Lo peor que le puede pasar a un individuo es perder su instinto de sobrevivencia; que sus alarmas intuitivas no reaccionen al peligro. Cuando así sucede, puede que el sujeto crea que resuelve, cuando complica su situación; que triunfa, cuando profundiza su tumba; que se salva, cuando se condena.
A Osorio Chong le sorprendía la semana pasada, cuando se le incendió el frente empresarial (uno más), que los reclamos patronales se dieran cuando el conflicto con la CNTE empezaba a dar resultados.
Los sorprendidos seguimos siendo quienes vemos que la beligerancia del levantamiento embozado en CNTE no cede y su extorsión se dilata y eterniza. Antier, en abierta burla, estos sinvergüenzas rompieron las múltiples mesas puestas a su disposición, para realizar “la valoración política de la situación de cerrazón que está mostrando este gobierno nefasto, para realizar las acciones conjuntas de la CNTE y demostrar la fuerza de nuestro movimiento.” Ergo: queremos más y nada nos va a detener. ¡Vaya rumbo de la solución!
Ya aquí señalamos que el mayor costo no son ni las dadivas económicas, ni las prebendas contra natura y razón que los supuestos luchadores sociales conquistan en las mesas de extorsión dispuestas a sus anchas, cuanto la abdicación del poder soberano que los encargados de la organización política de nuestra convivencia dilapidan inmisericorde e irremediablemente.
Pero no sólo los individuos pueden perder el instinto de sobrevivencia, también los gobiernos y las sociedades.
El gobierno se aprecia cual loro a toallazos; reactivo, epitelial, inconexo, azorrillado y aislado. No decide, reacciona; no conduce, es arrastrado; no monta, es montado. En lugar de estrategia tiene miedo, en vez de timón tormenta, en vez de rumbo tumbos. Reducido a lo que cree es administrar la crisis, la personifica.
En esa confusión entre avanzar y ceder, el incendio se expande y los esfuerzos por apagarlo no sólo no mitigan las llamas, sino que las multiplican y dispersan.
Tal es nuestro triste caso.
Lo que hace unos días era un conflicto encapsulado de un grupo de mafiosos del magisterio, es ya un enfrentamiento entre mexicanos. No sólo no se resolvió aquél, al contrario, se agudizó; sino que, además, derivó en un enfrentamiento de clases y mexicanos.
El Estado, encargado de garantizar la convivencia de los contrarios, al violentar ésta en favor de un grupúsculo facineroso, creyó resolver el asunto y a la par de ser chamaqueado y engordar la voracidad de su interlocutor, despertó el reclamo de otras franjas de la sociedad que no sólo reclaman el injusto y violentado arreglo, sino que ahora levantan muros dividiéndonos en buenos y malos.
El reclamo empresarial, originalmente justificable, muestra ligeros tintes clasistas al elevar la legítima defensa de sus vapuleados derechos a demandas de cerrar Normales y a señalamientos temerarios sobre presencia de guerrilla en las mismas, así como en organizaciones gremiales.
Hoy la iniciativa privada exige usar la fuerza pública abdicada hace tiempo por el Estado. Pero no distingue que el monopolio de aquélla radica, sine qua non, en constreñirla a su uso legítimo. Olvido y confusión que iniciativa privada comparte con el gobierno mexicano y su síndrome del 68, que lleva a este último a considerar que cualesquier uso de la fuerza, incluido aquel a que le obliga la ley, es siempre y de suyo ilegítimo. Olvido y confusión que pueden llevarnos, cuando finalmente se utilice la fuerza, a exacerbar lo que se busca evadir: el caos.
Por otro lado, ya en distinta ocasión he señalado el riesgo de presencia de agentes antisistémicos en los movimientos pseudo-magisteriales y de insurrección si el Estado de Derecho insiste en remitir en diversas regiones de la geografía nacional. Pero lo que empezamos a ver de parte del empresariado son señalamientos de tufo clasista que en nada vendrán a distender el asunto. Y preocupa. Los extremos suelen llamarse y retroalimentarse en sus circuitos de intransigencia.
Ahora bien, ¿qué hacer cuando no se combatió a tiempo la chispa y la pradera es hoy tsunami en llama?
¿Cómo llamar al orden y a la ley cuando el primero en romper uno y negociar otra es el encargado de garantizarlos? Recordemos Ayotzinapa, lo primero que se negoció fue no criminalizar a las víctimas, sin importar lo qué arrojasen las investigaciones. De allí es posible presumir que lo segundo haya sido no incriminar al Gobernador, a quien se dejó vandalizar a tras mano los archivos sensibles de su gobierno antes de aceptarle su renuncia. Hoy, gracias a tan sesudas negociaciones, el primer criminalizado es el propio gobierno federal, padre de sendos acuerdos.
Por supuesto que alineo con los que apostamos por la solución dialogada y pacífica de las controversias, pero ¿qué hacer cuando la encausada por el gobierno riega con gasolina y dinamita la hoguera?
Las circunstancias hoy en México demandan lo más preclaro y digno de sus hijos. Es hora de ser mayores que nuestros retos. La historia habrá de juzgarnos. De nosotros depende ser más políticos que nuestras rebasadas autoridades y superiores a nuestros desencuentros, particularismos y miedos.
Hago votos para que en esta terrible confusión Juan Pueblo no pierda su instinto de sobrevivencia, ni la brújula de la Nación, ni el aliento de nuestra mexicanidad.