Main logo

Justicia militarizada

La Fiscalía General de Justicia Militar permitirá a militares y marinos ingresar a domicilios particulares y a oficinas gubernamentales.

Por
Escrito en OPINIÓN el

Fuera de tiempo, con una cruenta guerra antinarco que suma decenas de miles de civiles asesinados y desaparecidos, cientos de militares, marinos y policías ejecutados, poblados arrasados por la violencia, instituciones de seguridad desprestigiadas a más no poder y el aplastamiento de las garantías individuales. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) logró que la Cámara de Diputados aprobara trascendentales reformas en materia de justicia militar que, a su vez, impactarán en el ámbito de la justicia civil.

 

El pasado jueves, diputados federales aprobaron reformas al Código de Justicia Militar y dieron luz verde a la creación de un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales. Estas reformas darán como resultado la creación de una Fiscalía General de Justicia Militar, instancia que revolucionará el papel y la participación de los militares en la estrategia de combate a la delincuencia organizada.

 

Los cambios alcanzados serán importantes para el accionar inmediato del ejército, porque implicarán su participación paralela a la de las autoridades civiles en la lucha contra el crimen organizado en una ruta que terminará formando una pinza operativa y jurídica sobre las organizaciones criminales.

 

Con la creación de la Fiscalía General de Justicia Militar, la Sedena se acerca más al ansiado escenario que secretarios como Clemente Vega y Guillermo Galván pedían y luego exigían para  proteger (y protegerse) jurídicamente a sus soldados de las complicaciones, excesos y daños colaterales de la guerra calderonista.

 

Con la fiscalía se creará la figura del juez de control, que podrá obsequiar órdenes de cateo para que militares y marinos ingresen a domicilios particulares y a oficinas gubernamentales cuando se trate de recabar pruebas o de buscar y detener a presuntos responsables de delitos de disciplina militar, relacionados con la actividad de los grupos de delincuencia organizada, así como homicidios dolosos y otros delitos graves y violentos cometidos con armas de fuego (de uso exclusivo de las fuerzas armadas) y explosivos.

 

El esquema constituye un avance sustancial en las aspiraciones militares y navales para insertarse de lleno en el aparato de investigación policial que encabeza la PGR, el CISEN y la Policía Federal.

 

En su momento, el general Galván pidió abiertamente a legisladores federales estas atribuciones para que las unidades militares pudieran iniciar sus propias indagatorias en forma paralela a la de los cuerpos policiacos.

Sus peticiones no prosperaron. Le tocó el turno de presionar y avanzar al general Cienfuegos, con resultados positivos aunque incompletos.

 

A contracorriente de los cambios que se avizoran en materia de justicia militar y combate a la delincuencia organizada, diversas organizaciones civiles y activistas advierten que la posibilidad de que soldados y marinos puedan catear domicilios y oficinas amparados en órdenes obsequiadas por jueces castrenses, es un escenario que perfila, en el corto plazo, un Estado fascista, totalitario, en el que bajo el pretexto del combate a los cárteles de la droga se podrán violar de manera sistemática y justificada los ya de por sí fracturados derechos humanos en México.

 

En los hechos, nos acercaríamos a la aplicación de una justicia verde, una justicia militarizada en al que las fuerzas armadas se alejan cada vez más de su regreso a los cuarteles.

 

@JorgeMedellin95 

@OpinionLSR