El pasado mes de octubre los niveles de inseguridad asociados con homicidios dolosos fueron, según algunos recuentos, como el del periódico Milenio, los más altos del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Según los datos de ese medio de comunicación en octubre pasado hubo 1084 homicidios dolosos en el país relacionados con el crimen organizado. De enero a octubre del presente año se han cometido treinta muertes con violencia diariamente.

 

No obstante las estrategias y operativos que se han anunciado, los delincuentes siguen operando con impunidad y las aprehensiones de las cabezas de los grupos delincuenciales, solamente han generado reacomodos internos y nuevas disputas por los territorios.

 

Cuando asumió el gobierno Peña Nieto pretendió esconder la realidad de la violencia e incluso se presumió la disminución de los delitos. Sin embargo, es un hecho incuestionable que algunos delitos se han disparado y que siguen su tendencia hacia arriba, sembrando dolor, indignación y desesperanza en millones de mexicanos.

 

El crimen organizado, vinculado, principalmente al tráfico de drogas, al lavado de activos, al tráfico de armas, a la extorsión, a la trata de personas y a los secuestros, entre otros delitos, se ha erigido en un poder criminal que incluso tiene a su servicio a policías municipales y estatales, a gobernantes y a diferentes actores políticos y sociales. Vivimos en un estado feudal donde con impunidad y cinismo han asesinado a militares como ocurrió en Sinaloa y Acapulco, Guerrero.

 

En algunas regiones, municipios y comunidades se han desarrollado zonas consideradas “reductos de impunidad”, en los que la presencia del Estado está siendo reemplazada por el poder y la influencia de estos grupos criminales.

 

La corrupción e infiltración por la delincuencia de los cuerpos de seguridad, es otro cáncer que ha socavado la calidad de vida y la tranquilidad de los ciudadanos. La sociedad ya no cree en sus policías.

 

La violencia y la inseguridad en general afectan al conjunto de nuestra sociedad y deterioran severamente la calidad de vida de los ciudadanos, quienes se sienten atemorizados, acosados y vulnerables ante la amenaza permanente de victimización.

 

Las nuevas generaciones se han convertido en los blancos predilectos de los criminales que nutren sus filas con la necesidad y las faltas de oportunidades a que se enfrentan, particularmente, los jóvenes de los estratos más vulnerables de nuestra sociedad, muchos de los cuales acaban siendo reclutados por las organizaciones criminales como halcones o sicarios, convirtiéndose en "carne de cañón" en esta guerra que no cesa, truncando sus vidas.

 

En el mismo recuento criminal de Milenio el estado de Guerrero ha tenido su año más violento con 1,487 homicidios dolosos en 10 meses, sin embargo, para el periódico El Sur que también ha llevado un registro puntual de la violencia en lo que va de enero a octubre del 2016 se han perpetrado 1,818 asesinatos en los que habría participado el crimen organizado, lo que representa un 24.5 de incremento con relación al mismo periodo del 2015. 358 asesinatos más entre un año y otro.

 

Como una base para contribuir a enfrentar el flagelo de la delincuencia los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local de Guerrero presentamos esta semana una iniciativa de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado. Para la elaboración de este nuevo ordenamiento, los diputados ciudadanos analizamos las políticas de seguridad del Estado que, principalmente, combatían los actos criminales con medidas de control y represión cuya expresión era el trabajo policial, la acción de la justicia y, finalmente, el sistema penitenciario.

 

Gracias a este estudio, pudimos advertir que la inclusión de los aspectos preventivos en el diseño de políticas públicas han sido hasta ahora intervenciones de poca magnitud y con recursos insuficientes. Como consecuencia, su impacto ha sido marginal y poco efectivo.

 

Por ello, en este nuevo ordenamiento proponemos como uno de los elementos principales para obtener una buena y efectiva formulación e implementación de políticas de seguridad ciudadana, una fuerte y activa coordinación intersectorial. Esto implica una aplicación de programas de prevención con intervenciones de control, dentro de un continuo de acciones coordinadas entre actores de esta esfera: policía, justicia y sistemas penitenciarios.

