En estas semanas se ha hablado y escrito mucho sobre los perfiles que deben cumplir las personas, espero que las seis mujeres, que integren las dos ternas que el Ejecutivo debe presentar al Senado de la República para cubrir las dos vacantes que, a partir del 30 de noviembre, habrá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Uno de ellos consiste en establecer el absurdo, incostitucional e inconvencional impedimento para que las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aspiren a la Corte, limitando sus posibilidades y derecho de ascenso dentro del Poder Judicial para integrar el máximo tribunal de nuestro país. Cada uno de los aspirantes a la Corte, dentro o fuera del Poder Judicial, debe ser examinado con base en su actuación, por sus decisiones y por su trayectoria no por el lugar o espacio del que provenga.
Hagámoslos responsables por sus determinaciones no por el lugar en el que se desempeñan. Esta ocurrencia no se encuentra prevista en la ley, y por lo tanto no puede ser impuesta a ninguno de las y los candidatos a ocupar esos dos espacios.
Me pregunto por qué no se ha planteado este impedimento para funcionarios públicos, principalmente legisladores o presidentes municipales y delegados que, sin ninguna consideración para el cargo al que se postularon y para el que resultaron electos, abandonan sus curules o responsabilidades para buscar un nuevo cargo en el espacio público.
Así tenemos legislaturas que frecuentemente son integradas por los y las suplentes para que los propietarios puedan buscar los cargos, primero dentro de sus partidos y después en las campañas electorales. En resumen, por personas que sin hacer frente a las responsabilidades que asumen, ocupan un cargo pensando en obtener otro en el corto plazo, sin que sean evaluados o examinados respecto a su desempeño.
Para ellos sí es posible pedir licencia, dejar el cargo, realizar precampañas y campañas e incluso, regresar a sus cargos si no obtuvieron el triunfo. ¿Será que esta diferencia de trato tiene que ver con que los que legislan hoy son los candidatos a cualquier cargo en el futuro?
Si la ocurrencia se convierte en ley, prohibámosles entonces también a las y los funcionarios públicos que obtuvieron un cargo de elección popular a contender por otro hasta que termine el cargo para el que fueron electos.
La restricción ya existe para consejeros y magistrados electorales de integrarse a las administraciones de las elecciones que organizaron, ahora parece que resulta incomprensible y hasta obsceno para algunos pretender ascender peldaños hasta llegar al escalafón más alto dentro de una carrera profesional.
Los impedimentos para conocer o ser parte en determinados asuntos están claramente establecidos en la ley, no se determinan con base en rumores, declaraciones de prensa o absurdas conjeturas respecto a lo que puede pasar en el futuro.
Queremos que personas con carreras sólidas y con trayectorias y desempeño impecables se integren a la vida pública del país, sometámoslos a un minucioso escrutinio público, a rendir cuentas sobre su actuación, examinemos sus conocimientos y propuestas, pero no construyamos sobre la imaginación y sin ningún sustento, argumentos para desacreditarlos sin tener elementos para ello.