Como ya es costumbre, el periodo ordinario de sesiones terminó con un intercambio de acusaciones entre el grupo mayoritario en el Senado, el PRI junto con su principal aliado el PVEM, y el bloque conformado por el PAN-PRD por la falta de aprobación del paquete de leyes anticorrupción.
Es cierto que lo ideal hubiera sido que la legislación del denominado Sistema Nacional Anticorrupción fuera aprobada en el periodo ordinario que concluyó el pasado 30 de abril, pero en estricto sentido, por mandato constitucional el plazo vence hasta el 28 de mayo por lo que el Congreso aún está en tiempo de cumplir con su obligación en un periodo extraordinario.
Sin embargo, por las declaraciones del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, todo apunta a que la convocatoria se postergará hasta que pasen las elecciones del 5 de junio con lo que incurrirían una vez más en omisión legislativa, lo que parece no importarles demasiado pues ya se ha convertido en una práctica recurrente al no estar regulada esta figura y por tanto no hay consecuencias.
Es un hecho que buena parte de la clase política sigue sin entender la profundidad del problema que representa la corrupción en México, la dimensión de su impacto en todos los órdenes (político, económico, social, de seguridad), así como el creciente malestar social.
Muestran su irresponsabilidad y cortedad de miras al resistirse a poner un límite a los privilegios y beneficios que les reportan los cargos públicos y a transparentar el monto de sus bienes, siendo éste uno de los principales temas que han impedido el avance en la construcción de acuerdos de la Ley 3 de 3, en algunos casos por un justificado temor a ser víctimas de la delincuencia, pero en otros porque probablemente no les sea fácil explicar el origen de su patrimonio.
Es natural que en un tema tan importante y delicado existan desacuerdos -por buenas o malas razones-, pero en eso consiste el trabajo parlamentario, en buscar acercar las posiciones y si de plano no es posible, en discutir los proyectos que presenten las comisiones dictaminadoras, exponer los respectivos argumentos y someterlos a votación de cara a la ciudadanía en un ejercicio de parlamento abierto asumiendo cada quien su costo.
Lo que queda claro es que no es posponiendo la discusión como se van a resolver los diferendos y tampoco existe justificación para ello, sobre todo si consideramos que los periodos de receso no son sinónimo de vacaciones y los legisladores están obligados a seguir trabajando en el análisis y dictamen de las iniciativas, sin importar que haya elecciones en curso pues en todo caso eso compete a los partidos y candidatos. Estamos a 24 días de que se venza el plazo constitucional, por lo que cuentan con el tiempo suficiente para aprobar en tiempo y forma la legislación secundaria en materia de anticorrupción. Sería una grave irresponsabilidad no hacerlo.