En la reciente reunión de Davos el tema de la desigualdad ganó una relevancia nunca antes vista. Es resultado, por supuesto, del acertado activismo de la organización  OXFAM, del trabajo de autores como Pikety, Stiglitz, Krugman o Atkinson (en México el de Gerardo Esquivel, por supuesto) y, principalmente, del malestar generado por los procesos de ajuste derivados de la crisis financiera actual. Antes, se decía que la desigualdad no necesariamente era algo malo, que de hecho servía para incentivar la creación de riqueza y que, en todo caso, lo importante era combatir la pobreza. La realidad demuestra que si bien la pobreza se ha reducido en los países más pobres en las últimas décadas, son el 10% y especialmente el 1% de la población los que acumulan la mayor parte del crecimiento económico.

 

La desigualdad se ha acentuado a raíz de los procesos de reforma económica de los años 80 y aún más de la crisis financiera global que inició la década pasada. Los paraísos fiscales, la reducción de las tasas marginales sobre la renta, la creación de grandes conglomerados de empresas globales, la captura de políticas y gasto público, la reducción de los programas y servicios públicos, entre otros, explican la mayor desigualdad. A eso se suma la creciente diferencia entre los salarios pagados a los altos ejecutivos con respecto al resto de los trabajadores, aun cuando la productividad laboral ha crecido. La desigualdad creciente  limita el crecimiento, impide que los pobres moderados superen su situación, genera conflictos sociales, obstaculiza la democracia, deteriora la calidad de vida e impide el ejercicio de los derechos de las personas.

 

Los defensores de la desigualdad utilizan varios argumentos falaces. El primero es que su incremento es pre requisito para la creación de riqueza. La verdad es que los periodos de mayor crecimiento, como el de la post guerra, son también en los que se redujeron las diferencias de ingreso por la creación de los Estados de Bienestar. Cuando los trabajadores reciben una mayor parte de la riqueza entonces consumen más y se reactiva el mercado interno. Otro argumento es que cuando se toman medidas como incrementar las tasas marginales sobre la renta o regular el mercado laboral para subir los salarios, entonces se crece menos. Eso no sucede cuando el gasto público se utiliza para inversión, para el desarrollo de tecnología o de capital humano, y cuando la estabilidad laboral sirve para incrementar la formalidad y la productividad.

 

Es posible gravar la riqueza de las personas de muy altos ingresos sin desincentivar la economía, basta combatir a los paraísos fiscales, o gravar grandes bloques de riqueza ya generados, con impuestos a las herencias o al patrimonio. Por otro lado, son los sistemas educativos y de salud bien financiados los que incrementan la productividad de los trabajadores. Los impuestos que afectan de manera negativa, son los que tasan de manera excesiva el consumo o el trabajo. El otro argumento es que es excluyente el objetivo de reducir la desigualdad con el de combatir la pobreza. Es todo lo contrario, de hecho la pobreza moderada en países de América Latina no se ha reducir debido a que aumentó la desigualdad. Sin salario mínimo, ni seguro de desempleo, ni sindicatos ni servicios financieros accesibles capaces de mantener a la alza los salarios es muy difícil escapar de la trampa de la pobreza.

 

Me parece que reducir la desigualdad debe ser la meta de toda sociedad que se proponga ser próspera y democrática. Eso implica, por ejemplo, preocuparnos por la actual tendencia de que los salarios de los ejecutivos de las grandes empresas se incrementan de manera importante mientras no lo hace el del resto de los trabajadores. Eso explica que los ingresos que son resultado de la recuperación de la economía de las entidades de los últimos años se hayan concentrado en el decil más rico de la población.

 

Para reducir la desigualdad también se requiere revisar las ganancias del sector financiero, de los bancos y de los ejecutivos. Definitivamente, sus ganancias no corresponden a su aporte a la sociedad. Mucho menos para las personas más pobres, a los que no se les ofrecen opciones de ahorro y crédito razonables. Menos desigualdad también requiere reconocer que persiste la diferencia salarial entre hombres y mujeres, ya que se ha avanzado poco en políticas que ayuden a conciliar el trabajo con la familia. La desigualdad económica se agrava cuando una persona pertenece a un grupo étnico discriminado, especialmente en un país como México, que no cuenta con políticas de acción afirmativa.

 

La políticas que promueven la igualdad están recuperando relevancia, después de las reformas neoliberales. Barack Obama, por ejemplo, construyó un seguro de salud que ofrece un paquete mínimo para todos los trabajadores, recuperó los programas de ayuda a las personas en pobreza, promueve el incremento del salario mínimo y el incremento de los impuestos a las personas de mayores ingresos. Eso no ha sido suficientes para revertir tres décadas de políticas que liberalizaron mercados al extremo, incrementaron los costos de la educación superior, mermaron el estado de bienestar y redujeron las tasas marginales del Impuesto Sobre la Renta.

 

La agenda por la igualdad explica el éxito de la oferta política de personajes como Berny Sanders en Estados Unidos y Jeremy Corbyn en el Reino Unido. En México, mientras tanto, seguimos pensando que serán las reformas de mercado las que nos llevarán a una sociedad mejor ya que generarán riqueza que “por goteo” llegará a todos. Por el contrario, lo que requerimos es de políticas que promuevan la igualdad y, por lo tanto, nos sirvan para generar crecimiento y distribuirlo al mismo tiempo. Lástima que eso se discute mucho más en Davos que en México.

 

@vidallerenas



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