La madrugada del pasado 13 de abril, aproximadamente a las 3:45 horas, fue incendiada una parte de la casa de Liliana Castro Muñoz, candidata a diputada federal de Morena por el distrito XX de Veracruz. La responsabilidad de este acto recae en el gobernador de la entidad, Javier Duarte y su candidato a diputado por el mismo distrito, Erik Lagos, quien ha fungido como secretario de gobierno y presidente del PRI estatal.
No se trata de un hecho aislado. Existe un patrón de conducta que se presenta en las entidades gobernadas por el PRI e incluso en algunas gobernadas por el PRD en donde de diversas maneras y en distintas intensidades los activistas de Morena son acosados. Lo sucedido a Liliana Castro es sólo un botón de muestra y retrata de forma nítida las resistencias de los grupos de poder a sostener una contienda democrática.
Veracruz no es el único lugar con incidentes en contra de Morena. Están también los casos de Michoacán, Yucatán y la delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal. En este último caso, ya es una costumbre que las autoridades pertenecientes al grupo de Víctor Hugo Lobo envíen golpeadores a disolver toda reunión independiente.
El sábado de la semana pasada, un grupo identificado con el PRD y liderado por funcionarios de la delegación como Erasto Joel Hernández Pérez, director territorial, y Mauricio García Jarquín, subdirector de concertación social, trató de evitar a toda costa que se llevara a cabo una conferencia de Andrés Manuel López Obrador.
Primero ocuparon la plaza donde originalmente se llevaría a cabo el acto. Después, aunque los miembros de Morena decidieron evitar confrontaciones y trasladarse a una calle cercana, enviaron grupos de golpeadores a desestabilizar la conferencia, como si esa delegación fuera un feudo en donde sólo pueden hacer política los cercanos a Víctor Hugo Lobo.
Estas agresiones están relacionadas con el avance de Morena en distintas entidades del país. Gobernantes y dirigentes políticos deben respetar la ley. No se trata que los dirigentes partidistas se sienten con la Secretaría de Gobernación para que les doten de guaruras o escoltas. Se trata de que todos los gobernantes respeten el estado de derecho y permitan que la contienda electoral se lleve a cabo sin incidentes.
Por eso Morena no acudió a la reunión de partidos con Osorio Chong.
La seguridad y la libertad, son derechos inalienables, no pueden estar sujetos o condicionados a reuniones cupulares. No se trata de un asunto de privilegios para la clase política sino de que los gobernantes cumplan con su obligación de crear condiciones de seguridad y libertad para la gente.
La paradoja es que, como están ahora las cosas, pedirle seguridad al Estado resulta absurdo pues es el mismo Estado quien provoca la inseguridad.