Durante los últimos tres años, un grupo de ciudadanos ha llevado al seno del poder judicial en México una discusión necesaria, urgente y científica: la reforma de la política de drogas.

 

Desde el 17 de febrero de 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas legalizó la planta del cannabis por primera vez en México -por escasos seis meses antes de recibir una fuerte presión del extranjero para retractar la decisión-, y hasta hoy, un sinnúmero de políticos y legisladores han intentado modificar el paradigma prohibicionista.

 

Ninguno de estos esfuerzos había hasta ahora rendido frutos trascendentales. Tampoco lo ha hecho hasta ahora la prohibición de las drogas. De hecho, hoy México tiene una tendencia a la alza en la prevalencia del consumo, así como mayor acceso a sustancias más baratas y de mayor impacto orgánico. Es decir, hoy estamos peor que cuando empezamos a prohibir las drogas.

 

No conformes con los pobres resultados de la política prohibicionista, quienes defienden el status quo con respecto a las drogas deben hoy explicar los inmensos impactos negativos de dicho régimen. O como les llama la ONU, las “consecuencias no intencionadas” de la prohibición de las drogas.

 

Estos costos no son menores y en México los hemos vivido de manera muy personal. El número de personas muertas y de estudiantes, reporteros y civiles desaparecidos habla por sí mismo. Pero las consecuencias negativas afectan también el desarrollo y la seguridad internacional, la salud pública al no tratar enfermedades y muertes prevenibles, y los derechos humanos a través de las violaciones, el estigma y la discriminación.

 

La política prohibicionista afecta también la sustentabilidad del medio ambiente, el combate real al crimen organizado y la eficiencia del gasto público. Finalmente, la prohibición de las drogas merma la estabilidad del Estado, la democracia y la gobernabilidad.

 

Todos estos costos fueron expuestos a detalle el día de ayer en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los cinco ministros que la componen. Es decir, hubo un acuerdo unánime sobre los altos costos que paga México por prohibir las drogas, incluyendo a la planta del cannabis.

 

En respuesta a la demanda de amparo presentada por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante A.C., cuatro de los cinco ministros se pronunciaron a favor del proyecto. Esto es, votaron a favor declarando la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que prohíben la siembra y posesión para consumo personal.

 

A pesar de lo que muchos titulares han dicho alrededor del globo, la decisión únicamente da permiso a los cuatro quejosos que conforman la asociación civil. Es decir, México no ha legalizado el consumo lúdico de la mariguana. Con esto no le quiero restar ningún gramo de importancia al histórico hecho que llevó a cabo la Corte, muy por el contrario.

 

Hoy México despierta dando el primer paso de lo que se prevé será un largo camino. El sol da sus primeros rayos a lo que ha sido por 75 años un experimento fracasado y oscurantista: la prohibición de la mariguana. Hoy se ha agotado la retórica prohibicionista y comenzamos a construir una nueva política de drogas.

 

El nuevo camino debe consistir en devolver al ser humano al centro de nuestro interés, muy por encima del control de una sustancia. Debemos empedrar este nuevo trayecto de respeto absoluto los derechos humanos, garantizando la libertad individual, el derecho a la educación y el derecho al goce del máximo nivel posible de salud física y mental.

 

Esto significa, de hecho, dejar de utilizar el aparato de justicia penal para lograr objetivos comunes de salud pública. Significa regresarle al Estado su capacidad de regulación en un tema que le ha sido ajeno por demasiado tiempo. A partir de ello, yo espero, comenzaremos también a reconstruir nuestro estado de derecho, nuestra gobernabilidad y un futuro de armonía y paz para las y los mexicanos.

 

@AramBarra



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