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Impunidad sobre impunidad

La sociedad mexicana cambió y no permitiremos más simulación e impunidad.

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Escrito en OPINIÓN el

El pasado 3 de febrero, la Universidad de las Américas Puebla (UDLA) y el Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Puebla (CCSJEP), presentaron el Índice Global de Impunidad México 2016, un importante esfuerzo hecho desde la academia y la sociedad civil por presentar un mapa nacional de donde se logra implementar con mayor eficacia la norma jurídica y vivir condiciones de seguridad.

 

El Índice presenta un mapa con categorías que van desde baja hasta muy alta impunidad y genera un ranking de las entidades.

 

Como todo índice tiene fortalezas y debilidades, la fortaleza principal radica en que utiliza una metodología seria, replicable y transparente que busca explicar y medir la debilidad de nuestro Estado de Derecho. 

 

Su debilidad -más allá de la ausencia de ciertos indicadores que algunos podríamos haber incluido para hacer más rico el análisis y que no siempre se pueden incluir por razones de disponibilidad de la información- está en que éste se construye sobre la base de información pública generada por esas mismas instituciones que han generalizado la corrupción, dificultado el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas del país, y establecido esa misma impunidad que buscamos tratar de medir para poder combatir.

 

Es así que este gran esfuerzo liderado por el equipo de investigadores de la UDLA, nos arroja algunos datos que, quienes somos grandes consumidores de la información pública, recibimos con sorpresa. Por ejemplo, en él aparece Nayarit como la segunda entidad con menos impunidad dentro del grupo de entidades de baja impunidad mientras que el Distrito Federal en el grupo de entidades con impunidad media. En contraste, Nuevo León y Baja California se encuentran dentro del grupo de los estados con un grado de impunidad muy alto.

 

En el Observatorio Nacional Ciudadano mes con mes analizamos los números y tendencias de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que las procuradurías y fiscalías generales que los estados presentan públicamente sobre los delitos cometidos en su entidad. Como una y otra vez reconocemos y enfatizamos, los rankings construidos sobre información pública deficiente castigan las entidades que hacen el mayor esfuerzo por presentar información apegada a la realidad (como aparentemente sucede a Nuevo León y Baja California) y premian a las entidades que mal informan a los ciudadanos, como es el caso de Nayarit y del Distrito Federal.

 

Lo negativo radica en que las autoridades usan la información para autolegitimarse, perpetuar políticas inefectivas, que violan derechos humanos y promueven una imagen falsa de las condiciones de la entidad como muestra la siguiente nota de prensa del gobierno del Estado de Nayarit: Nayarit uno de los estados con bajo índice de impunidad.

 

No desestimo el índice, ¡al contrario! Reconozco como valiente, necesario y oportuno el esfuerzo; más bien insisto en que la información pública con la que trabajamos en México, pese a algunos esfuerzos aislados por fortalecerla, sigue siendo de muy mala calidad, por lo que tomar los datos sin analizar su procedencia, nos lleva a conclusiones equivocadas. El índice es un excelente instrumento que debe ser fortalecido y que tendrá impacto una vez que nuestras autoridades cumplan con el deber sustantivo que se les encomendó: Gobernar apegados a la norma y rendir cuentas por su actuar.

 

Para que esto se logre es necesario que nuestro marco normativo cuente con dos leyes fundamentales para conocer, medir y evaluar el desempeño de nuestros gobernantes: La Ley de Archivos y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 

La Ley de Archivos es una iniciativa que desde hace más de una década espera ver la luz. Es una iniciativa fundamental para que la Ley de Transparencia sea efectiva ya que establecerá qué información debe ser resguardada y cómo debe ser tratada. 

 

Lo que hasta hoy sucede cuando hacemos un ejercicio de transparencia, es que obtenemos un rompecabezas de información, desde la falta de respuesta, hasta quien se resguarda la información; encontramos quien reconoce que no cuenta con ella, y una amplia diversidad en términos de claridad, cantidad, especificidad y profundidad según la institución o gobierno que la conteste.

 

Por su parte, la iniciativa ciudadana por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, también conocida como la #Ley3de3, busca que la reforma hecha (y aún no implementada) en materia de anticorrupción sea eficaz y pone énfasis en lo importante: La responsabilidad de la acción individual.

 

Lo que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y otras organizaciones sociales que la impulsamos estamos buscando es, sí contar con un marco jurídico que logre prevenir y combatir la corrupción, pero también mandar el mensaje de que la sociedad mexicana está harta de ésta y sobre todo, hacer énfasis del impacto negativo que ha tenido en nuestras vidas.

 

Bien por la UDLA y por el CCSJEP por tratar de reducir el grave fenómeno de la impunidad y por hacer un llamado más de atención a quienes, desde el poder, mantienen vigente la corrupción y violan los derechos de las personas. La sociedad mexicana cambió y no permitiremos más simulación e impunidad, aunque sigamos encontrando dificultades y amenazas, haremos de México un país seguro y justo.