reforma no están personalmente disfrutando de sus resultados (pues llevan a sus hijos a colegios privados), el secretario respondió que la Constitución reconoce la libertad de las personas para escoger la educación que consideren más pertinente para sus hijos. Como suele decirse, hágase la ley en los bueyes de mi compadre. Y podemos acabar este retrato de nuestra clase privilegiada, con todos esos líderes de los sindicatos magisteriales (del oficialista SNTE, pero también del supuestamente radical CNTE) que recurren a los colegios privados para atender las necesidades educativas de sus hijos.
Es difícil ubicar en el tiempo la huida de la clase media del sistema de educación pública, pero es cada vez más evidente. Por ejemplo, durante el sexenio de Calderón el número de estudiantes que realizaban sus estudios de prepa en planteles privados pasó del 14 por ciento al 19 por ciento y en el actual sexenio esa cifra no parece haberse revertido (datos del INEE). Además, la correlación entre la opción privada y los ingresos familiares es de las más altas de América Latina (datos de SITEAL), lo que corrobora la naturaleza regresiva de los colegios privados. Sin embargo, la educación pública sigue cubriendo a la inmensa mayoría de estudiantes mexicanos, por lo que es casi inevitable que los gobernantes se vean obligados a legislar sobre el tema.
La respuesta del llamado “nuevo priísmo” a la decadencia del sistema de educación pública en México fue una reforma que buscaba introducir dosis de competencia en la estructura pública docente al debilitar los recursos clientelares del magisterio disidente. A pesar de contar con el apoyo del oficialismo sindical y de la mayoría de la opinión pública, la reforma se ha ido ahogando en sus propios errores frente a la combativa oposición de la CNTE y la abrumadora deslegitimidad del gabinete de Peña Nieto. El argumento ganador de la CNTE es que la reforma persigue una agenda oculta para privatizar la enseñanza pública. Por mucho que los altos funcionarios de la Secretaría de Educación nieguen la mayor, lo obvio es que no confían en la educación pública (porque no la usan) y además existe suficiente evidencia de priístas envueltos en escándalos de puertas giratorias como para imaginarse que una hipotética privatización de escuelas (en forma de chárter o algo por el estilo) podría acabar beneficiando a estos mismos servidores públicos que aprobaron la reforma educativa.
Si ni PRI ni PAN pueden empujar la reforma educativa porque no son creíbles sus declaraciones de amor a la educación pública, ¿quién podría? En ciencia política solemos decir que algunos partidos poseen el control de determinados asuntos públicos (issue ownership, en jerga). Por ejemplo, en materia de seguridad, los votantes suelen confiar en la derecha, mientras que en asuntos redistributivos dan más valor a la izquierda. Así, cuando hay que hacer recortes al gasto militar, los gobiernos de derecha tienen más capacidad para llevarlos a cabo (porque nadie dudará de que un gobierno de esta ideología sólo recorta el gasto cuando es inevitable) y lo mismo cabría decir sobre recortes al gasto público con gobiernos de izquierda. Si asumimos que AMLO tiene cierto predicamento sobre los sectores con más capacidad de bloquear las reformas educativas (como la SNTE), ¿podría desde la Presidencia ser capaz de pasar con éxito una reforma educativa que introduzca dosis de rendición de cuentas en el reclutamiento de maestros y gestión de los colegios sin despertar a la fiera disidente? Si AMLO propusiera un paquete de mayor gasto público en sueldos de maestros e infraestructura educativa, con desincentivos fiscales para los colegios privados (fin a las desgravaciones por colegiatura) y el compromiso personal de sus altos funcionarios por los planteles públicos, la reforma socialmente funcionaría. Los cañonazos priístas que tan exitosamente amansaron al Sindicato de Petroleros podrían también servir, en manos de AMLO, para domar al magisterio rebelde.