La Justicia Cotidiana como se refiere en el Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en abril de 2015, implica  el “conjunto de instrumentos y mecanismos que dispone o apoya el Estado para resolver directamente los conflictos de los ciudadanos con otros ciudadanos y, en algunos casos, de éstos con las autoridades públicas”[1].

 

Este término surge a raíz de un estudio empírico que realizó Volkmar Gessner sobre la situación de la administración de justicia en nuestro país, en relación con las controversias de derecho privado, incluyendo los conflictos individuales de trabajo, y que fue retomado por los investigadores del CIDE.

 

Como se refiere en dicho Informe, la función social de la “justicia cotidiana” es “el tratamiento de conflictos sociales abiertos”[2]. Justicia significa tratar a todos por igual conforme a Derecho, y cotidiano se refiere a lo que se hace periódicamente o a diario.

 

Por lo anterior, “justicia cotidiana” significa que el Estado tendría que apoyar a todos los ciudadanos a resolver los conflictos del día a día que se dan entre un ciudadano y otro; y entre este y los servidores públicos, a fin de evitar que los individuos hagan justicia por su propia mano, asimismo, los ciudadanos no pueden ejercer violencia para reclamar su derecho, conforme a lo señalado en el artículo 17  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Sin embargo, dentro de este nuevo concepto que se da al vocablo “justicia” no se contempla la justicia penal, toda vez ésta “implica el uso legítimo de la fuerza del Estado para sancionar conductas que alteran la vida social[3]”. En este sentido, todo aquello que no es penal, es justicia cotidiana. Y en este caso, la materia electoral no puede concebirse como justicia ¿“cotidiana”? porque no es algo que vivan a diario los ciudadanos; y tampoco es justicia penal, entonces: ¿Sería justicia “no cotidiana”?

 

En el México que vivimos, no hace falta crear nuevos conceptos para explicar los constantes cambios y comportamientos que se están dando en la sociedad, y en consecuencia en la actuación del Estado como garante de la protección al individuo.

 

Lo que hace falta es establecer mecanismos y trazar las pautas para erradicar las barreras a las que se enfrentan diariamente los ciudadanos y ciudadanas de este país, para acceder a una justicia pronta y expedita, cuando sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos se vean vulnerados.

 

Flor de loto: El servicio público requiere vocación de servicio, y no la ambición de quien ejerce “poder”.

 

Twitter: @drarmandohdz

 

[1] Consultado en: Justicia Cotidiana PDF, pág. 9

[2] Ibidem

[3] Ibidem pág. 15



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