Todo parece indicar que la primera de ellas será la de telecomunicaciones y radiodifusión, que debió haber estado lista desde el 9 de diciembre, sin embargo, con regulación secundaria o sin ella estaba previsto en la carta magna que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) debía de cumplir primordiales tareas, con tiempos perentorios, para: a) determinar a los agentes económicos preponderantes en ambos mercados; b) publicar las bases de licitación para por los menos dos cadenas de televisión con cobertura nacional; c) establecer las medidas para la desagregación de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones; y d) constituir el Registro Público de Concesiones.
En función de ese mandato en el último mes del 2013, el Ifetel inició los procesos de notificación a las empresas que entran en los supuestos de agentes preponderantes, que desde la constitución marca que puede ser cualquiera que cuente directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento en los mercados del sector, a fin de que a más tardar el 9 de marzo haga la declaratoria formal e inicie las acciones conducentes para la desincorporación de activos, desagregación de elementos esenciales y aplicar la regulación asimétrica correspondiente para emparejar el piso para la competencia.
En las semanas recientes corrió la información en diversas notas periodísticas y a través de articulistas cercanos al circulo de las televisoras comerciales, que América Móvil de Carlos Slim, habría desincorporado activos inmobiliarios que incluían infraestructura de red para evitar ser determinado como preponderante, algo que la empresa negó mediante un comunicado público.
Conforme se acerca el proceso legislativo y empiezan los procesos definitorios para cumplir lo que la constitución estipula, las pugnas entre los actores involucrados se van intensificando, resultado de la defensa que cada empresa hace de sus intereses.
En medio de ese ruidoso contexto, son desafortunadas las declaraciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, reproducidas en casi toda la prensa nacional, para solicitar a diputados del Partido Revolucionario Institucional “encontrar un mecanismo legislativo” para que el Ifetel no cumpla con la fecha prevista para la determinación de los agentes preponderantes, para que “no se vea presionado” y esperar a que en la legislación secundaria se determinen los criterios a aplicar.
No es jurisdicción de la SCT inmiscuirse en las determinaciones y facultades que corresponden a un órgano autónomo como lo es el Ifetel, pedir una ampliación del plazo les corresponde a éste al Congreso no a una instancia del Ejecutivo, es a todas luces una injerencia indebida y que desde mi punto de vista invade facultades.
Habrá que recordar que el exceso de injerencias indebidas del Poder Ejecutivo con anterioridad obligó a que el órgano regulador tuviera autonomía constitucional y se le dotó de suficientes dientes para actuar, los cuales hasta el momento parece que el Ifetel no se da cuenta que los tiene. La tibieza y silencios que ha mostrado son francamente desalentadores y lo debilitan. Primero fue que le quitarán de las manos la implementación la transición a la televisión digital por parte de la SCT, ahora que otros determinen los plazos para un paso tan vital como la determinación de agentes preponderantes.
Vaya, ni las formas se cuidan. Por lo menos el Secretario hubiera dicho que se le debería consultar al Ifetel la pertinencia de extender el plazo.
Si ahora estamos en estos vacíos es por la responsabilidad directa que tuvo el partido gobernante para incumplir el plazo para la ley secundaria, porque como en la más rancia tradición priísta, que tiene mayoría en el Congreso, nada se mueve hasta que el Presidente mande su iniciativa, no importa que existan en el seno de ambas cámaras iniciativas de ley del Partido de la Revolución Democrática y de organizaciones civiles que fue suscrita por senadores de todos los partidos, esas, hasta ahora, son ignoradas.
Hay que esperar el proyecto de ley del Ejecutivo Federal para medir de que esta hecho el gobierno y verificar el talante transformador que tiene la oportunidad de hacer. No sería buena señal que el Presidente lo haga como iniciativa preferente, sería una rudeza política innecesaria.
Lo cierto es que vienen las batallas intensas en las que habremos de presenciar una lucha de intereses muy poderosos, pero en las que la sociedad no debe estar ausente, todo lo contrario, porque no solamente esta en juego el ámbito de la competencia, el crecimiento de la infraestructura y la economía, sino también las bases para cambiar el paradigma del modelo de la comunicación en México, de garantizar derechos, porque al final las telecomunicaciones y la radiodifusión son también plataformas tecnológicas habilitantes de derechos informativos y otras libertades, que el mercado por sí sólo no garantiza.
Aleida Calleja
@callejag