Hace 10 años, México adoptó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una ley de vanguardia que diseñó distintos mecanismos para que las mujeres tuvieran acceso a una vida libre de violencias, basándose en los más altos estándares de derechos humanos de las mujeres adoptados en la Convención Belem do Pará, suscrita por México en 1994.

 

A pesar de estos avances normativos y de los compromisos internacionales, no se ha logrado disminuir la violencia contra las mujeres que representa una constante violación a sus derechos humanos.

 

La Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de los Hogares (ENDIREH) de 2011 señala que el 47% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia durante su vida, sea ésta psicológica, económica, física y/o sexual.

 

Uno de los mecanismos para la atención de las mujeres que sufren de violencia dentro del ámbito familiar es la existencia de refugios que dan a las víctimas la posibilidad de interrumpir el ciclo de la violencia en el cual se encuentran inmersas, a través del desarrollo de sus habilidades, destrezas y capacidades para la toma de decisiones en el futuro y así, poder construir un proyecto de vida libre de violencias.

 

De acuerdo con el Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México, publicado por Fundar a finales de 2015, existen 72 refugios en todo el país para proveer servicios de atención. Y el número de mujeres que sufren algún tipo de violencia y potencialmente podría buscar estos servicios de protección es de 28 millones. Esto significa claramente que no hay suficientes refugios. En 2014, el monto total de recursos públicos para los refugios alcanzó para cubrir solamente la mitad del apoyo financiero necesario para atender las necesidades de las mujeres y en su caso, el de sus hijas e hijos. ¿Qué pasará cuando la violencia contra las mujeres ya no se vea como algo normal y muchas más mujeres busquen los servicios especializados de los refugios?

 

¿México está dando los medios y los recursos financieros para enfrentar estas nuevas demandas que van a surgir? Las respuestas no son sencillas ni unilaterales. La prevención es una dimensión importante, pero no es redituable en términos políticos porque los resultados son a largo plazo. La atención y sanción de la violencia es entonces otra cara de la solución.

 

El pasado 8 de febrero, el Senado adoptó el dictamen que modificará los artículos 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para obligar a las distintas instancias de gobierno, tanto federativas como municipales, no solamente a impulsar la creación de refugios - como lo contempla su mandato actual-, sino también a apoyar su operación o fortalecimiento. Este cambio normativo es un primer paso fundamental para fortalecer a los refugios como mecanismo efectivo de atención y protección de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar, pero tendrá que ser acompañado de una mayor asignación de recursos públicos,  sin lo cual estos servicios y la reducción de la violencia contra las mujeres no lograrán trascender la buena voluntad de algunas legisladoras.  

 

 

 

Cécile Lachenal, investigadora en @FundarMexico

@OpinionLSR


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