En octubre de este año se celebrará en México la Cumbre Global de la Alianza Para el Gobierno Abierto. Se trata de un evento en el que se pretende entablar un diálogo entre actores del gobierno y sociedad civil de diversos países con el fin de profundizar en los principios del gobierno abierto. Este es un buen pretexto para pensar sobre las problemáticas y retos de la apertura en el poder judicial y la justicia.
Justicia Abierta, ha sido el término que se ha utilizado desde Borde Jurídico para designar las problemáticas que giran alrededor de la transparencia y rendición de cuentas del poder judicial, pero también para designar la necesidad de que la ciudadanía pueda acercarse a su derecho y apropiarse de él. Creemos que esta última cuestión es sustantiva para avanzar en la agenda de gobierno abierto en el poder judicial.
Es importante distinguir entre la publicación de datos e información generada por los tribunales y la posibilidad de que los ciudadanos puedan entender esa información y utilizarla. Para la agenda de la Alianza, creemos que es sustantivo apuntar que no sólo se requiere que los tribunales proporcionen la información jurisdiccional y administrativa que generan, sino que esa información debe socializarse y acompañarse de un fomento de cultura jurídica que permita que la agenda de apertura se materialice.
México ocupa el lugar 42 en el Índice de Gobierno Abierto del World Justice Project, una posición media que indica –según el estudio– que los mexicanos cuentan con derechos de acceso a la información, pero también con un gobierno que no comunica de forma satisfactoria los derechos que tienen sus ciudadanos, calidad de la información insatisfactoria y una participación ciudadana incipiente. Si bien el Índice no puntualiza cuáles son los problemas específicos de cada poder, es posible afirmar que todos son problemas que aquejan al poder judicial mexicano.
Tanto en los portales de la Corte, como en el Consejo de la Judicatura podemos encontrar información jurisdiccional o administrativa relevante. El problema es que dicha información no está acompañada de herramientas que le permitan al ciudadano conocer o entender sus derechos (aspecto indispensable para que una sentencia tenga sentido), está presentada por lo general en documentos de grandes dimensiones en formato PDF que impiden una accesibilidad adecuada y tratada de forma unidireccional, es decir, información que es proporcionada a los ciudadanos sin que éstos tengan posibilidad de reutilizarla o de interactuar con quien la genera. El resultado es que los tribunales y operadores judiciales le resultan lejanos al ciudadano, lo que fomenta la desconfianza en el poder judicial.
En Teoría del Estado, no es raro el argumento de que el poder judicial, se ha configurado como una especie de componente aristocrático dentro de los estados contemporáneos. Con ello se quiere decir que los jueces integran un poder cuya legitimidad democrática no reside (al menos no directamente) en la voluntad popular expresada a través de elecciones. Esto aunado a la complejidad de la labor jurisdiccional y a una carga de trabajo no pocas veces desproporcionada explica en alguna medida la distancia tan palpable entre los ciudadanos y los tribunales. Esto no quiere decir que el poder judicial no tenga legitimidad democrática, sino que ella no depende de una relación directa con los ciudadanos y sí de decisiones imparciales que garanticen la solución pacífica de los conflictos, la protección de los derechos de los ciudadanos y la confianza en la administración de justicia.
Independientemente de si suscribimos o no estas teorías, lo cierto es que si se quiere avanzar en la construcción de una agenda integral de gobierno abierto, no puede dejarse de lado la importancia de un poder judicial que se abra a la sociedad comunicando satisfactoriamente sus decisiones, publicando información fácilmente reutilizable y emprendiendo esfuerzos para fomentar la cultura jurídica.
Así, una discusión sobre Poder Judicial Abierto (que es la forma en la que se ha titulado la temática para la Cumbre de la Alianza Para el Gobierno Abierto), debiera poder apuntar a algo más que las estadísticas de ingresos y egresos de casos a los tribunales o la publicación sistemática de sentencias y acuerdos en los portales de los poderes judiciales. Una reflexión sobre las dificultades para comunicar la labor del poder judicial, sobre la brecha entre poder judicial y ciudadanía, así como sobre el vínculo entre los ciudadanos y su derecho es sustantiva para un país en el que es prioritario el fortalecimiento de la confianza en la justicia.
El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel
Maestro en Filosofía Política por la UAM-I y Licenciado en Filosofía por la UNAM. Dedicado a la Historia y la Filosofía del Derecho desde hace 4 años, ha sido profesor de Historia del Derecho e Historia de los Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el ITESM. Actualmente es Director General de Borde Jurídico.
