Durante los tres periodos de sesiones de la 62 Legislatura se han promulgado once reformas constitucionales y a dos más, las reformas político-electoral y en materia de transparencia, ya se les ha dado declaratoria de constitucionalidad en el Congreso. Cambios que en su conjunto alteran radicalmente el sentido y alcance de nuestra Carta Magna.
Este proceso de cambio constitucional no ha estado libre de conflictos y turbulencias. En ese mismo periodo hemos podido observar el choque de la izquierda con los demás partidos al respecto de la apertura del sector energético, la movilización de la CNTE en contra de la evaluación educativa, el rechazo de organizaciones sociales al manoseo legislativo en materia de transparencia y los cuestionamientos de especialistas y funcionarios electorales ante la reingeniería de nuestro sistema electoral.
A pesar de la relevancia de las reformas constitucionales aprobadas, este es un proceso todavía inconcluso. En la mayoría de los casos está pendiente aprobar las leyes secundarias a través de las cuales los mandatos generales deberán traducirse en modalidades específicas para la regulación y el diseño de nuevos organismos públicos.
En muchos sentidos esta etapa es más compleja técnica y políticamente que el proceso de cambio constitucional. Es en este momento cuando los actores que ven afectados sus intereses y privilegios, se movilizan para revertir los cambios, acotar su impacto o promover modificaciones legales que no lleguen a tener efectos, como se dice coloquialmente, para que la legislación aprobada no tenga “dientes”.
Desde esta lógica, el periodo legislativo que comienza en unos cuantos días estará marcado por la necesidad de reglamentar reformas constitucionales de distinta naturaleza y complejas en sí mismas, el carácter simultáneo en que deberán modificarse y crearse múltiples leyes secundarias, las presiones políticas, económicas y sociales a las que estarán sujetos los legisladores, así como por las expectativas de que la nueva regulación cumpla efectivamente con los mandatos establecidos en las reformas constitucionales.
Pensemos que en los próximos meses el Congreso deberá crear al menos:
1) Un nuevo marco legal para la operación del sector de las telecomunicaciones, regular la competencia económica y reglamentar el derecho de réplica.
2) La Ley orgánica del CONEVAL ahora en su carácter de órgano constitucional autónomo.
3) La legislación para definir los contratos para la participación privada en el sector energético, la reingeniería de Pemex y CFE como empresas públicas productivas, el marco jurídico de la Comisión Reguladora de Energía, La Comisión Nacional de los Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente y el Fondo Mexicano del Petróleo, entre otras.
4) Leyes generales en materia de transparencia y protección de datos personales y actualización de diversas leyes relacionadas, en cuanto se promulgue la reforma en materia de transparencia.
5) Leyes generales para regular a los partidos políticos nacionales y locales, así como los procedimientos, la propaganda y delitos electorales. Además materializar la transformación del IFE en el Instituto Nacional Electoral y aprobar la legislación pendiente en materia de consulta popular y candidaturas ciudadanas. Lo cual tendrá que hacerse a contra reloj para que pueda entrar en vigor para las elecciones de 2015.
6) Continuar con el proceso de dictaminan del Código Nacional de Procedimientos Penales.
A lo cual cabe añadir que el Congreso viene arrastrando mandatos incumplidos desde legislaturas anteriores. Sólo por mencionar el caso más notorio, hace año y medio que venció el plazo constitucional para crear la legislación reglamentaria a la reforma en materia de Derechos Humanos.
El carácter simultáneo y la complejidad del contenido de esta agenda, perfilan un periodo legislativo intenso y muy conflictivo. Pero también nos advierte de los riesgos que implica modificar y crear con prisa múltiples tipos de leyes que tendrán impacta en muy diferentes ámbitos de la vida nacional. Si bien es indiscutible materializar los cambios, pues sin leyes secundarias las reformas constitucionales son sólo buenos deseos, tampoco es deseable la legislación improvisada o al vapor.
El periodo de sesiones dura escasamente tres meses y cada paquete de legislación secundaria involucra aspectos técnicos muy particulares, afecta intereses políticos y económicos específicos y redefine la dotación de bienes públicos. No basta con crear cualquier tipo de ley secundaria para concretas “buenas reformas”, es necesario ponderar sus consecuencias, analizar sus costos y beneficios, redefinir mandatos y responsabilidades, establecer nuevos esquemas de coordinación y mecanismos de política pública, así como armonizar coherentemente leyes interrelacionadas.
No podemos darnos el lujo de reformas fracasadas por leyes secundarias mal diseñadas. Los legisladores tienen la responsabilidad de discutir cuidadosa y objetivamente el contenido de cada una de estas reformas y analizar sus consecuencias a través de la deliberación parlamentaria, pero también escuchando la voz de especialistas, organizaciones sociales y organismos empresariales. La prisa en este caso no es necesariamente buena consejera. El diablo está en los detalles y ya hay demasiados demonios sueltos.
@ja_leclercq