La fuga de El Chapo Guzmán es un acontecimiento que pone en jaque no sólo al sistema penitenciario y de justicia penal, sino que nos revela la fragilidad de las instituciones fundamentales del Estado mexicano y deja al descubierto la vulnerabilidad y disfuncionalidad del sistema. Asimismo, muestra la incapacidad manifiesta de un régimen que hizo de la captura del capo uno de sus logros más preciados, de hecho, el signo más notorio del regreso del PRI al poder de la mano de una clase política envuelta en la soberbia de los que sí saben gobernar, con un talante tan arrogante que sólo se compara con la grandeza de sus limitaciones.

 

La espectacular fuga y la increíble historia que le acompaña dejan al descubierto que el túnel que penetró el penal del Altiplano, recinto de máxima seguridad, es más largo y más profundo que los mil quinientos metros de longitud y los diez de profundidad que dio a conocer el comisionado de seguridad. Está claro que el agujero de corrupción y complicidades que supone el inusitado acontecimiento atravesó de parte a parte al sistema, horadó la estrategia nacional del gabinete de seguridad y a algunos de sus integrantes, de manera especial al titular de la política interna y su mega estructura; y, de plano, alcanzó al presidente de la República, quien había asegurado en febrero del 2014, que la fuga estaba descartada y que sería imperdonable que algo así ocurriera nuevamente. Pues aquí estamos, observando como la realidad superó a la ficción. Lo cierto es que El Chapo se esfumó, se hizo agua, como el discurso y el aparato oficial de autosuficiencia para retenerlo.

 

Un hecho así, capaz de mover el eje de rotación del sistema político y de marcar un punto de inflexión en la agenda nacional, implica múltiples repercusiones. La primera es en el entorno cercano al presidente, en el Core Team de Los Pinos, que de facto ha concentrado las funciones de todo el gabinete hasta el punto de cuestionar y suplantar sus facultades y responsabilidades legales y de hacerlo parecer ausente y extraviado. Repercute hacia el gabinete de seguridad y su estrategia de seguridad, una y otra vez contrastada con el gobierno anterior y exaltada como la panacea del nuevo régimen.

 

Ante todo esto, no han faltado las voces que claman por cambios inmediatos y por el arribo de los que sí saben, muchos de ellos esperanzados en que se abra la nuez presidencial para permitir la llegada de Manlio Fabio Beltrones y su equipo de operadores para darle salida al sexenio y de paso despejar el camino hacia el 2018. Por supuesto que se requieren cambios de estructura y estrategia, lo grave sería que no ocurrieran o que sucedan bajo la presión de la sucesión presidencial, aunque todo indica que así será.

 

La segunda repercusión es al sistema de justicia penal y de seguridad. Es sabido que la inseguridad pública y la violencia que genera la delincuencia organizada y la del fuero común es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la sociedad y sus gobiernos, a pesar de que se pretenda minimizarlos con el silencio mediático. No sobra resaltar que también las instancias encargadas de la seguridad y de la procuración y administración de justicia están rebasadas y plagadas de opacidad, ineficiencia y corrupción y que, en particular, el sistema de justicia penal es obsoleto y es lenta la implementación del nuevo sistema acusatorio adversarial; a propósito de lo ocurrido, es muy grave y notoria la inoperancia y cooptación del sistema penitenciario mexicano, dominado por conocidas células de autogobierno al servicio de la delincuencia.

 

No es exagerado decir que en ese micro cosmos conformado por 418 centros penitenciarios, incluidos los de máxima seguridad, se recrea toda la cadena de corrupción, violación a los derechos humanos  e impunidad que permea al sistema de justicia y que fractura al Estado de derecho en nuestro país. A todo esto, el 2016 está a la vuelta de la esquina y no se ve para cuando pueda estar funcionando en todo el país el nuevo sistema de justicia penal.

 

Una tercera repercusión es a la imagen internacional de México, ya muy deteriorada por los recientes hechos de corrupción como la Casa Blanca de la familia presidencial y los eventos sangrientos ocurridos en Iguala y Tlatlaya, por citar los más relevantes. En el caso de esta fuga el efecto va más allá del ridículo mundial, pues impacta la cadena internacional del crimen al tratarse del distribuidor de droga más importante del mundo -The top drug lord- con un alcance a más de 100 países según reportes especializados y de inteligencia. Es previsible la afectación en las relaciones con los Estados Unidos y el deterioro de los mecanismos de cooperación bilateral, a pesar de las declaraciones públicas que mostraron inmediata disposición de los norteamericanos por lograr la re-aprensión, toda vez que al fallar la estrategia y al negar la extradición del capo, se quebró la confianza en el gobierno mexicano.

 

Como se puede advertir, tal y como se consignó en el documento de conclusiones de la última reunión de la Internacional Demócrata de Centro -IDC- celebrada en días pasados en nuestro país bajo los auspicios del Partido Acción Nacional, estamos ante un hecho lamentable que impacta significativamente uno de los temas más relevantes de la agenda global como lo es el narcotráfico, concebido como amenaza real al sistema democrático, a la paz y la estabilidad mundial.

 

Por tanto, la respuesta del Estado mexicano debe ser de ese tamaño y sin titubeos, lo que sigue es cerrar filas ante una amenaza global, fortalecer las instituciones con decisiones oportunas y acertadas tanto en el diseño de las mismas como en la integración de los equipos centrales del gobierno y, sobre todo, en la construcción de una alianza con la sociedad que sea más fuerte que las partes y que trascienda a la anécdota y al suceso.

 

@MarcoAdame

 



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