 

La implementación de una adecuada estrategia de prevención permitirá focalizar inteligentemente los programas, proyectos y acciones concretas gubernamentales y complementar las de control de la delincuencia.

 

Lo que se persigue dentro de este nuevo ordenamiento, es repensar la intervención como táctica de disuasión del crimen y promover la prevención como una estrategia de mediano y largo plazo, de tal manera que pueda incidir en las políticas de otros sectores tan diversos como el desarrollo urbano, el desarrollo económico, las políticas de vivienda, las políticas educativas y las de salud. En otras palabras se busca la integralidad de las políticas públicas para poder acomodarlas a la multidimensionalidad y mutación del delito.

 

Un elemento primordial de esta iniciativa, se centra en aterrizar estas políticas de seguridad a nivel municipal, puesto que los gobiernos municipales se convierten en el elemento natural para muchas de las acciones de prevención y control de la violencia; por ser estos, las autoridades más cercanas al problema, ya que la delincuencia y la inseguridad se manifiestan principalmente en las ciudades y muchos de los factores desencadenantes tienen profundas raíces locales; además, los Ayuntamientos, son el espacio donde el ciudadano transmite sus quejas y preocupaciones, así como explicita y demanda soluciones.

 

Las policías municipales, por tanto, tienen la posibilidad de intervenir en el problema de forma más rápida y adecuada. Desafortunadamente la mayoría de ellas se encuentran infiltradas por la delincuencia y los buenos policías, que también los hay, no tienen adecuados programas de estímulos y reconocimientos.

 

Las carencias que enfrentan los gobiernos municipales más allá de la falta de presupuesto se centran en la escasez de auténticos elementos de seguridad, que han dado paso al debilitamiento de las instituciones de seguridad, permitiendo la infiltración del crimen organizado, como quedó evidenciado la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala con la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas y el asesinato de 6 personas.

 

La iniciativa prevé que tanto los titulares, los mandos superiores y los mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública; así como quienes integren la Fiscalía, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, las corporaciones de Seguridad Pública Municipal, se sujeten para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de certificación y control de confianza.

 

Se persigue una profesionalización total de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, además de establecer para todos los elementos de seguridad los exámenes de control y confianza necesarios para tener Instituciones de Seguridad fuertes y confiables.

 

Otro aspecto que toma en cuenta esta Ley, es la participación ciudadana, por lo que toda autoridad estatal o municipal estará obligada a proveer lo necesario para incluir la participación ciudadana en todas sus actividades.

 

Con ello la ciudadanía podrá participar organizadamente para una eficaz y oportuna prevención de delitos y conductas antisociales, para mejorar la procuración y administración de justicia y para lograr que la reinserción social de los sentenciados y la reintegración social y familiar de los adolescentes sea plena y sin restricciones.

 

Bajo esta tónica, se reconoce a las policías comunitarias y a los grupos de vigilancia vecinal, como organizaciones auxiliares de la seguridad pública; los cuales regirán su actuar de acuerdo con esta Ley y las demás Leyes y reglamentos que les competen en lo que no se opongan a la misma.

 

Asimismo, se establece que, como auxiliares en la responsabilidad primigenia del Estado relativa a la Seguridad Pública, corresponderá a los Ayuntamientos autorizar, con la opinión de la Secretaria de Seguridad Pública, que en las colonias, poblados y demás comunidades de sus respectivos municipios, se establezcan policías comunitarias o grupos de vigilancia a cargo de los propios vecinos de la colonia o comunidad, sin contravenir al marco jurídico vigente y a la presente Ley, considerando los usos y costumbres en las localidades en donde apliquen. Cabe destacar que la misma Ley prevé que las policías comunitarias sólo podrán desempeñar sus funciones en la comunidad en que fueron conformadas, para evitar más casos como los de Tlayolapa, en el municipio de Juan R. Escudero, Guerrero donde se enfrentaron dos grupos que tienen "policías comunitarias" (en realidad grupos de autodefensa) con un saldo de varios muertos por la disputa del control de una región.

 

Ante la crisis de inseguridad que vivimos urge cambiar la estrategia y tomar decisiones; esperemos que no se frenen los esfuerzos por cambiar esta realidad a partir de leyes y programas que respondan a la realidad social.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

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