La infraestructura pública permite atender diversas necesidades de los individuos, las comunidades y las regiones del país, al facilitar la operatividad de servicios relacionados con la educación, la salud y la seguridad pública, ya que son necesarios para asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas, así como para favorecer el desarrollo social y económico, tanto a nivel local como nacional.
Una vertiente a destacar dentro de este ámbito es la de los caminos y los puentes, debido a su alto impacto en las actividades cotidianas. De ellos depende el traslado de personas, bienes y mercancías, al igual que la eficiencia de los tiempos de recorrido de vehículos, la optimización de las condiciones laborales y de mercado e, incluso, la generación de empleos directos e indirectos, ya sea por las inversiones destinadas a su construcción, o por las necesidades derivadas de su propia existencia, como es el caso de transportistas, personal de mantenimiento, entre otros.
En México este tema resulta de interés público, por los beneficios antes señalados y por su evolución en torno a la distribución territorial de la población, que en los últimos años pasó de ser en gran medida rural, a ocupar espacios predominantemente urbanos. Esto ha exigido el despliegue de infraestructura orientada a la conectividad entre las comunidades que, según datos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), se extiende por más de 390 mil kilómetros de carreteras y caminos, en los que existen, de acuerdo al Instituto Mexicano del Transporte, más de 13 mil puentes, que resultan de gran importancia debido a la orografía nacional, caracterizada por un amplio conjunto de sistemas montañosos y una compleja geografía hídrica, que dificultan el tránsito entre los diferentes puntos poblacionales.
Este contexto, en conjunto con el manejo de los recursos públicos destinados al ramo, que en 2016 alcanzaron más de 70 mil millones de pesos, despierta el interés de las personas en conocer los datos relativos a las obras de infraestructura, a través de la presentación de requerimientos informativos ante las diversas dependencias de este sector, ejercicio que ha permitido poner a disposición pública, por mencionar algunas, especificaciones sobre los puentes del estado de Tabasco tales como su localización geográfica, año de construcción, dimensiones y aspectos diversos de la construcción (Ver recurso RRA 4671/16).
En ese caso, la información fue clasificada originalmente por la SCT, por considerarla relacionada con la seguridad nacional, sin embargo, el INAI determinó lo contrario al señalar que varias de las categorías requeridas por el particular corresponden a datos de identificación como son el nombre de la obra, sus dimensiones e, incluso, su ubicación física, varios de los cuales se han hecho públicos por la propia institución. Adicionalmente, por cuanto hace a rubros vinculados a la construcción de los puentes, como la carga de diseño, el Instituto advirtió que es información necesaria para que este tipo de obras sean autorizadas por parte de la SCT, por lo que las características a cumplir son detalladas en distintas normas oficiales y, por ende, son de dominio público.
Esta determinación permite a la sociedad corroborar el cumplimiento de los aspectos normativos orientados a garantizar las condiciones técnicas de seguridad física de las obras de infraestructura, asimismo, la información en cuestión también tiene el potencial de ser utilizada en la generación de diagnósticos en favor del desarrollo de sectores vinculados a la economía al facilitar el diseño de rutas que optimicen los tiempos de recorrido para algún producto o servicio y elevar así su competitividad en el mercado.
En otro asunto, fue posible garantizar el acceso a información relativa a los detalles del proceso de autorización para la construcción de un puente vehicular en el municipio de Orizaba, Veracruz, en el cual la SCT alegó incompetencia bajo el argumento de tratarse de un asunto de carácter local. La apertura informativa fue posible porque el INAI determinó que la institución federal sí cuenta con las atribuciones para conocer de los datos (Ver recurso RRA 4545/16).
Lo anterior es importante pues se relaciona con el proceso de planeación de las obras viales, donde se establecen los elementos encaminados a mitigar los impactos negativos y potenciar los objetivos trazados. En tales circunstancias, el derecho a saber juega un papel fundamental, pues al darse a conocer aquellas documentales de interés del peticionario, la sociedad está en condiciones de conocer los aspectos considerados por la autoridad para determinar si la construcción referida constituye la decisión más óptima, lo que eventualmente contribuirá a un ambiente de tranquilidad y certeza sobre la adecuada planeación urbanística.
Estos dos ejemplos hacen evidente la necesidad de la transparencia en la materia, dada su capacidad de poner al alcance de las personas elementos suficientes para dimensionar los impactos inherentes en el desarrollo de obras de este tipo. Adicionalmente, el tema se torna aún más relevante, si se considera la perspectiva a futuro, pues según el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, continuará la tendencia hacia la urbanización del país, al calcularse que para 2030 los habitantes de ciudades representarán el 84% de la población nacional.
Uno de los postulados constitucionales mandata al Estado la organización de un sistema de planeación del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía del país y, tal como se ha enfatizando, la infraestructura física, en particular la destinada a la conectividad terrestre, juega un papel preponderante en el cumplimiento de tales objetivos, por lo que es necesario que toda labor gubernamental al respecto, se acompañe de una amplia apertura informativa, como vía para que la sociedad conozca la situación que prevalece en ese rubro, y mejore sus condiciones para involucrarse.