En las últimas dos décadas a nivel internacional se ha hablado de México como un país violento. El gran número de confrontaciones entre cárteles de la droga y con el Estado han dejado estadísticas para la historia: más de 100,000 muertos en 10 años, tasas récord de homicidios en entidades como Baja California, Chihuahua y Guerrero, protestas internacionales por la crisis de feminicidios en nuestro país y una reducción en la expectativa de vida debida a este fenómeno.
Mucho se ha escrito alrededor del homicidio y su virulencia en México, nuestras autoridades declaran una y otra vez que el delito baja, que la incidencia delictiva llegó a su mínima expresión y a los mejores datos de la última década.
Parece que quienes, de manera autocomplaciente insiste en aparentes mejores estadísticas olvidan que menos incidencia, no significa que estemos bien, que la estadística de homicidio doloso representa sólo una parte de los homicidios a manos de delincuentes en el país, que seguimos teniendo una gran cantidad de subregistros debidos a debilidades y hasta malas actuaciones de las procuradurías y que el país vive una crisis de desapariciones forzadas e involuntarias a lo largo del país, que terminan en falta de denuncias y cuerpos tirados como objetos en fosas clandestinas del país.
A nivel nacional el homicidios dolosos, en los últimos 18 años, ha presentado un comportamiento primero a la baja (partiendo de 1997) que se mantiene hasta la primera mitad de la década del 2000 para dispararse a partir del 2006 y llegar a su cumbre en 2011. Desde 2011 hasta 2014 el delito inicia su disminución pasando de una tasa de casi 25 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes hasta los 16.
Sin embargo, estos resultados, aparentemente alentadores, deben ser analizados con atención si el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas, focalizar los esfuerzos del Estado contra la delincuencia, fortalecer el acceso a la justicia y la atención a los Derechos humanos, disminuir la violencia generada por la delincuencia, así aquella resultante de otros aspectos sociales, cuales la desintegración familiar, el rezago cultural y social, la falta de cohesión social.
Es así que las autoridades del país deben enfocarse a analizar el homicidio desde categorizaciones de violencia y no desde meras clasificaciones jurídicas; impulsar la atención local del delito; deben tratar de entender y explicar el homicidio a partir de su relación con la comisión de otros delitos y generar una respuesta a partir de estándares homogéneos.
El entendimiento de la violencia a partir del homicidio doloso se vuelve un ejercicio estéril si se deja de lado todos los casos que se clasifican como homicidios culposos resultantes de un evento delictivo: homicidios después de un secuestro, después de un robo, después de una extorsión o de una violación.
Las categorías jurídicas que dan pie a un proceso judicial y se sustentan en los motivos de un delito no permiten entender el significado de la violencia cotidiana, la violencia que vivimos quienes salimos a la calle y somos blanco de delitos. Parece casi una burla poner dentro de la misma categoría un caso de un accidente de auto que termina en un atropellamiento y una muerte accidental, al caso de una víctima de homicidio por arma de fuego porque se resistió a ser asaltado en la calle de una de nuestras ciudades. Ni es justo para las víctimas ni es útil para las autoridades si existe el interés real de tratar de prevenir futuros eventos y brindar justicia a las víctimas.
Parece una falta de respeto a toda nuestra sociedad que un homicidio sucesivo a un secuestro se clasifique como homicidio culposos, bajo el argumento que el fin de la privación ilegal de la libertad era el cobro de un rescate y no la muerte de una persona. Dejándola de lado de estadísticas, excluyéndola del triste conteo de las fallas de nuestros gobernantes incapaces de brindarnos seguridad y que por lo contrario salen a declarar “lo bien que estamos en el país”.
De igual manera, el descenso agregado del delito en el país, no debe olvidar o minimizar la situación local de las entidades donde la incidencia en algunos casos se mantiene altísima, en otras va a la alza y donde no se aprecian políticas públicas específicas que combatan el delito.
Los problemas de subregistros entonces se deben a que aún no tenemos certeza de cómo se registran los delitos en este país-¿homicidio dolosos, culposos?-, las evidencias de entidades que por algún motivo deciden no judicializar los homicidios (por ejemplo Veracruz, entidad que por segundo año consecutivo decidió excluir de estadísticas delictivas y procesos judiciales a 300 víctimas de homicidio) y, aunque parezca irreal, la cifra negra acerca de este delito.
La aparente disminución de los homicidios no puede desligarse de la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias ni del hallazgo de fosas clandestinas en México, sobre todo si existen importantes deficiencias y carencias institucionales para la investigación de este tipo de casos. El grave fenómeno de los desaparecidos en México está ligado al control que los grupos criminales y ciertas autoridades corruptas tienen del país, en zonas de nuestro país, como la sierra de Chihuahua, Durango, Guerrero o Sinaloa, sólo por citar algunos casos, una persona que no regresa no se le busca porque se sabe que pudo ser víctima de la criminalidad organizada, que las autoridades no darán la debida respuesta y que la víctima puede yacer en alguna fosa clandestina
Ante todos estos problemas que nos aquejan, el reto mayor es combatir la simulación, no en reformas de la norma jurídica o en declaraciones de colaboración entre autoridades, sino en una toma de responsabilidad de los actores políticos. La evidencia está en la ausencia de protocolos de atención en casi la mitad del país en materia de feminicidio, o en que sólo 6 entidades implementan los protocolos en materia forense pese al anuncio de los acuerdos alcanzados en 2012, o en la falta de acciones que trasciendan lo dicho en cuanto a protección a periodistas, etc.
En resumen, se requiere una evaluación objetiva de las acciones y políticas públicas implementadas con el objetivo de conocersu eficacia ante la crisis de seguridad humana quese vive en México. Esto nos debe llevar a elaborar e implementar políticas públicasfocalizadas en homicidios, a partir de las tipologíascuantitativas y cualitativas del delito pues cada unade ellas refiere diversas dinámicas criminales yejercicios de violencia. Necesitamos el desarrollo e implementación de acciones y políticaspúblicas necesarias para atender los múltiples costos delhomicidio desde una perspectiva integral con enfoque degénero y de derechos humanos.
Al momento de evaluar resultados en materia de homicidios y diseñar políticas públicas focalizadas deben considerarse los posibles vínculos con otros delitos como secuestro y desapariciones forzadas o involuntarias, pero, sobre todo, el cumplimiento de acuerdo entre autoridades enmateria de seguridad y de procuración de justicia que trascienda la foto e impacte en la realidad que vivimos en el país.
El homicidio permite sólo una mirada a la violencia en México, pero para resolverlo deben haber acciones de fondo que no sólo ataquen los efectos sino que resuelvan las causas que nos han llevado a ser el país que ocupa el último lugar en seguridad de toda la OCDE.
