El próximo 28 de septiembre iniciará la Semana Nacional de Transparencia que cada año organiza el INAI. En esta ocasión abordará el tema de la desigualdad, en particular, se debatirá cómo la información pública ayuda a combatirla.
Hoy la desigualdad económica y social son una realidad y un problema en nuestro país, así lo muestran indicadores y organizaciones nacionales e internacionales, pero sobre todo la discriminación y violencia cotidianas que enfrentan muchos mexicanos. En este contexto, el INAI propone una alianza entre autoridades, academia, sociedad civil y población en general para construir en conjunto un México justo, sin desigualdad.
Para lograrlo, la Semana Nacional de Transparencia 2016 reunirá a actores de estos sectores para hacer un diagnóstico de la información pública que existe o hace falta para fortalecer las acciones que ya combaten la desigualdad o implementar nuevas. La Semana será un espacio abierto de diálogo, propuestas, debate y acuerdo, encaminado a utilizar la información pública para este efecto. Todos estamos convocados a sumarnos y participar en este esfuerzo.
¿Cuál es la dimensión de la desigualdad en México?
Durante la Semana identificaremos qué información pública existe y cuál hace falta para tener un panorama claro y certero sobre la desigualdad económica y social en nuestro país. Distintos indicadores reportados para México plantean que la desigualdad en México sí es un problema, pero su dimensión varía mucho. Uno de ellos es el coeficiente de Gini que se utiliza para medir la desigualdad de ingresos en un país y se representa entre cero y uno. Cero corresponde a perfecta igualdad, donde todos tendrían los mismos ingresos y el uno corresponde a perfecta desigualdad, una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. No hay consenso sobre el coeficiente de Gini para México; sin embargo, en todos los casos, la desigualdad en México está por arriba de los promedios mundiales y es un problema real.
Según la Standadized World Income Inequality Database con datos entre 2008 y 2012, México tiene un coeficiente de Gini de 0.441, cuando el promedio es de 0.373. Ocupamos el lugar 87 de 113 países. La base de datos World Development Indicators confirma lo anterior: México obtiene un coeficiente de Gini de 0.483, mientras que el promedio general es de 0.404. Ocupamos el lugar 107 de 132. Alfredo Bustos propone una metodología alterna de acuerdo con la cual, nuestro coeficiente de Gini es de 0.803, el doble de los dos cálculos que cité previamente. Para calcularlo, Bustos utilizó datos de la ENIGH y otros proporcionados por el SAT.
También están las estimaciones no oficiales en el Global Wealth Report 2014 de Credit Suisse señalando que el 10% más rico de México concentra el 64.4% del total de la riqueza del país. El Wealth Insight reveló que en 2012 menos del 1% de la población concentraba alrededor del 43% de la riqueza del país. No hay consenso en el coeficiente de Gini para nuestro país y, como hemos visto, la variación es alta. Por ello, es indispensable abrir el debate sobre la información necesaria para calcularlo, requerimos de fuentes confiables que nos permitan tener el mejor diagnóstico posible para implementar las políticas públicas y acciones que nos permita reducir la desigualdad de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.
¿Por qué hay desigualdad en México?
Las siguientes son algunas de las causas de la desigualdad en México de acuerdo a la literatura académica u organismos internacionales. Como otros países de América Latina, México no tiene una política fiscal progresiva. El 54% de los ingresos provienen de impuestos al consumo y no de gravar el ingreso personal o empresarial. Esto afecta sobre todo a la población más pobre porque destinan una parte importante de sus ingresos a este pago. Otra posible causa puede ser la evasión fiscal.
Hay personas físicas con gran riqueza económica y grandes empresas, nacionales y trasnacionales, que aprovechan sus recursos para costear personal que trabaja para “ayudarles” a no reportar sus ingresos reales y canalizar recursos a paraísos fiscales. Según la CEPAL, la evasión de impuestos sobre la renta personal, corporativa y del IVA en la región asciende a más de 320 mil millones de dólares al año.
Un estudio de Global Financial Integrity señala que tres países de América Latina se encuentran entre las 15 naciones con más flujos ilícitos del mundo: México, Brasil y Venezuela. Los llamados Papeles de Panamá exhibieron nombres de personas y empresas que han incurrido en estos ilícitos. En México, las autoridades competentes prometieron investigar al respecto, pero no se han fincado responsabilidades y mucho menos, sancionado. Además, las exenciones impositivas benefician sobre todo a las élites y la recaudación es muy baja en la región. Sólo tres países, Argentina, México y Uruguay, tienen tasas efectivas que exceden el 8% para el decil más alto y sólo México alcanza el 10 por ciento. Estas cifras están debajo del mundo desarrollado, en el que la tasa efectiva se encuentra entre el 14 y el 20 por ciento.
Otro factor es que el salario mínimo está por debajo de los umbrales aceptados de pobreza. En su momento, establecer salarios mínimos por zonas estuvo justificado como un mecanismo de contención inflacionaria, pero hoy se ha modificado esta política. A partir de 2016 existe un salario mínimo para todo el país y se autorizarán incrementos anuales. Se espera que con esta política de desindexación del salario mínimo, se inicie la recuperación gradual y sostenida de su poder adquisitivo porque en términos reales, el salario mínimo mexicano alcanzó su nivel más alto en 1976 y desde entonces ha disminuido.
La literatura también señala que la política social en México no es redistributiva. La movilidad social es baja y se transmite intergeneracionalmente. Las circunstancias de origen de los mexicanos determinan, generalmente en contra, las posibilidades de logro de las futuras generaciones. Se impulsa el crecimiento económico, pero al mismo tiempo que la desigualdad; se retrasa el instrumentar políticas redistributivas porque afecta el crecimiento económico y, por ende, los intereses de quienes se benefician de él.
Está probado que los programas asistencialistas que se implementan desde hace décadas han llegado al pico de su éxito y es tiempo de repensar la política social, sobre todo en materia de educación, salud, protección social y empleo. Éste es el punto de partida, pero hay también otros pendientes en materia de impartición de justicia, discriminación y corrupción.
Lo anterior evidencia que atender la desigualdad es una tarea multifacética y deben tomarse medidas preventivas y reactivas, pero para implementar políticas y programas públicos debemos conocer y entender las causas de su surgimiento. Es urgente combatir la desigualdad. ¿Con qué evidencia contamos para basar la toma de decisiones? ¿Por dónde empezar? Esto lo abordaré en mi próximo artículo y será el eje de la Semana Nacional de Transparencia de este año.
Ya puedes conocer el programa de la Semana Nacional de Transparencia y registrarte para participar en ella aquí.
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