El 7 de junio pasado los electores dieron un mensaje contundente con la más baja votación en décadas para los partidos que integraron el llamado Pacto Por México. Aproximadamente el 60 por ciento votó por el PRI, PAN y PRD mientras que el 40 por ciento restante sufragó por otras alternativas, incluyendo candidatos independientes. Esta situación contraste con las votaciones que obtenían anteriormente esos tres partidos cuando concentraban arriba incluso del 90 por ciento del electorado. La tendencia es que sigan perdiendo votos y crezcan opciones distintas.

 

Como corresponsables de las reformas promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, esos partidos han pagado un alto costo político y han visto decrecer su respaldo electoral. Es claro que, más allá de los pleitos simulados, de los debates pactados, todas las reformas la educativa, la fiscal, la energética, la financiera, la de telecomunicaciones, entre otras, han sido construidas en ese supremo poder conservador en que se constituyó el Pacto por México.

 

Todas las decisiones que afectan a la población han sido acordadas por esos institutos políticos -el aumento de impuestos, los gasolinazos, la política fiscal recesiva, el crecimiento de la deuda pública- cuya diferencia es únicamente en términos de los espacios de poder que se disputan en los comicios estatales, pero los acuerdos en temas de trascendencia los emparejan, los hermanan, los convierten en los hechos en un solo agrupamiento votando todo al unísono en los cuerpos legislativos.

 

Si hoy el país mantiene graves niveles de inseguridad y de descomposición política y social, con un peso que se ha devaluado más del 26 por ciento con relación al dólar, para lindar el tipo de cambio de 17 pesos por dólar; si hoy existen dos millones de pobres más que cuando arrancó el sexenio; si hoy la impunidad y la corrupción prevalecen con casos emblemáticos y vergonzosos como "La Casa Blanca", "Oceanografía", "Malinalco", "OHL", "GRUPO HIGA - HINOJOSA", entre muchos otros; si los aparatos de inteligencia y seguridad nacional han sido infiltrados y corrompidos como se demostró con la fuga de El Chapo; si prevalecen las violaciones a los Derechos Humanos con Ayotzinapa y Tlatlaya como signos de la violencia de Estado, todas estas situaciones son corresponsabilidad del entramado de partidos del Pacto por México que han prohijado esta situación.

 

Muchos de los votos de esos partidos, PRI, PAN y PRD, siguen siendo producto de la compra de votos, el clientelismo, la coacción del voto, la violación a la ley y el desvío de recursos de los gobiernos para favorecerlos. No obstante ello sus votantes tienden a decrecer de manera proporcional a los acuerdos que toman en conjunto y la impopularidad presidencial que es cada día mayor.

 

En tal sentido, de cara a la renovación de sus dirigencias la tendencia en esos partidos es favorecer a quienes fueron los operadores de las reformas del Pacto por México lo cual implica que buscarán en conjunto seguir imponiendo más reformas retrógradas o tratarán de consolidar todas las aprobadas por la LXII legislatura que está por concluir, a pesar del repudio social. El mensaje es claro, podrán cambiar de envoltura, pero en el fondo seguirán con más de lo mismo.

 

Así, los cambios en las dirigencias del PRI, PAN y PRD no modificarán la línea política de esas instituciones, incluso seguirán en su lógica de pactos y acuerdos oscuros con el gobierno federal en detrimento de la población. Podrán de manera simulada y convenida endurecer el discurso en ciertas coyunturas, pero no modificarán su ruta de acuerdos y reparto de espacios.

 

Parte de esta estrategia que pretende recuperar espacios de los partidos del Pacto por México es poner freno a las candidaturas independientes a cargos de elección popular, como ha venido aconteciendo en Chihuahua y Veracruz, y como pretenden en Coahuila y otros estados. De manera inconstitucional han puesto candados y requisitos absurdos con tal de cerrar esta opción de participación política, que es complementaria al sistema de partidos y que constituye una sana presión a los partidos para que oxigenen su vida interna.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que pronunciarse sobre las leyes electorales que frenan la vía ciudadana al poder, veremos si tienen la decisión de declarar la inconstitucionalidad de esas disposiciones o si los ministros siguen sometidos a la pactocracia.

 

Paralelamente a los partidos del Pacto por México están sus adláteres o anexos como el Partido Verde, que a pesar de sus sistemáticas, cínicas y provocadoras violaciones a la ley electoral y a la Constitución, fue perdonado por la mayoría de los Consejeros del INE a la sanción a que por sus actos se había hecho merecedor que era la pérdida del registro como partido. Todas las violaciones están probadas, son recurrentes y alteran la vida democrática, la equidad y el Estado de derecho, sin embargo por la impunidad de la que goza ese partido seguirá contando con el registro. Esta situación constituye un grave precedente y alentará que sigan las violaciones electorales.

 

Esta claro que frente al año 2018 en que se renovará el poder ejecutivo de la nación hay que fortalecer la vía alternativa a la pactocracia con opciones como Movimiento Ciudadano. El país no aguanta más de lo mismo. La economía está paralizada, nuestra moneda devaluada, la confianza en las instituciones por los suelos, la impunidad es el rostro de una clase política decadente, urge reconstruir la República. La ciudadanía tiene la palabra, hagamos conciencia.

 



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