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Horas decisivas

Lo que sí está por definirse es la agenda para darle vida a la ansiada ley de seguridad interior.

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Escrito en OPINIÓN el

Los giros extraordinarios de este 2017 perfilan complejidades y escenarios inusitados dentro y fuera de México en materia de seguridad.

 

Cuando los reflectores locales encandilaban al Ejército y a la Marina por la discusión legislativa en torno a la ley de seguridad interior, la atención de la opinión pública se volcó hacia el tema del gasolinazo y las numerosas protestas –pacíficas y violentas– que se extendieron en una semana a lo largo y ancho del país.

 

El escenario de las protestas amenazaba con avivarse cuando vinieron los primeros días del mandato del presidente estadunidense Donald Trump, y con ellos una tormenta de proporciones inimaginadas para todo el mundo.

 

Las implicaciones en materia de seguridad nacional y asistencia militar de Estados Unidos a México no se adivinan siquiera en el panorama inmediato y a largo plazo.

 

Lo que sí está por definirse es la agenda para darle vida a la ansiada ley de seguridad interior, cuya conformación sigue causando revuelo, inquietud y alerta entre académicos, políticos de izquierda y grupos de la sociedad civil organizada.

 

Investigadores como Alejandro Madrazo Lajous, director del Programa de Política Antidrogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), han advertido en diferentes medios de comunicación y en algunas de las sesiones de debate legislativo que aprobar una iniciativa como la enviada por el priista César Camacho Quiróz y el panista Roberto Gil Zuarth, sería grave.

 

Para empezar, la Cámara de Diputados, que pretende erigirse en cámara de origen de la ley, no tiene atribuciones para legislar sobre seguridad interior, pero sí sobre seguridad nacional. Este factor bastaría para atacar de origen la aplicación de cualquiera de sus posibles apartados.

 

Pese a lo afirmado una y otra vez por el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvados Cienfuegos Zepeda, acerca de los controles y las formas de rendir cuentas que se deberán crear para delimitar con precisión la labor y el despliegue de soldados y marinos en apoyo a la seguridad interior, el investigador sostiene que los textos de Camacho y Zurath no aportan nada sobre este tema.

 

No hay forma de establecer controles ni rendición de cuentas por parte de las fuerzas armadas en las iniciativas que se están discutiendo, advierte Lajous.

 

Mano dura vs agresores

 

En este panorama surge otra iniciativa priista, esta para duplicar la pena carcelaria a quienes asesinen o hieran a soldados y marinos en el marco de sus operaciones contra la delincuencia organizada y en apoyo a las corporaciones de seguridad pública.

 

La iniciativa fue elaborada por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, secretaria de la Comisión de Defensa Nacional, tomando como plataforma para elaborar la propuesta lo sufrido por las fuerzas armadas en recientes emboscadas.

 

La legisladora recuerda algunas cifras sobre ataques y bajas sufridas por los militares y marinos para lanzar su texto. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo, entre 2010 y 2012 se reportaron 2 mil 133 ataques a elementos de las Fuerzas Armadas, cuyo saldo fue 118 soldados muertos y 762 heridos.

 

En 2013, agregó, se registraron 482 ataques cuyo resultado fue 23 efectivos caídos y 153 lesionados. En 2014, las agresiones contra el personal militar fueron 276, que tuvo como saldo 17 muertos y 82 heridos. Durante el primer trimestre de 2015 se tuvo registro de 166 enfrentamientos con 17 militares muertos y 281 heridos.

 

En cuanto a la Marina, la diputada indicó en su exposición que de 2006 a diciembre del 2012 perdieron la vida 50 marinos en el marco del combate a la delincuencia organizada, el 42 por ciento de estos efectivos fue asesinado en Tamaulipas.

 

¿Qué es lo que busca la diputada? Quiere adicionar el Capítulo V Bis, denominado Delitos cometidos contra las Fuerzas Armadas, al título Sexto del Código Penal Federal, para establecer en el artículo 192 Bis, que a quien cometa algún delito en contra de algún integrante de las Fuerzas Armadas en el momento de estar en servicio o con motivo de los actos del mismo, se aumentará la pena hasta el doble de la que corresponda.

 

Panzones y enfermos

 

Y hablando de penas, las que están pasando cerca de 600 policías estatales y municipales de Sinaloa que hace dos semanas fueron enviados al Centro de Adiestramiento de la VI Región Militar  (VI RM) en la comunidad de Mazaquiahuac, en el municipio de Tlaxco, en Tlaxcala, para realizar un curso de capacitación de tipo militar.

 

Los primeros cien policías ya están de regreso en Sinaloa, reprobados por los instructores militares luego de que no superaran la primera barrera que es el examen médico. Los mandos de la VI RM descubrieron que los policías sinaloenses venían gordos, enfermos y a punto de jubilarse. Poco o nada había que hacer.

 

La realidad es que el curso funciona como un verdadero filtro de alto nivel para decantar las filas de las corporaciones policiacas del país (incluso las de los propios militares) ya que su estructura es gran exigencia, con resultados que se ven en los primeros días.

 

El curso dura ocho semanas y contempla acondicionamiento físico, manejo de armas y equipo antimotines, combate urbano y patrullaje en zonas rurales y urbanas entre otras actividades.

 

Los primeros policías sinaloenses no aguantaron las primeras dos semanas. En ese lapso hubo de todo; desde elementos que reprobaron exámenes de control de confianza, pero pasaron los exámenes médicos, hasta quienes reprobaron los de confianza y superaron los de salud.

 

Cursos como el que reciben policías en Tlaxcala, son filtros precisos con los cuales la Sedena apoya a los gobiernos estatales y municipales para separar de tajo a los elementos que no están capacitados para labores de seguridad o que fueron rezagándose por falta de entrenamiento e interés de las autoridades.

 

Mandos del centro de entrenamiento de la VI RM recordaron que tras lo sucedido en Ayotzinapa, el gobierno de Guerrero envió a 200 policías al mismo curso en Tlaxcala. Menos de 50 elementos lo pasaron. Los demás fueron dados de baja.

 

En el caso de los policías de Sinaloa se esperaban resultados similares, pero no tan rápido, señalaron los jefes militares.

 

@JorgeMedellin95

@OpinionLSR