Las palabras pronunciadas hace unos días por el General Salvador Cienfuegos, colocaron nuevamente en la agenda pública un tema sumamente controversial y que por tanto ha generado múltiples reacciones principalmente en políticos, analistas y organizaciones de la sociedad civil. En síntesis, el secretario de la Defensa Nacional afirmó que la labor del Ejército no es perseguir delincuentes puesto que no estudiaron para ello y su formación es otra, que la inseguridad no se resuelve a balazos, y que sería el primero en levantar las dos manos para que los militares regresen a los cuarteles y reanuden sus tareas constitucionales.
Visto nada más así, me parece que nadie podría estar en desacuerdo con la postura fijada por el General Secretario, pero en realidad tiene un trasfondo que no debe pasarse por alto pues además de que representa una justificada crítica a las autoridades civiles por haber incumplido con su responsabilidad en materia de seguridad pública, también encierra una velada advertencia a la clase política: si no les proporcionan un marco jurídico que de sustento a su participación en estas tareas que no les son propias, podrían pedir que de plano se les releve.
La respuesta no se ha hecho esperar -seguramente estas declaraciones pusieron a temblar a más de un funcionario del gobierno- pues es un hecho que seguimos sin contar con policías bien preparadas, confiables y suficientes para hacerse cargo de la seguridad en diversas regiones del país que son controladas por la delincuencia organizada, e incluso ya se habla de la posibilidad de cancelar las vacaciones decembrinas de los legisladores y convocar a un período extraordinario con la intención de aprobar las iniciativas que se han presentado para regular el artículo 29 constitucional así como en materia de “seguridad interior”.
El dilema que tenemos enfrente no es menor, aunque se han alzado algunas voces exigiendo que se le tome la palabra al General Cienfuegos para que los soldados regresen a los cuarteles –con las que en principio muchos podríamos coincidir-, es una decisión que no se puede tomar a la ligera ante la situación de inseguridad, violencia y abandono que prevalece en amplias zonas del territorio nacional.
Si bien es cierto que atendiendo a una dura realidad -que evidencia el fracaso de los políticos quienes ya hasta dan pena cada vez que anuncian por centésima ocasión la depuración y profesionalización de las policías-, la presencia del Ejército en estos momentos es necesaria y se debe legislar al respecto, esta debe ser temporal y constituiría un grave error ceder ante las presiones y responder con prisa a un tema tan delicado que requiere que se le aborde con suma responsabilidad.
Debe quedar muy claro que la excepción no puede convertirse en regla, que la militarización del país no es solución, que no se les puede dar carta abierta para actuar sin límites y que aunque a muchos no les guste, el respeto a los derechos humanos tiene que ser una premisa.