México no es una isla ni puede vivir en la autarquía ni en el aislacionismo frente a una comunidad internacional cada día más enfocada al tema de los derechos humanos. Nuestro país ha suscrito diversos tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que le obligan a cumplir con sus disposiciones.

 

Frente a un consenso generalizado en los organismos internacionales de que México vive una violación generalizada a los derechos humanos y que prevalece la impunidad las respuestas del gobierno federal han sido sumamente desafortunadas, reflejando cerrazón, intolerancia y el miedo al escrutinio internacional. Se reedita un discurso anacrónico propio de la guerra fría y la década de los setenta por decir lo menos. Vivimos un grave retroceso.

 

“Las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos, las soluciones que vengan de fuera sustituyendo las obligaciones de los mexicanos son siempre salidas fáciles que conducen al fracaso”. Con esta frase, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desestimó el informe preliminar presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, tras una semana de visita in loco (observación de terreno) a México, concluyó que existe una grave crisis de derechos humanos en nuestro país, caracterizada por una extrema situación de violencia e inseguridad, falta de acceso a la justicia e impunidad.

 

Campa Cifrián afirmó que el informe preliminar no refleja la situación general del país, pues se circunscribe a zonas y regiones del país en donde se tienen enormes retos como en Guerrero, pero el caso de Ayotzinapa es una situación extraordinaria que no tiene posibilidad de compararse con otra en el país ni por ella se puede considerar que la situación es generalizada a nivel nacional.

 

Pero esta no es la primera vez que el gobierno mexicano, a través de alguna dependencia del gobierno federal, se niega a aceptar las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. Apenas el pasado mes de marzo, Juan Méndez, relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó que en México, la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son ‘‘generalizados’’ y ocurren en un contexto de impunidad.

 

En su reporte señaló que hay evidencias de la ‘‘participación activa’’ de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de ‘‘tolerancia, indiferencia o complicidad’’ por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

 

Incluso, señaló que muchos casos ni siquiera se denuncian por temor a represalias o desconfianza, y existe la tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad.

 

Estas declaraciones también fueron rechazadas por el gobierno mexicano en voz de Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, con el respaldo del propio Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, quien incluso puso en tela de juicio la reconocida trayectoria internacional del relator Juan Méndez.

 

Sin embargo, los acontecimientos diarios en nuestro país ponen en evidencia una verdad escalofriante: No es necesario que el gobierno reconozca la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos, las mujeres y hombres que habitamos México lo sabemos porque padecemos día a día sus consecuencias.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha informado 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. De igual forma, señaló que las salvaguardas son débiles, especialmente para detectar e impedir la tortura en los primeros momentos de la detención y asegurar su investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva.

 

A esta situación debemos ahora sumar las declaraciones del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  Zeid Ra’ad Al Hussein, que simplemente refuerzan lo dicho por la CIDH y lo que hace 4 años esa misma oficina había concluido sobre México: “Para un pai´s que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tra´nsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y nin~as son abusadas sexualmente o se convierten en vi´ctimas de feminicidio. Y pra´cticamente nadie ha sido condenado por dichos cri´menes”.

 

Todas las autoridades internacionales coinciden, esta situación se ve agravada por la impunidad que impera en todo el país, entidad por entidad. La indiferencia de las autoridades para con las víctimas, las orilla a no denunciar, a guardar silencio, a que los delitos aumenten o no se conozcan en su verdadera dimensión y a que se repitan una y otra vez.

 

El jueves pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, publicó en Twitter: “Exhorté a las y los legisladores a acelerar esfuerzos en tres áreas prioritarias: Transformación de la justicia penal, seguridad y #DDHH”. Sin embargo, el gobierno ha sido más que omiso en cumplir con las leyes existentes en la materia y en profundizar e impulsar los alcances de la importante reforma en materia de derechos humanos del año 2011.

 

Es urgente y apremiante que se sigan impulsando los cambios necesarios para evitar los delitos que violan los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos, pero es apremiante que el gobierno federal así como cada gobierno estatal y municipal entienda que la profesionalización de los cuerpos policiacos y la investigación adecuada de los delitos son claves primordiales para lograr avances que combatan la impunidad y mejoren la vida de quienes habitamos en nuestro país. 

 

@RicardoMeb



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