“Lo decimos con claridad: No vamos a descafeinar ninguna reforma constitucional” [1].
La denominada iniciativa “Ley 3 de 3” cumplió con la expectativa. Las organizaciones e instituciones de la sociedad civil lograron, en el tiempo muy corto asignado, obtener el respaldo de casi 300,000 firmas, es decir más del doble de las firmas requeridas por su aval por la norma constitucional.
El pasado jueves los representantes de las organizaciones que promovieron y respaldaron la iniciativa, la entregaron formalmente al Senado de la República para que se inicie el proceso de validación de firmas correspondiente por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). De lograr la aprobación del Instituto, se podrá formalmente dar inicio al trámite ordinario en el Senado, como Cámara de origen.
Entre los beneficios de la iniciativa ciudadana, está lo de poner en la mesa de negociación justo los elementos que han caracterizado su campaña promocional: la obligación, por parte de los servidores públicos de presentar las tres declaraciones, la patrimonial, la fiscal y la de conflicto de intereses [2].
Lo cual señala claramente, por parte de la sociedad civil organizada, que solamente el escrudiño público puede, hoy en día, contener los actos de corrupción e incrementar sus costos por parte de los servidores públicos.
Sin embargo, cabe señalar que la publicidad de las declaraciones se asemeja, mutas mutantis, al uso del Periscope para denunciar los abusos de los servidores públicos o las faltas de civilidad por parte de los ciudadanos.
En los dos casos, el aspecto más importante no es lo señalar una infracción o una falta para que se dé inicio al procedimiento sancionatorio correspondiente; esto, debido a la crónica omisión y/o incompetencia de las autoridades correspondientes.
El elemento más relevante lo constituye el espectáculo, sea esto el escándalo de declaraciones inverosímiles o, peor aún su omisión, o la manifiesta violencia y prepotencias cometida por el funcionario en turno.
El linchamiento virtual es el último recurso de una sociedad que ha perdido, justamente, la fe en sus instituciones.
La justicia no puede venir, hoy, de otra manera.
¿Cuáles son las consecuencias?
La falta de contrapesos deja al ciudadano, sea esto un funcionario o un común mortal, a la merced de un teatro en donde lo que cuenta es lo que se ve, o se esconde, en una pantalla o en un simple documento.
Cuando una sociedad cede su confianza al espectáculo, en un terreno tan delicado como la impartición de justicia, estamos en la antesala de la más crasa demagogia.
Por ello, la iniciativa ciudadana no puede quedarse únicamente como un acto mediático, sino que deberá servir para crear aquel contrapeso, institucional y creíble, para que, en las palabras de Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, podamos: “estar al final de un largo invierno: hemos decidido pasar de la indignación y el dolor a la acción cívica”.
Twitter: @EhrmanR
[1] Declaración del Sen. Roberto Gil Zuarth en el acto de recepción de proyecto de iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3).
[2] Artículo 10, fracción XIV, del proyecto de iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3).