El Informe que el CIDE ha presentado sobre los Foros de Justicia Cotidiana al presidente de la República muestra un panorama con más que lamentar y mucho por hacer. Hay ineficacia en las instituciones, incertidumbre y desconfianza en la población. Si por ejemplo, para resolver un conflicto de arrendamiento los tribunales se tardan años, no solamente se pierden los recursos de las personas que tienen que litigar, sino se pierden recursos valiosos para la riqueza social y, queda la percepción, de que los recursos de los contribuyentes destinados a las instituciones de justicia son un gasto inútil.
Sin embargo, el problema no está solamente en los tribunales. El Informe destaca que hay un serio problema en las administraciones públicas, particularmente las estatales y municipales y en la profesión jurídica. La atención de primera mano, la ventanilla, el trámite administrativo así como los abogados como expertos que operan con el conflicto legal, tienen también severos problemas en su desempeño. La regulación de la responsabilidad de los abogados.
El informe que resume y ordena lo obtenido en 15 foros, a las que acudieron 425 expertos, se recibieron 485 testimonios y se generaron 600 propuestas que puede ser consultadas aquí.
Luego de un proceso de ordenación y de síntesis, el Informe presenta 217 propuestas cuyo análisis y posible instrumentación se dirige a los gobiernos federal, estatales y municipales. El propósito es perfilar elementos para una política pública de acceso a la justicia de corto, mediano y largo plazo.
En muchos casos es posible resolver los problemas con soluciones sencillas. Por ejemplo, para propiciar soluciones más prontas en la administración y evitar litigios ante los tribunales, bastaría cambiar una circular que obliga a las oficinas jurídicas del gobierno a litigar hasta las últimas instancias asuntos perdidos. En otros casos el esfuerzo es mayor, pero en el que las instituciones son la pieza para hacer el cambio: la cultura de la legalidad, por ejemplo, requiere de mejorar la información a la población sobre sus derechos, pero también de una pedagogía en la aplicación consistente y clara de la ley.
Finalmente, el Informe presenta 20 propuestas para un plan de acción.
Al Ejecutivo Federal, como gobierno nacional, tiene una función de liderazgo y se le propone entre otras cosas: Formular una estrategia para crear una cultura de derechos; profundizar la política de mejora regulatoria; facilitar la solución de conflictos con las administraciones; priorizar la protección al consumidor y el uso de tecnologías; acelerar la oralidad en materia mercantil; crear el defensor de los emprendedores para pequeñas y mediana empresas; mejorar los instrumentos de defensa de los derechos de sectores vulnerables, en especial de las trabajadoras domésticas y migrantes.
A los gobiernos de los tres niveles: Mejorar las instancias de coordinación entre impartidores de justicia y mejorar sus condiciones institucionales; reducir la marginación jurídica; ampliar el uso de la mediación y conciliación como métodos para resolver conflictos; crear protocolos para las escuelas dirigidos a tratar conflictos; propiciar la justicia de barandilla e itinerante en las comunidades; policía de proximidad; revisar profundamente la regulación de la profesión jurídica; examinar la operación de las juntas de conciliación y arbitraje.
La información presentada en el documento, así como las propuestas contenidas, son un punto de partida, para algo mayor.
No hay que olvidar, por si fuera necesario refrescar la memoria, que el esfuerzo que se ha realizado por el CIDE y 17 instituciones educativas, tiene en Ayotzinapa su motivo.